Suspenden pagos a contratados por expedientes incompletos

RÍO NEGRO

La demora en la conclusión de expedientes de contratados derivó en la suspensión del pago de sus salarios por parte del Estado provincial.

Esta medida -según confirmó “Río Negro”- alcanzó a 13 contratados, 9 del Ministerio de Gobierno y 4 de Seguridad, después que la Contaduría general reiteró observaciones en referencia a que esos trámites laborales no están concluidos, entonces sus cancelaciones son irregulares.

En realidad, el órgano de control, que conduce Juan Kohon, mantuvo un sucesivo cuestionamiento porque los expedientes de los contratados no están finiquitados y aún así, se repetían sus pagos de haberes. Distintos ministerios presentan agentes incorporados con estas anomalías administrativas en sus legajos, a las que les suceden también advertencias por parte de la Secretaria de la Función Pública, a cargo de Isabel Tipping. Aún así, los ministerios mantenían los depósitos de esas remuneraciones.

Ayer, Contaduría informó a “Río Negro” que su postura se restringió a las observaciones técnicas por los trámites incompletos, pero no le correspondía ordenar la suspensión de esos depósitos. En cambio, fuentes ministeriales afirmaron que las áreas de Recursos Humanos no liquidaron esos haberes porque aquel órgano de control no habilitó las correspondientes órdenes de pago de esos salarios.

Más allá de estos casos puntuales, la suspensión de esos desembolsos pretende la regularización general de las persistentes anomalías que Contaduría registra en los contratos públicos, que comprenden -especialmente- al personal técnico o servicios generales, con haberes menores. En general, faltan documentaciones menores (como escolaridad) y en otros casos resta la presentación del pre-ocupacional que debe entregar la Junta Médica, según advierten en el organismo de control.

Ayer, ADN publicó la suspensión del pago a los contratados, originando la actuación de oficio de la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz. También el fiscal de Investigaciones Administrativa, Marcelo Ponzone abriría su propio expediente, a partir de un pedido de la Defensora. Según una gacetilla, Díaz solicitó información al ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo (también a cargo de Seguridad); a su par de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo; al Secretario General, Matías Rulli; a la titular de la Función Pública, Isabel Tipping y al presidente del IPROSS, Luis Ayestarán. (AV)