Ecología, economía y política en el río Uruguay

Tenemos un problema con el Uruguay? ¿Con los gualeguaychuenses? ¿Con la ecología del río Uruguay? ¿Tal vez con Botnia? ¿O es el Mercosur el que tiene problemas?

La situación es grave y se agudiza sin salida a la vista. Los ambientalistas cortan la ruta, ante la hipótesis indemostrable pero no descartable de que la planta de Botnia (los españoles de Ence se irán a Colonia, y nadie protesta por la «contaminación» de la orilla vecina del Río de la Plata, ya que en la nuestra está prohibido bañarse desde hace décadas) causará daños terribles al ecosistema fluvial. Los uruguayos dicen que somos prepotentes. Nosotros decimos que ellos incumplieron el Tratado del Río Uruguay; ellos, que no. La tensión se agudiza y los presidentes no se hablan, como dos nenes enojados, especialmente Tabaré. El rey de España no logra que los nenes se den la mano. Botnia calla pero la planta crece día a día, de modo que es cada vez más improbable que la tiren abajo para irse a otro lado.

Como espectador, como todos los que no somos actores y/o víctimas argentinos y uruguayos por igual, aunque desde ángulos diferentes creo que el problema tiene aspectos de los que no se habla, y quisiera hacerlo, con el riesgo asumido de equivocarme de medio a medio.

Veamos primero los aspectos ecológicos, que son los que dieron origen a todo el lío, especialmente a los cortes de puentes, en el sentido metafórico además del real: ¿es posible que Botnia contamine el río? No lo sabe nadie; se podrá controlar junto con los uruguayos, pero si se detectara realmente una contaminación, ¿tendrá el gobierno uruguayo fuerza suficiente para obligar a la gran empresa finlandesa a cumplir con las normas? Sabemos que existe la tecnología para que no haya contaminación, y ellos la aplican a sus plantas. Sin embargo las reglas de la Unión Europea no los obligan a hacer lo mismo en nuestros países, contrariamente a lo que a veces se afirma, así que estaremos en sus manos.

Seguramente es exagerado afirmar que las grandes empresas deliberadamente exportan sus industrias contaminantes a nuestros países, aunque ésa haya sido la cínica idea de algunos ideólogos neoliberales, en especial Lawrence Summers, ex vicepresidente del Banco Mundial, ex ministro de Clinton y actual presidente de Harvard, que además, opina que las mujeres son inferiores a los hombres. Afortunadamente, la conciencia ambiental ha aumentado mucho desde los días en que los brasileños querían atraer inversiones con el eslogan «venga a contaminar el Brasil», y hasta Cubatão, la otrora ciudad más contaminada del mundo, es ahora un sitio prolijo y tan limpio que es posible bañarse en sus playas, cosa que no se puede hacer en la costa argentina del Río de la Plata. En 1992 se firmó el Tratado de Basilea, que prohíbe taxativamente la exportación de residuos; pero no hay algo equivalente para las industrias contaminantes.

Las declaraciones catastrofistas de los ambientalistas de Gualeguaychú con su actitud «papelera = muerte» son claramente exageradas, y su actitud ilegal y agresiva estimulada, en su momento por el gobierno nacional y el provincial que luego se dieron cuenta de que el camino no pasaba por ahí no ayuda a las autoridades argentinas a encontrar una solución cualquiera, que a esta altura de las cosas no está a la vista de nadie.

A esto se agrega la falsificación de las fotos que muestran la planta como si fuera gigantesca frente a las playas argentinas; una foto real muestra que el argumento de la «contaminación visual» es sólo una vil manipulación: la planta desde la costa argentina prácticamente no se ve.

Hemos perdido en tres foros internacionales, pero los ambientalistas insisten: no quieren control, tampoco planta. El argumento ecológico ha sido desvirtuado. Su combatividad es tal vez admirable, pero está en buena parte malgastada y las mismas exageraciones de su discurso se transforman en una profecía autocumplidora: si ellos insisten y si, como es altamente probable al paso que vamos, la planta de Botnia entra en funcionamiento a pesar de todo, los turistas terminarán por creer lo de «papelera = muerte» y entonces sí que no irán más a Gualeguaychú ni a pescar al río Uruguay.

Claro que está el otro problema ambiental, que a mi juicio es más grave que el de la eventual contaminación del río: es el monocultivo forestal, especialmente de eucaliptus, que chupa agua en cantidades muy superiores a otras especies, afecta la biodiversidad, la propiedad de la tierra y aun la autonomía alimentaria del Uruguay. Este problema es crecientemente denunciado también en otros países de la región, como Chile y Brasil. Todo monocultivo es malo para el equilibrio ecológico y el forestal es peor, porque no es fácilmente reversible debido a los tiempos involucrados en el crecimiento y la cosecha del producto. Pero ese tema no está en juego aquí, ni es de nuestra incumbencia. Tal vez debería serlo, aunque ni siquiera la Unión Europea tiene una política ambiental uniforme.

Los aspectos políticos son más complicados. El ex presidente Battle le dejó a su sucesor Tabaré un contrato de cuyas cláusulas sólo recogemos la impresión de que son leoninas: las exenciones impositivas y el puerto franco equivalen a una extraterritorialidad de la fábrica y sus aledaños; exagerando un poco ya que tanto se exagera en este triste asunto no sabemos si Uruguay no negocia la soberanía sobre parte de su territorio por una inversión de 1.800 millones de dólares.

Durante la campaña electoral, Tabaré se opuso a las papeleras y ahora las defiende a rajatabla. Esto tiene, por lo menos, dos interpretaciones: se equivocaba antes, se oponía por demagogia izquierdista y ahora se convenció de que las papeleras eran buenas para el Uruguay; o bien se encontró con un contrato firmado del cual no hay salida y no se atreve a decir públicamente que nada puede hacer para zafar de una situación leonina sin violar la seguridad jurídica necesaria para atraer las inversiones extranjeras, sin las cuales parece que no hay salvación posible para nuestros países, cuyos capitalistas prefieren invertir sus dineros en otras playas.

No me resulta claro si la acusación sobre la violación del Tratado del Río Uruguay es cierta o no. Hay declaraciones del ex canciller Bielsa de abril del 2004 en la cual informa a la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados que en el CARU hubo acuerdo con los uruguayos sobre el monitoreo conjunto, incluso ampliando los alcances del acuerdo a las costas, cuando el Tratado sólo habla de las aguas. Pero esas declaraciones sólo mencionan el emplazamiento de Ence y no hablan de Botnia. ¿No es eso aceptar la construcción de las plantas?

Finalmente, está la situación económica. Se habla de una inversión de 1.800 millones de dólares en ambas plantas, pero ¿qué parte de esa inversión va a la economía uruguaya? Por lo pronto, la única inversión genuina hecha en el Uruguay es la obra civil, una fracción del total. A la velocidad que avanza la obra, esa inversión ya debe haberse hecho y ni siquiera esa parte es realmente uruguaya, porque entre otras cosas se oye la queja de que los cortes del puente impiden la importación de materiales para la construcción. Por lo menos, éstos son sudamericanos. El resto, la maquinaria, será importada, de Finlandia o de donde sea, porque ese tipo de maquinaria no se produce en el Uruguay y ni siquiera en toda nuestra región. Algo similar pasará con la mano de obra: durante la etapa de construcción hay un millar y medio de obreros uruguayos. Después habrá una o dos planta de moderna tecnología, la cual es notoriamente expulsora de mano de obra, que empleará unos 300 trabajadores cada una, y ciertamente manejada por ingenieros y técnicos que en su mayoría no serán uruguayos sino finlandeses o españoles, y también ya se habla de la importación de polacos u otros europeos del este pobre. ¿Qué queda, entonces, para el Uruguay? Unos pocos puestos de trabajo directos, probablemente de más bien poca especialización; más el no despreciable pero secundario movimiento comercial que semejante emprendimiento significa para la localidad de Fray Bentos y algunos otros puestos de trabajo rurales en las forestaciones. Se supone que los uruguayos habrán sacado las cuentas cuando concedieron los beneficios fiscales y las demás franquicias y el balance les habrá dado positivo…

Estamos metidos, pues, en una situación cuya salida no está a la vista y el discurso ambientalista que el gobierno critica, sin demasiada convicción, se hace cada vez más agresivo. Por fortuna, el espectro de la militarización parece alejarse. Pero surge la pregunta acerca de quién tiene interés en activar el problema, que sería un serio golpe al Mercosur; estaríamos abandonando la única vía a un desarrollo compartido entre naciones hermanas.

 

TOMAS BUCH (Tecnólogo generalista)

 


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