Deuda externa: el pueblo debe saber

Ha sido una constante en la Argentina que todo lo referente a la deuda externa esté rodeado de secretos, manipulación del lenguaje y desinformación.

El tema de fondo no se toca, pero sí se enseñó y enseña, didácticamente por todos los medios, que siempre se deben «honrar las deudas externas», sin cuestionar si son legítimas u odiosas. Por lo tanto, como a dioses que se honran, se nos prepara para no exigir derechos y responsabilidades a los acreedores sino sólo a rendir cuenta de los deberes que se hicieron e implorar perdones de lo no cumplido.

Aún más, nunca se habla de los «acreedores externos» como «prestamistas externos», lo que implica asumirnos en todo momento como «deudores», antes de analizar si realmente se debe lo que se nos reclama. Esto último es fundamental dirimirlo, ya que, en muchos casos, se pretenden pagos de supuestas deudas de origen ilegítimo, usurario y producto de diversas situaciones en las que, incluso, los llamados acreedores serían realmente deudores, porque lo que se busca cobrar ya se ha pagado más de una vez.

Para colmo, muchos personeros de los intereses financieros y diversos medios de difusión pretenden convencernos de que no hay nada mejor que seguir pagando la deuda externa, sin cuestionar las ilegitimidades que hubiera, porque gracias a ello lograremos que se nos preste más dinero. Incluso el pago que se hace de la misma se denomina en el presupuesto «servicios de la deuda», como si, en sí mismo, el dinero que se abona se correspondiera a un servicio que se nos presta. Así, en una cultura de endeudamiento, se nos prepara para seguir siendo deudores dependientes eternamente, con sólo obligaciones y sin derechos.

Lamentablemente, en general, con esta lógica, coinciden el oficialismo y gran parte de la oposición en Argentina. El oficialismo ha sostenido que la deuda externa se tiene que pagar como está, porque entiende que ya pasó el momento de impugnarla, y la oposición mayoritaria se queja, particularmente, de lo poco prolijo del desplazamiento del presidente del Banco Central Martín Redrado pero no se exige, especialmente, que se analice la deuda externa que se quiere pagar con el dinero que se destinará de las reservas monetarias para el llamado «Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad».

Asimismo, no se hace conocer a la ciudadanía que existen diversas causas penales pendientes, en las que la Justicia federal argentina está investigando deudas externas contraídas irregularmente tanto por el último gobierno militar de facto como en el proceso democrático posterior. En dichas causas hay personas imputadas y procesadas penalmente y abundante prueba de graves delitos e irregularidades cometidos con motivo de distintas operaciones de canje de deuda. Tales son, por ejemplo, los procesos en los que se investiga cómo se asumió el Plan Brady de 1992, el Megacanje del 2001, entre otros. Hay que recordar también que, con motivo de la denuncia de Alejandro Olmos, el juez nacional en lo Criminal Jorge Ballestero determinó, en junio del 2000, que existieron más de 477 ilícitos en la configuración de la deuda externa argentina sólo en el período 1976 a 1983. O sea: se sigue tratando de pagar y refinanciar deudas en las que ya la Justicia ha encontrado sobrados elementos para tenerlas por irregulares e ilegítimas. Lo que deja en claro que no se pueden afectar fondos del Banco Central y de ningún otro tipo para abonar supuestas acreencias que la Justicia penal investiga y pueden ser declaradas ilícitas.

A su vez, no se llevan adelante las negociaciones con la debida intervención del Congreso de la Nación. Es el momento de que los diputados y senadores nacionales reasuman, integralmente, la facultad y responsabilidad legal de «arreglar el pago de la deuda externa» y la contratación de empréstitos, como lo manda la Constitución nacional, (incs. 4 y 7 del art. 75). Y, en un acto de buena fe soberana, se tiene que llevar adelante una auditoría integral sobre la deuda pública externa. Esto permitirá saber lo que realmente se debe, a quién se debe, por qué se debe y lo que ya se ha pagado. A su vez, ayudará a impugnar los montos que tengan un origen odioso o ilegítimo y demandar las responsabilidades que de ello surjan. Es el derecho a la verdad histórica y a la justicia que merecemos.

Mientras tanto, además, hay que urgir que se definan, a la brevedad, las diversas causas judiciales no resueltas sobre la forma como se ha ido conformando la deuda externa en Argentina, se condene a los responsables a pagar los resarcimientos pertinentes y se les apliquen las condenas penales que correspondan antes de que todo prescriba.

Éstos son los temas fundamentales sobre los que, a doscientos años del primer grito patrio, nuevamente «el pueblo quiere saber».

MIGUEL JULIO RODRÍGEZ VILLAFAÑE

(*) Profesor y abogado especialista en Derecho Constitucional y de la Información

MIGUEL JULIO RODRÍGEZ VILLAFAÑE