Tecnología, educación, derechos humanos y ciudadanía

Entre los principales aportes que ha realizado la llamada Modernidad está la sanción de marcos normativos que definen los derechos humanos fundamentales. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nacida a la luz de la Revolución Francesa de 1789, hasta nuestros días hemos asistido a un continuo perfeccionamiento de tales preceptos. De hecho, podemos mencionar tres instancias generacionales claves: la primera generación (siglo XVII) hizo hincapié en los aspectos civiles y políticos; la segunda (principios del siglo XX) los abordó desde la óptica de los derechos sociales, económicos y culturales y, por último, la tercera generación (a partir de la década de 1970) incorporó los derechos vinculados con los temas del desarrollo sustentable, la defensa de la paz y el medio ambiente, el derecho de los consumidores, etcétera.

En paralelo a estas cuestiones la noción de ciudadanía fue ampliando sus alcances: un ciudadano no era aquel que solamente tenía asegurados determinados derechos y obligaciones, principalmente civiles y políticos (sufragio universal, libertad de expresión y de creencias, etcétera) sino que además tenía que disfrutar de una plétora de derechos sociales, económicos y culturales (al trabajo, a una remuneración justa, a la salud integral, a la educación en todos sus niveles, al acceso a un sistema público de producción y suministro de bienes y servicios básicos).

La tecnología tiene un rol clave a la hora de contribuir al diseño y mantenimiento de los servicios básicos (agua, vivienda, energía, transporte, información y comunicación) y, por ende, en la materialización de una ciudadanía integral para el conjunto de los habitantes.

Lamentablemente, la aplicación de modelos de impronta neoliberal -en particular durante la etapa del llamado menemato de los años '90- hizo que nuestro país adoptara indicadores económicos y sociales y de distribución de la riqueza similares a los de los países más pobres, y con ello fue perdiéndose calidad institucional y ciudadana. Sin embargo, a la gravedad de este cuadro se suma la existencia, dentro del ámbito de la ideología de la ciencia y la tecnología, de visiones y tradiciones inadecuadas que conspiran contra un desarrollo humano armónico. Uno de estos enfoques, posiblemente el más difundido en la comunidad científica de las universidades y centros de investigación, es el llamado Modelo de oferta lineal (cuyo origen hay que rastrear en un informe de 1945, «Ciencia, la frontera infinita», cuyo autor era asesor de ciencia y técnica del presidente norteamericano F. D. Roosevelt, Vannevar Bush).

Este modelo, una variante de las teorías del derrame y del crecimiento virtuoso, plantea una relación directa entre los componentes de la cadena productiva: a mayor ciencia básica, mayor desarrollo tecnológico; este último conlleva más desarrollo económico, el que por derrame produce más desarrollo y bienestar social. Se observa en este esquema el papel fundante y excepcional que se le asigna a la investigación en ciencia básica.

La tecnología opera, en consecuencia, como un parásito intelectual de la ciencia que sólo aplica lo que ésta crea. La clave es el conocimiento científico, siendo sus derivados la invención y la innovación tecnológica, que con su desarrollo garantizan de manera casi mágica el bienestar de la población. La cuestión es en realidad mucho más compleja y su abordaje, por ende, también requerirá de herramientas más adecuadas para su análisis. La política de ciencia y tecnología es ante todo un marco de opciones y decisiones políticas más generales.

El llamado pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología (representado principalmente por Jorge Sábato, Amílcar Herrera y Oscar Varsavsky), que puso el acento en la atención de las demandas sociales insatisfechas y en el rechazo explícito al cientificismo y su cultura del «paper», no ha tenido todo el eco necesario en nuestro país, aunque los tres autores fueron argentinos. Endiosar la fase de la innovación en la búsqueda de la tecnología de punta significa poner bajo estudio sólo una de las fases temporales de un producto tecnológico, sumiendo en el olvido las tecnologías ya existentes que están en su etapa de desarrollo o de madurez.

Como todo en la vida, se requiere de mayor ponderación. Tecnologías que han demostrado durante mucho tiempo su idoneidad pueden ser aliadas estratégicas a la hora de incorporar mayores sectores de compatriotas a una ciudadanía integral. Así turbinas hidráulicas tipo Pelton o axiales, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de soga o de émbolo y filtradores de arena para purificar agua son sólo algunos de los ejemplos de tecnologías maduras que pueden solucionar problemas de necesidades básicas insatisfechas, tanto de comunidades urbanas como rurales de bajos ingresos. Estas así llamadas «tecnologías para el desarrollo humano» o «tecnologías apropiadas», de bajo costo y no agresivas para con el ambiente, aptas para ser gestionadas y mantenidas con la participación de la gente, no gozan en el ámbito educativo de la difusión adecuada. Sin embargo, dentro del Profesorado de Educación en Tecnología (PET) de la Facultad de Ingeniería de la UNC se les ha abierto un espacio que es troncal a la carrera, ya que las «tecnologías apropiadas» son funcionales a los enfoques del campo interdisciplinar Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS-, que es uno de sus ejes formativos vertebrantes. Así, los alumnos del PET -que son, a su vez, profesores y maestros de escuelas industriales de Neuquén que no poseen título docente- han presentado proyectos viables que solucionarían problemas reales de la gente.

Por ejemplo, para la denominada «Toma Labraña» de la ciudad de Cipolletti se presentó un diseño inicial para la construcción de dos turbinas flotantes, red de almacenamiento y distribución de agua sanitaria (aquella a utilizar para aseo personal, lavado de ropa y para uso en huertas comunales). Las turbinas flotantes se deben montar en un canal de riego lindante al predio de la toma. Cabe consignar que la toma tiene sólo una letrina para 20 familias (ver foto 1).

Por otra parte, alumnos de San Martín de los Andes elaboraron una «Cartilla para la construcción de la vivienda social», dirigida a la Comisión de vecinos sin techo por una vivienda digna. Un grupo de alumnos de Junín de los Andes ha proyectado e instalado desde hace algún tiempo artefactos y maquinarias sencillas para generar electricidad en comunidades rurales mapuches, en particular a las familias Painefilú, Yanquinao, Calfuqueo, Quilapán, Cañicul y Panguilef, entre otras (ver foto 2).

La tecnología no consiste sólo en el celular o el MP3 de última generación ni en su contraparte depredadora del ambiente, como la pastera finlandesa Botnia. La tecnología puede y debe ser una herramienta poderosa para construir ciudadanía. Los proyectos del PET mencionados van en ese sentido.

 

VLADIMIR CARES (*) Y ZACARÍAS BARRIONUEVO (**)

Especial para «Río Negro»

 

 

(*) Ingeniero. Coordinador del Profesorado de Educación en Tecnología (PET) de la UNC

(**) Secretario PET


Entre los principales aportes que ha realizado la llamada Modernidad está la sanción de marcos normativos que definen los derechos humanos fundamentales. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nacida a la luz de la Revolución Francesa de 1789, hasta nuestros días hemos asistido a un continuo perfeccionamiento de tales preceptos. De hecho, podemos mencionar tres instancias generacionales claves: la primera generación (siglo XVII) hizo hincapié en los aspectos civiles y políticos; la segunda (principios del siglo XX) los abordó desde la óptica de los derechos sociales, económicos y culturales y, por último, la tercera generación (a partir de la década de 1970) incorporó los derechos vinculados con los temas del desarrollo sustentable, la defensa de la paz y el medio ambiente, el derecho de los consumidores, etcétera.

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