Abuso policial, allanamiento ilegal y golpiza a inocentes mientras la ola de robos no se detiene en Cipolletti
Mientras crece la cantidad de delitos contra la propiedad, la fuerza de seguridad muestra una vez más su peor faceta. Mientras tanto la ministra de Justicia Betiana Minor sigue desgastada por la transición Carreras - Weretilneck.
Comerciantes realizaron una marcha días atrás por la ineguridad.
Los antecedentes de la Policía de Cipolletti parecieran no llamar a la reflexión a ninguno de los uniformados que integran la institución en la ciudad. Mientras crecen los abusos y la violencia contra inocentes, disminuyen las respuestas contras los que cometen los robos. Esta semana se conoció que hubo otro allanamiento ilegal, que le quebraron la clavícula a un hombre y que detuvieron a un taxista desoyendo a la jueza de Paz.
Un par de policías que habían sido víctimas del hurto de una bicicleta actuaron por su propia cuenta y allanaron sin orden judicial la casa de un muchacho que nada tenía que ver con ese episodio. En el calabozo lo golpearon y le quebraron la clavícula. La defensoría penal en turno y la fiscalía que trabajaba durante la feria corrieron para buscarle una “solución” al problema.
Se envió una orden de libertad, un médico asistió al castigado y borrón y cuenta nueva. No hubo formulación de cargos y ni siquiera se sabe si existe una investigación en curso. La inacción de las autoridades judiciales genera inmunidad en las filas policiales, manchadas ya con graves casos de torturas, homicidios por gatillo fácil, abusos y golpizas hasta la muerte como ocurrió en la comisaría del barrio Anai Mapu.
Días después del allanamiento ilegal para buscar la bicicleta, policías de las 1.200 Viviendas castigaron a un taxista que llegó a la Unidad 79 para buscar ayuda por su hija, víctima de violencia de género.
Fue la propia jueza de Paz Gabriela Montorfano la que le ordenó a los uniformados no ingresar al calabozo al trabajador del volante. Lo confirmó la víctima, quien se identificó como Iván Rojas y ya radicó la denuncia ante la fiscalía.
El nuevo código, criminalística y la comerciante
Los jueces y las juezas de Paz de toda la provincia son las autoridades judiciales exclusivamente competentes para intervenir ante las contravenciones bajo las pautas que define la nueva Ley N° 5592.
El nuevo código contravencional está vigente desde principios de este año y fue sancionado por la Legislatura. El proyecto del oficialismo buscó derogar una normativa sancionada en la dictadura militar que contenía artículos muy discrecionales, ampliamente utilizados por la policía de Cipolletti.
Por ejemplo, el argumento de escándalo en la vía pública del ya derogado artículo 38 se utilizó hasta el cansancio por parte de los uniformados para detener y demorar a personas en la calle. Muchas veces se invocó ese fragmento para cometer abusos de autoridad. Incluso el ciudadano podía recibir hasta 10 días de arresto si se contaba con el aval de la justicia de Paz.
El famoso 38 fue el que usaron los policías de la Comisaría 24 para detener a una mujer con epilepsia, dejar al desamparo a su pequeña hija en una plaza de Cipolletti e incurrir en un allanamiento ilegal.
Con el nuevo código contravencional la policía de Río Negro perdió desde este año su principal herramienta para operar en la vía publica. El recorte de la facultades implicó un alto costo en las filas azules que incluso demandó reuniones con el Procurador Jorge Crespo.
Las sanciones que prevé el nuevo Código inician con amonestaciones y van en aumento según la gravedad y particularidad de la conducta, pasando por prohibiciones de asistir a determinados lugares, pautas de conducta específicas, reparación del daño causado, trabajo comunitario, abordaje interdisciplinario, multas, inhabilitaciones, decomiso y clausura.
El arresto es la última opción, aunque en la Subcomisaría 79 le cortan el teléfono a la jueza de Paz y aplican su propia ley. “Repimporoteando para el calabozo”, como decía el popular personaje de historieta creado por el dibujante argentino Manuel García Ferré.
La marcha por la inseguridad se hizo hace ya casi una semana y los comerciantes todavía esperan la prometida detención del ladrón de los techos. Fue lo que le garantizó un alto jefe policial en las puertas de la Regional Quinta a la empresaria María Paz Montelpare, que lleva la voz cantante en el reclamo.
La mujer cuestionó duramente la actuación del gabinete de Criminalística quién no concurre a levantar pruebas en la escena de los hechos. En su caso, tuvo que intervenir el propio fiscal jefe Santiago Márquez Gauna a requerimiento de Montelpare y de su profusa oratoria.
De hecho Criminalística tiene tan pésimos antecedentes en la ciudad que en el caso del femicidio de la estudiante de medicina Agustina Fernández enviaron a dos suboficiales inexpertos a investigar un supuesto robo. La escena fue altamente contaminada y después se supo que ni siquiera contaban con guantes de látex.
En los hechos, nadie investiga los robos de Cipolletti. Primero porque en las comisarías sólo tienen la orden de hacer prevención y segundo porque la Brigada de Investigaciones únicamente se ocupa de los homicidios, por estos días con exclusividad al caso de Agustina Fernández.
En ese escenario, los comerciantes esperan la prometida detención del ladrón de techos que se esfumó el día del allanamiento. Claro, los jefes policiales ya habían adelantado a las cámaras de televisión que lo estaban buscando.
Pocas respuestas con los ladrones y muchos palos para los inocentes. Mientras tanto la ministra de Justicia Betiana Minor sigue desgastada por la transición Carreras – Weretilneck.
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