Huelga de hambre ante posible desalojo de las 120

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los ocupantes las 120 Viviendas del IPPV pidieron amparo al juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi para evitar el desalojo compulsivo, que no tiene fecha cierta, a la par de la huelga de hambre iniciada el domingo por once integrantes de la toma.

La medida cautelar, firmada por Patricia Peña, señala la «situación de desamparo y emergencia habitacional» que enfrentan las 58 familias de la toma que pertenecen a «sectores carenciados y discriminados por ello».

El escrito plantea el estado de necesidad de los ocupantes y apela «cualquier orden o mandato de juez natural» que disponga el desalojo de las casas y reclama que se oficie «al organismo que corresponda» para que les otorgue una vivienda o «espacio dónde habitar».

El amparo también denuncia la «huelga de hambre pacífica» iniciada por once ocupantes -detallando nombres y documentos- que se instalaron en la casa 99 para cumplir la medida, y le solicita al juez que disponga asistencia médica permanente.

Al respecto, advierte que esa medida extrema cesará cuando reciban «una respuesta clara y única» a la necesidad de vivienda planteada a lo largo de 50 días de ocupación en ese barrio del IPPV.

El desalojo fue dispuesto la semana pasada por el juez Ricardo Calcagno, pero la Regional III de la policía no cumplió la orden por falta de personal «especializado» que debería llegar de otras localidades.

Mucha tensión

El amparo y la huelga de hambre se sumaron a una semana de extrema tensión en que los ocupantes prometieron repeler a la policía con bombas molotov y garrafas, negociaron en duros términos con el municipio, sin arribar a una solución, y ocuparon la sede del IPPV hasta conseguir una propuesta del organismo.

A esa tensión se sumaron las difíciles condiciones de vida que impone la resistencia en las casas sin servicio ni calefacción y que tuvo su costo en salud para varios ocupantes. Durante el fin de semana, un niño de cuatro años fue atendido en el Hospital Zonal con un principio de intoxicación por monóxido de carbono mientras que otro menor llegó a la guardia con un cuadro agudo de neumonía.

Mientras reina la incertidumbre, la justicia mantiene vigente la orden de desalojo, aunque nadie se atreve a señalar efectivamente qué día se cumplirá y quién la ejecutará finalmente.