Sube el voltaje político en la Convención de Bariloche

El FpV no quiere ex funcionarios de gobiernos de facto

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Frente para la Victoria ya tendría asegurado el apoyo del ARI y del Partido de la Victoria para incluir en la Carta Orgánica una cláusula que impida ocupar cargos públicos a quienes hayan integrado gobiernos de facto.

La propuesta fue rechazada de plano por la UCR y el Movimiento Patagónico Popular durante el debate en comisión, donde quedó en evidencia que aun así no les alcanzarán los votos para abortar el proyecto. El PRO propuso una redacción alternativa para limitar la restricción sólo a quienes hayan ocupado cargos electivos en tiempos de dictadura.

La pulseada en torno de este tema no es la única que en los últimos días volcó de lleno a la Convención en la arena política.

También son motivos de fuerte disputa la iniciativa del FpV para crear el cargo de viceintendente y la que impulsa el radicalismo para que las elecciones municipales se realicen independientemente de otra.

En el primero de los casos el análisis está condicionado por el precario estado de salud del intendente Alberto Icare, quien aspira a su reelección bajo la sigla del FpV y cuyo eventual compañero de fórmula ya es objeto de especulaciones de toda clase.

Además del FpV, en favor de la figura del viceintendente se pronunció también el convencional del PRO, Carlos Bravo. En contra están la UCR, el ARI y el MPP. El PdV se abstuvo en la comisión y si mantiene esa postura permitiría la aprobación del proyecto por 7 votos a 6.

En cuanto a la polémica por la inhibición para ex funcionarios de la dictadura, el convencional Julio Accavallo (FpV) aseguró que «casi todas las Cartas Orgánicas de otras localidades reformadas en los últimos años incluyeron este artículo» y se mostró sorprendido por la negativa de «un partido democrático como la UCR».

 

El dilema de los plazos

 

La Convención debe concluir su tarea el próximo 4 de enero y se fijó este jueves como último límite para cerrar el trabajo en comisión. Pero ya son varias las voces que se alzaron para reclamar una prórroga en los plazos. El MPP se opuso a la limitación de tres meses fijada por ordenanza para el trabajo de los convencionales y advirtió que esos plazos atentan contra la participación popular.

El convencional Accavallo admitió que los tiempos son ajustados, pero aseguró que van a llegar al jueves con la tarea cumplida. Advirtió que los pedidos de prórroga están inspirados en la idea de «trabar la Convención y llevarla al fracaso».


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