Superpoderes sortean obstáculo gracias al PJ

El Justicialismo de la Cámara de Diputados impuso ayer la aprobación del presupuesto para el año próximo a nivel de comisión, sin modificar una coma de las facultades especiales («superpoderes») que requirió el gobierno y que le permitirán, si finalmente se convierten en ley, modificar y redistribuir los recursos del Estado nacional sin consultar al Congreso.

El PJ lo terminó por aprobar prácticamente en soledad, ya que la UCR, el ARI, la CTA y los partidos provinciales expresaron su rechazo total.

El proyecto, que ahora será tratado en el recinto el 3 de noviembre, incluye dos artículos esenciales, el 10 y el 11, que permiten al Poder Ejecutivo sortear las exigencias de las leyes de Responsabilidad Fiscal y Administración Financiera.

De esa forma, el gobierno tendrá facultades para cambiar los montos de las partidas aprobadas por el Congreso e incluso convertir fondos de inversión de capital, como los recursos destinados a obras públicas, en gastos corrientes, como por ejemplo los usados para pago de sueldos y jubilaciones.

La mayor parte de las críticas opositoras embistieron contra los poderes especiales. Pero también generó polémica el intento por ratificar, vía proyecto de presupuesto, el decreto 214 de 2002. No es un dato menor si se tiene en cuenta que fue la norma del gobierno de Duhalde que instrumentó la pesificación de la economía argentina.

La ratificación parlamentaria del 214, que el Justicialism debió resignar el año pasado por el rechazo de los diputados opositores, se convertiría en una convalidación jurídica del proceso económico iniciado tras el derrumbe de la Convertibilidad y que ayer conquistó el respaldado de la Corte Suprema.

El justicialista Rafael González justificó en la comisión la inclusión de la delegación de facultades y la ratificación del decreto con la necesidad de «respaldar la gobernabilidad». «Estamos en un país en crisis, con variables que todavía son una incógnita: este es el presupuesto posible», remató.

La respuesta de González, con argumentos que luego subrayó su jefe de bancada, José María Díaz Bancalari, fue la contestación justicialista a las críticas que acumularon los diputados de la oposición y que pueden resumirse en dos cuestionamientos centrales: la negativa a entregar al gobierno facultades propias del Parlamento y la certeza de que el presupuesto subestima los ingresos fiscales del año próximo para acumular superávit y repartirlo a gusto.

La delegación de facultades legislativas se convirtió en el único punto de debate entre el oficialismo y la oposición, con lo cual postergó otras discusiones sobre el contenido real del proyecto que establece los gastos y recursos públicos del país para el 2005.

La iniciativa oficial, que el Ejecutivo pretende tener sancionada antes de fines de noviembre, incluirá una pauta global de gastos de 110.210 millones de pesos (77 mil millones de pesos en la administración nacional), mientras que el crecimiento de la economía será del 4 por ciento y el superávit del 3.9 por ciento.

(DyN y Télam)

 

Duros ataques de la oposición

«No nos gusta que la mayor recaudación pueda ser asignada por la Jefatura de Gabinete como le plazca», se quejó ayer Horacio Pernasetti, titular de la bancada radical.

Instantes después, el diputado de la CTA, Claudio Lozano, cuestionó la «tendencia a centralizar poder y a transformar el Parlamento en una ficción».

Sobre ambos ejes transitaron también las crítica de Claudio Poggi, del interbloque que encabeza Adolfo Rodríguez Saa, y de Adrián Pérez, del ARI.

El único opositor que golpeó desde otro flanco fue el demócrata progresista Alberto Natale, quien prefirió denunciar el aumento del gasto público. «Desde 2002 el gasto aumentó un setenta por ciento, con sueldos congelados», enfatizó Natale.

Sólo acompañaron con sus firmas el presupuesto aprobado por el Justicialismo el cegetista Daniel Carbonetto y el frepasista Alejandro Filomeno, dos legisladores ubicados en la categoría de «transversales».

Desde el Interbloque, el diputado Claudio Poggi, anticipó que esa bancada planteará un dictamen propio de minoría que incluirá los cuestionamientos al proyecto oficial.

 

Cambios de último momento

El presupuesto nacional incluyó cambios de último momento que buscaron satisfacer los reclamos de diferentes sectores de la administración pública que exigían mayores recursos.

Los cambios principales incluyeron 10 millones adicionales para las universidades públicas y un acuerdo para compensar con títulos públicos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que se hicieron cargo de los institutos terciarios nacionales. El resto de los aumentos incluyó mayores fondos para la CNEA, la agencia Télam, la empresa aérea estatal LADE, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Pública, los centros turísticos de Embalse Río Tercero y Chapadmalal, la Federación de Municipios y los hospitales escuela de las universidades nacionales.