Techo Digno: admitieron los cargos contra el exintendente Reggioni y los cooperativistas
El exjefe comunal de Fernández Oro, un constructor y tres cooperativistas serán investigados por defraudación a la administración pública. La jueza de Garantías Agustina Bagniole declaró el proceso como “asunto complejo” y cuestiono los argumentos de la defensa.
Un desempeño óptimo tuvo la fiscalía de Cipolletti en la megacausa penal por Techo Digno. Es que lograron, en una resolución sin precedentes, formular cargos contra el exintendente de Fernández Oro Juan Reggioni, contra un constructor y tres cooperativistas. Además la jueza de Garantías aceptó declarar el caso como “asunto complejo” y en consecuencia se duplican los plazos para investigar y para ejercer las defensas.
El exjefe comunal Juan Reggioni quedó imputado en el proceso junto a Néstor Sarasola, titular de la empresa Eraiki que había obtenido la licitación de las obras. La jueza de Garantías de Cipolletti Agustina Bagniole, en su resolución, consideró que la estrategia de los defensores carecía de entidad suficiente en esta instancia como para frenar la investigación.
También están acusados formalmente Fabio Huenchunao, Luis Méndez y Diego Quintero, presidentes de las tres cooperativas. A Reggioni se lo acusa de darle otros destinos a los fondos que llegaban de Nación para construir viviendas en Fernández Oro.
En su resolución, la magistrada sostuvo que la defensa no objetó varios de los postulados de la fiscalía, entre ellos que se firmaron nueve certificaciones de avance de obras que eran lo que habilitaban los desembolsos de Nación. El Ministerio Público Fiscal detalló que fueron nueve certificados que indicaban que la obras estaban completas y que hay un acta de terminación de obra de 2015.
«Se mencionó como dato no controvertido, el monto que Nación desembolsó en favor de la municipalidad de Fernández Oro que era de 18,6 millones de pesos», precisó la jueza. Esa cifra representaba el 82,5% del total del acuerdo que se firmó en diciembre del 2014. Es decir que los envíos nacionales se dieron con certificaciones de obras falsas, conectándose en abril del 2016 que la ejecución era del 19,65%, según un relevamiento del IPPV.
La magistrada hizo mención a los postulados que hizo el defensor de Reggioni, Julio Oviedo. «Estructuró su alegado fundamentalmente en dos cuestiones que merecen un análisis jurídico. Habló de emergencia económica, dijo que había en ese momento una emergencia en el municipio de Fernández Oro; lo mencionó pero ni siquiera indicó que ordenanza municipal la declaraba, ni la fecha de la vigencia»; manifestó la magistrada.
Y siguió: «si la estrategia de la defensa es rebatir los cargos sobre la base de una causa de justificación según la cual el intendente podía utilizar fondos públicos a otros destinos a los que estaban fijados, está claro que debe probarlo. No alcanza con alegarlos, deben traer a la audiencia la información y el sustento para poder comprobarlo», expresó.
Cuestionamientos a la defensa
Bagniole contestó uno por uno los agravios del defensor. Respecto de la mención de Oviedo a otra causa por malversación de fondos -impulsada por el actual intendente Mariano Lavín- y que fue archivada por inexistencia del delito sostuvo la jueza: «Entiendo que el defensor debía traer esa prueba a la audiencia, que compruebe que aquel hecho era el mismo que se traía a esta audiencia. Tampoco puedo tener este argumento en cuenta», indicó. Lo mismo sugirió para el defensor de Sarasola, -Carlos Gadano- y los defensores de los presidentes de las cooperativas.
La resolución concluyó con la formulación de cargos para el exintendente, el constructor y los tres cooperativas. La fiscala Graciela Echegaray, que conduce el equipo de funcionarios al frente de Techo Digno a nivel provincial, tuvo un desempeño inmejorable. En el resto de las ciudades de la provincia no consiguió tantos buenos resultados como hoy.
Además, y luego de un intenso debate encarado por los defensores, la fiscalía se llevó la declaración de la causa como “asunto complejo”. Esa situación, contemplada en el código procesal penal, permite duplicar los plazos de investigación no solo para la fiscalía sino también para las defensas.
La jueza Bagniole entendió que estaban dados los requisitos en cuanto a la pluralidad de imputados y además ponderó la existencia de cinco “defensas activas”. Del otro lado colocó a la fiscalía litigando contra cinco profesionales con teorías del caso diferentes y con prueba distinta. “Existe un universo de situaciones que hacen que el caso se transforme en asunto complejo y requiera un mayor plazo de investigación”, cerró.
Una de cal y otra de arena
El lunes la fiscalía tuvo la revisión en la otra causa de Techo Digno que se investiga en el Alto Valle. No hizo una buena perfomance en esa audiencia ya que el juez Guillermo Baquero Lazcano denegó la queja y ordenó que se formulen nuevamente cargos contra el diputado Pedro Dantas.
El 24 de agosto la jueza Alejandra Berenguer consideró que la fiscalía se apresuró a formular cargos contra el exintendente de Campo Grande Pedro Dantas. Sostuvo que no indicaron cuales eran las certificaciones falsas que daban origen a la administración fraudulenta y anuló la etapa. La resolución también benefició el constructor Luis Sainz.
A ambos le reprocharon el delito de defraudación a la administración pública por el uso de recursos nacionales del programa Techo Digno en la construcción de 40 unidades en Campo Grande, durante el 2015. Al titular de la empresa Urbana, Luis Saiz se lo acusó como partícipe necesario. En una primera audiencia, la jueza de garantías Laura González Vitale admitió los cargos, pero después la defensa pidió revisión.
Ahora dos jueces de juicio de Cipolletti (Berenguer y Baquero Lazcano) coinciden en que el equipo de la Procuración deberá profundizar ese legajo y volver a pedir la formulación de cargos.
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