Banco Nación afirma que no habrá más remates

VIEDMA (AV).- El Banco Nación ratificó que no habrá más remates de inmuebles por deudas crediticias.

La legisladora Marta Borda transmitió esa decisión después de reunirse con la presidente del Comité del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria, Mónica Costa. Esta funcionaria nacional confirmó que el banco Nación cumple con la suspensión de los remates, inicialmente hasta el 15 de febrero y seguiría si se prorroga el marco normativo.

Unos 350 productores de Río Negro están con morosidad en sus obligaciones y con expediente judicial. Los créditos -mayoritariamente- tienen garantías de las chacras y otros inmuebles. Los reclamos de organizaciones y de legisladores se originaron frente al anuncio de ejecuciones judiciales.

Costa -según la diputada Borda- admitió que puede existir algún expediente judicial no paralizado por la confusión, pero queda inmediatamente suspendido con la comunicación al Fondo. Para eso, el organismo nacional tiene una línea gratuita (0800-3338367) para informar.

En ese sentido, Borda constató la suspensión de algunos remates en marcha en el Alto Valle a partir de la comunicación de la decisión judicial. Para mayor información, Costa estará en Viedma el miércoles 22 de noviembre y se reunirá con diputados, especialmente con la comisión de Planificación y Asuntos Económicos.

La legisladora explicó que la invitación fue cursada por el vicegobernador, Mario De Rege, mientras destacó que Costa insistió que el banco de la Nación cumple con la suspensión de los remates judiciales y se alientan acuerdos individuales con cada deudor.

El Banco Nación mantiene diferentes planes de refinanciación, pero los productores y sus federaciones se oponen al sostener que no contemplan las posibilidades reales de la producción.

En Río Negro, como en la Nación, existe legislación que fija esa suspensión. Borda se sorprendió con las gestiones institucionales que se repiten en ámbitos extraños a la entidad financiera, que reiteró el cumplimiento de la suspensión y sólo pide la pertinente comunicación.

No hizo mención expresa, pero la referencia parecía dirigida a su par del ARI, Magdalena Odarda, quien recientemente insistió con esos riesgos y llegó con los planteos incluso a la Defensoría del Pueblo de la Nación. La semana pasada, la diputada se entrevistó con el director de Derechos Económicos de ese órgano de control, Miguel Angel Bizzi.

Después Odarda informó de la entrega de una misiva -acompañada por más de 300 firmas del Alto Valle- que advertía que se producían «remates de viviendas única y de emprendimientos productivos de sustento familiar a pesar de la existencia de una legislación provincial que protege la vivienda única y la tierra de pequeños y medianos productores». La parlamentaria insistió en la detección de «futuros remates y que se investiguen aquellos realizados desconociendo la ley vigente».

En su comunicado, Odarda aludió que así «intentará frenar un remate de una vivienda única de General Roca como principio de una lista numerosa de deudores originados en la década del 90 han visto duplicado, triplicado y, en muchos casos, hasta cuadruplicado su deuda original».