Sejun aceptó el aumento, los jueces lo critican

El conflicto quedó superado en el último día hábil, antes de la feria judicial.

NEUQUÉN (AN).- El plenario provincial de afiliados al gremio judicial (Sejun) aceptó ayer la nueva oferta salarial que hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermo Labate y en consecuencia terminaron las medidas de fuerza que se extendieron dos meses. Más de 500 afiliados aprobaron por “unanimidad” la propuesta realizada por la conducción del Poder Judicial, informó el gremio. Se trata de una recomposición del 10% nominal en los salarios, más una variación del 5% en el “enganche”, un sistema que sujeta los sueldos de los empleados a los aumentos que perciban los jueces. El aumento salarial debe ser aprobado por la Legislatura, que en la sesión de esta semana rechazó el presupuesto elaborado por el Tribunal Superior y le asignó uno elaborado por el oficialismo, sensiblemente inferior. El secretario gremial de Sejun, Roberto Biondi, informó que el acuerdo implica añadir 14 millones de pesos a la masa salarial de la Justicia, casi la mitad del auxilio de 30 millones que por decreto le transfirió el gobierno provincial al TSJ. La propuesta incluye el pago de sumas fijas, por única vez, como no bonificables ni remunerativas, que van de los 2.000 a 1.000 pesos, de acuerdo a la categoría y función. Este monto, según el acuerdo, se abonará en las 72 horas posteriores a la aceptación del sindicato. El incremento rige de forma retroactivo al primero de julio. Los que no quedaron nada conformes con la propuesta fueron los integrantes de la Asociación de Magistrados. En una durísima nota que le enviaron ayer a Labate dicen que el aumento diferenciado para empleados, funcionarios y magistrados, “no exento de cierta dosis de demagogia, lesiona la lógica correspondencia existente entre las responsabilidades funcionales y la retribución”. Predicen, por ese motivo, “múltiples acciones judiciales” Acusan al TSJ porque demostró “una notoria debilidad ya que no está a la altura de las circunstancias” y en cambio aceptó un decreto del Ejecutivo “que lo obliga a un sometimiento permanente al poder político”.