Superar la restricción externa y el empate hegemónico




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Pablo Alá Rué y Ramiro Bertoni *

La falta de dólares en la economía argentina, una constante.

La restricción externa y el empate hegemónico caracterizaron la agenda económica argentina de buena parte del siglo XX y también son marca distintiva de la coyuntura actual.

La restricción externa se expresa en que la economía argentina genera una cantidad de dólares que es insuficiente para sus necesidades, cuando se inicia un sendero de crecimiento. Se calcula que por cada 1% que crece el PIB, eso impacta en un crecimiento del 4% en las importaciones, como resultado de la mayor demanda de equipos, repuestos e insumos importados y bienes finales no producidos localmente.

Esto provoca que en algún momento, más temprano o más tarde, según como sean los precios de los productos que exportamos al mercado internacional y la profundidad en la sustitución de importaciones, cualquier ciclo de desarrollo se encuentre con la escasez de divisas.

Algo similar ocurre cuando, como en el presente, no existe crecimiento, pero deben afrontarse las consecuencias de una fase de elevado endeudamiento.

Con respecto al empate hegemónico, el concepto refiere a que en la Argentina se han disputado históricamente dos proyectos: uno, el modelo agroexportador, que propone insertar a la Argentina como un proveedor de productos primarios, el “supermercado del mundo” (una versión aggiornada del “granero del mundo”), facilitando la libre importación de manufacturas.

El proyecto alternativo, industrialista, limita a la apertura de la economía de modo de poder lograr un desarrollo industrial, apoyándose decrecientemente en la competitividad del sector agropecuario.

Ninguno de los modelos ha logrado imponer su hegemonía sobre el otro, pero cada uno de ellos –en distinto modo– ha tenido capacidad de veto. Como resultado, el modelo de industrialización, el único con potencialidad de proveer empleo y altos salarios para las mayorías y un sendero de desarrollo –que debería ser, además, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible– no ha logrado la continuidad y profundización que le permita alcanzar la competitividad necesaria en manufacturas y superar la restricción externa.

El gobierno que culminó recientemente, ignoró estas restricciones estructurales y planteó, con una mirada simplificadora, que “haciendo las cosas bien en el plano interno y el internacional” los problemas de la Argentina se solucionarían: se “sinceraría” y ajustaría la economía, aumentaría la confianza, vendría una “lluvia de inversiones”, se retomaría el crecimiento y crecería el empleo privado permitiendo reducir el déficit fiscal, y así eliminar inflación, con lo cual se alcanzaría “pobreza cero”.

Sin embargo, las intenciones no se tradujeron ni en inversiones ni en aperturas relevantes de nuevos mercados. Por el contrario, empeoraron drásticamente todos los indicadores económicos y sociales.

En síntesis, la Argentina buscó una nueva forma de inserción en un mundo que había cambiado drásticamente, y como ironizó algún especialista “volvió a un mundo que ya no estaba”. Ese mal diagnóstico sumado a políticas explícitas orientadas a redistribuir ingresos hacia unos pocos sectores concentrados, tornaron cada vez más vulnerable a nuestra economía y empeoraron drásticamente todos los indicadores sociales y económicos.

Así durante el cuatrienio macrista no solamente se profundizaron los problemas que existían en 2015 vinculados con la restricción externa, sino que además se crearon nuevas y severas restricciones: la caída en el nivel de actividad, especialmente la quiebra de miles de Pymes con la consecuente pérdida de empleo industrial, el retroceso en el promoción de nuevas actividades para la sustitución de importaciones y de proyectos con perfiles innovadores y la erosión de las capacidades de las agencias del sistema científico tecnológico y sus sinergias con el sistema productivo.

Este proceso se acompañó con un incremento del endeudamiento con fondos privados agravado por la especulación financiera, proceso que se agotó por las propias inconsistencias macroeconómicas; se acudió entonces al “salvataje” del FMI, incrementando más aún el endeudamiento externo y comprometiendo la soberanía por los condicionamientos a la política económica.

El escenario que enfrenta Alberto Fernández tiene la máxima complejidad y es el contexto en el que se han establecido las prioridades sociales y económicas.

Las sociales refieren centralmente a la lucha contra el hambre y a la recomposición de la situación de los sectores más vulnerables.

Las económicas, a “volver a poner en marcha la Argentina”; es decir, promover el crecimiento y con ello el empleo.

Y, especialmente, hacerlo por un sendero en el que se pueda sortear la restricción externa, hoy en su máxima tensión: a los dólares escasos para el giro normal de la economía se suman los que se requieren para el pago de los intereses y el capital de la deuda contraída con privados y con el FMI y aquellos que se necesitarán para sostener el propio crecimiento económico.

Esto obliga a una negociación con los acreedores, y existen entonces grandes restricciones para la política económica, en un país que carece de financiamiento voluntario, con una historia inflacionaria que limita las posibilidades de expansión monetaria, sin márgenes para nuevos ajustes que agraven la situación social, y con alta reticencia de aquellos con potencialidad de tributar y que han sido además protagonistas de la fuga de divisas.

Los desafíos económicos del momento son, entonces, cómo mitigar los efectos de la grave situación social y al mismo tiempo generar dólares y condiciones económicas y políticas para el crecimiento para darle sustentabilidad a esas mejoras.

En este escenario, se pone en juego el modelo de desarrollo, entrando en disputa viejos y nuevos actores –los sectores financieros y los ligados a rentas del extractivismo– del empate hegemónico. Y se ponen en tensión las definiciones ideológicas del gobierno entrante: esta salida exportadora no es viable ni deseable a costa de salarios bajos, y no debe basarse en la depredación de los recursos naturales, sino que debe garantizarse tanto la sustentabilidad social como medioambiental.

Obviamente la coyuntura otorga un mayor poder a los sectores generadores de divisas –agropecuarios, mineros, ciertas industrias concentradas, etc.–, quienes se sienten habilitados a exigir regulaciones laxas en un sentido amplio y/o a intentar atenuar la carga impositiva a sus actividades.

El conflicto campo-industria abarca visiones sobre la organización de la economía y su inserción en la división del trabajo”.

Aldo Ferrer, economista y exfuncionario público (1927-2016)

En este contexto, la estrategia del gobierno es, además de continuar con una sustitución selectiva de importaciones que contribuye al ahorro de divisas, lograr compatibilizar y articular actores que en la Argentina estuvieron históricamente disociados y hasta opuestos, y que representaron los proyectos que pugnaron en el empate hegemónico. Apuesta a que los viejos dilemas pueden ser superados y lograr articular la industrialización y el desarrollo en torno a los recursos naturales. Esto no sólo es agregar valor en su procesamiento –transformar la lana en prendas como en el siglo pasado–, sino que se espera emular a economías como las de Noruega o Australia, que aun exportando materias primas han logrado ser competitivos en servicios sofisticados, maquinaria y otros rubros asociados a su gasto en innovación en torno a sus actividades extractivas (petróleo y minería, respectivamente).

En Argentina, este modelo con menor éxito y profundización tiene antecedentes en torno a las actividades agropecuarias, con el desarrollo local de genética, de maquinaria agrícola, de diversos fertilizantes y agroquímicos, procesos que en muchos casos se truncaron o se vendieron a trasnacionales.

Tornar competitivas las actividades industriales y de servicios en torno a la agricultura y replicar esto en las actividades extractivas, sin duda es un desafío de gran envergadura.

Así, una aspiración de máxima, señalada por algunos actores allegados a las asociaciones industriales, algunos de los cuales participan en el gobierno, es que Vaca Muerta abastezca un gran polo petroquímico y que no seamos exportadores de materias primas. Una demanda histórica de la región, que puede encontrar en esta etapa un lugar privilegiado en la agenda económica y política nacional.

Sin embargo, por el momento se estaría apuntando en dos direcciones, complementarias. La primera es integrar la mayor cantidad de actividades nacionales para la infraestructura, los bienes de capital y los servicios asociados a su explotación. Este camino es el más complejo. Se estima que por el empleo directo e indirecto ligado a esta estrategia se generarían unos 500.000 empleos en el mediano plazo.

La industria genera puestos de trabajo de calidad.

Un segundo nivel es apalancar la actividad industrial a través de energía barata y abundante, que constituya un factor de competitividad, lógicamente diseñando los mecanismos compensatorios que correspondan para evitar subsidios de la región a los distritos industriales, la cual debería balancearse con la exportación de hidrocarburos a precios internacionales, que permitiría una rentabilidad adecuada para los inversores.

En este sentido hay tres elementos clave. Uno, los riesgos y costos medioambientales (en sentido amplio). Una inadecuada decisión en este tema puede dejar graves e importantes pasivos ambientales, productivos y sociales. Otro, que efectivamente pueda superarse ese equilibrio hegemónico a través de la articulación recursos naturales-agroindustria.

Último, lograr una dinámica que asegure que la estrategia no sea de simple “enclave” sino que promueva los efectos industriales y tecnológicos multiplicadores, que se apoye en verdaderos clusters público-privados permitiendo transitar un sendero de industrialización que no se frustre en una nueva crisis de restricción externa.

* Economistas.

Datos clave

60%
de los dólares que ingresaron por exportaciones durante el I semestre de 2019 llegaron de la mano del campo.
25%
es la participación que tiene el sector industrial dentro del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, según últimos datos del Indec.

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