Subirán el sueldo mínimo para frenar los reclamos

BUENOS AIRES (ABA/DyN).- El gobierno de Néstor Kirchner está dispuesto a cumplir la palabra empeñada ante el titular de la CGT, Hugo Moyano.

Una alta fuente de la Casa Rosada le aseguró anoche a este diario que la semana próxima o bien se convocará el Consejo del Salario del Mínimo, Vital y Móvil o directamente se echará mano a un decreto presidencial para elevar los sueldos básicos y descomprimir los reclamos gremiales que en plena Semana Santa amenazaron al sector transporte en subtes.

La intención, reveló el portavoz, es constituir el Consejo, pero si por algún motivo no se considera conveniente por las dilaciones, el presidente Kirchner otorgaría una suma fija que oscilará entre los 100 y los 120 pesos.

En consecuencia, el salario básico sería llevado de 650 pesos a 750 o 770.

Cuando arrancó el año, el presidente Néstor Kirchner tenía claro que buena parte de la supervivencia del modelo económico radicaba en contener dos variables clave: salarios y precios.

Todavía está fresco en la memoria de los argentinos lo ocurrido en la década del 70, cuando se desató una loca carrera entre los sueldos y la inflación, que concluyó en un descalabro de proporciones.

«Los salarios nunca le ganan a los precios», suelen advertir los especialistas. Por eso, Kirchner pretende que la inflación no supere los dos dígitos este año, y para ello no sólo está presionando al sector empresario, sino que discute personalmente con los gremios.

El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, manifestó ayer su optimismo sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo en las negociaciones paritarias que iniciará el próximo viernes ese gremio con el Gobierno, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Si bien Rodríguez evitó una vez mas referirse al monto del aumento salarial que reclamará la UPCN, se descuenta que el 19% obtenido recientemente por los camioneros servirá como «caso testigo» para cerrar un entendimiento.

Por el lado de ATE, su titular Pablo Micheli ya había anticipado que ese gremio reclamará «un 30% de aumento salarial para todos los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales».

Rodríguez, por su parte, declaró ayer que «vamos con un sentido de recuperar el poder adquisitivo del salario del trabajador público, que es uno de los más golpeados desde la devaluación», de comienzos de 2002.

Dijo que «si lo tomamos desde la devaluación, la pérdida aun no ha sido recuperada, por eso pretendemos en este año tener esa posibilidad, no solamente de ganarle a la inflación de 2006, sino seguir gradualmente recuperando ese poder adquisitivo», explicó.

El año pasado, los estatales lograron un aumento promedio de 25%, que constituyó prácticamente la primer recomposición posterior a la devaluación.

Todos quieren el aumento de los camioneros

El primer paso en la estrategia de la Rosada para contener la presión salarial fue ponerle freno a los reclamos del poderoso gremio de los camioneros, reconociendo un ajuste del 20% que llevó sus sueldos por encima de los 2.000 pesos.

Este lunes ocurrirá algo similar con otro sindicato influyente, los mercantiles liderados por Armando Cavalieri, quien acordó con la Cámara de Comercio, presidida por Carlos de la Vega, el mismo ajuste otorgado a los camioneros.

El aumento salarial del 19% para los empleados de comercio puede provocar un fuerte incremento de costos, en especial para las pymes, como lo demuestran estudios realizados en la CAME.

En realidad, los ajustes salariales comenzaron a darse el año pasado con fuerza en los sectores más beneficiados por esta coyuntura, en especial los vinculados al petróleo y el gas, mientras que los empleados de servicios personales y empresas privatizadas van a la cola, explica Jorge Colina, economista de IDESA.

El segundo paso de la esta estrategia pasa por el «apriete» a los formadores de precios: el Gobierno empezó a convencerse de que mucha responsabilidad en el fracaso de la política de contención de precios de la carne se debía a un eslabón de la cadena difícil de controlar. En Economía están persuadidos de que los matarifes, un poderoso grupo de empresarios pymes que le venden a las carnicerías, está aprovechando la demanda sostenida para mantener sus niveles de rentabilidad con precios por encima del acuerdo. Compran más barato en Liniers y siguen vendiéndole a precios altos a las carnicerías. El problema es que esa intermediación es muy difícil de monitorear y, según datos que manejan cerca de Felisa Miceli, realizaría un 40 por ciento de sus operaciones en negro.