Puerto San Carlos inició juicio contra el municipio

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Emprendimiento Bariloche inició un juicio contencioso administrativo contra el municipio por la multa por la multa que le impuso la Justicia de Faltas ante el incumplimiento de las obras de seguridad en la escollera y demás instalaciones del Puerto San Carlos. La sentencia del Tribunal de Faltas, que se remonta al 2007, fijó una multa menor -cercana a los $1.000- para las faltas señaladas que “pueden afectar la seguridad de las personas” pero, de quedar firme, la sanción brinda elementos al municipio para revisar la concesión portuaria. La relación entre el Ejecutivo municipal y EB no es la mejor, al punto que el exjefe de Gabinete, Jorge González, manifestó a “Río Negro” la intención de evaluar una posible rescisión del contrato que no tuvo repercusión en otras áreas tras su salida del gobierno. La empresa enfrenta además otras dos sanciones similares, con sentencias de 2009 y 2010, que quedaron firmes a mediados de agosto cuando el intendente Omar Goye rechazó por resolución los recursos de apelación interpuestos por la concesionaria. La sentencia sanciona con multa y obligación de regularización las obras realizadas en el edificio portuario sin autorización municipal, mientras que la sentencia multa el estado de abandono del predio portuario cuya limpieza y desmalezamiento fue requerido en varias oportunidades por la comuna. El proceso administrativo abierto en 2007 se cerró con el pasado 11 de junio con la resolución del intendente que rechazó la apelación interpuesta contra la sentencia y remitió el expediente al juzgado de Faltas para su ejecución. La concesionaria del Puerto presentó una demanda ante la Cámara Civil de Apelaciones reclamando la habilitación de la vía contenciosa administrativa y una medida cautelar con efectos suspensivos sobre la sentencia de Faltas. Esta semana el Tribunal hizo lugar a la demanda habilitando la vía judicial solicitada pero desestimó la medida cautelar en atención al “el principio de legalidad de que gozan los actos administrativos”. En agosto de 2007 el municipio solicitó a EB una serie de medida para mejorar la seguridad del Puerto, que presentaba un importante estado de deterioro. Se exigió la colocación de un cerco de obra que impidiera el acceso de peatones a la escollera, la “reconstrucción del muro de contención coincidente a la estación demolida” y la reparación de barandas, con intimación de ejecución en 72 horas. La empresa no completó las obras en el plazo requerido ni en los meses posteriores y al apelar la sanción contrapuso el incumplimiento del municipio con su obligación de “lograr el tráfico comercial lacustre a través de Puerto San Carlos”, que le ocasionó graves perjuicios.