Telefónicas insisten en los aumentos

La Secretaría de Comunicaciones y las empresas de telefonía celular iniciarán esta semana una batalla judicial en torno a las tarifas de llamadas entre celulares, luego de que el gobierno ordenó suspender los aumentos.

Mientras el secretario del área, Henoch Aguiar, elevará un pedido formal a las empresas para que presenten un informe sobre los cambios realizados en los distintos planes, las compañías advirtieron que harán presentaciones judiciales para destrabar las subas.

Los abogados de las distintas empresas se reunieron durante el fin de semana para estudiar la estrategia a seguir, luego de que el viernes Aguiar anunció la «nulidad» del nuevo cuadro tarifario que rigió desde el 1 de mayo.

El funcionario alegó que las firmas incurrieron en un «engaño a los clientes», ya que además del aumento en las llamadas entre celulares implementaron «cambios compulsivos de planes».

Los letrados argumentarían que la decisión de la Secretaría invalida una resolución ministerial, lo que significa que la medida tomada por Aguiar suspende la aplicación de otra rubricada, en este caso, por un funcionario de mayor jerarquía.

Según publicó ayer el diario Clarín, las empresas Movicom, Personal, Unifón, CTI y Nextel, aceptaron detener el cobro del recargo, pero advirtieron que responderán con dureza a través de la Justicia.

Sin embargo, los usuarios deberán seguir anteponiendo el 115 antes de realizar llamadas entre celulares, ya que según argumentaron las telefónicas «no se puede cambiar el software de un día para el otro».

Los principales cruces entre las partes se generaron cuando las telefónicas se enteraron que la Secretaría realizó una investigación -que constó de más de 30 llamadas a los centros de atención al cliente de las empresas-, convalidado por escribano público.

La pesquisa sirvió de fundamento para la resolución, ya que según denunció Aguiar, durante los llamados, personal de todas las compañías alegó -ante una supuesta pregunta de los usuarios- que el aumento era producto de una «decisión del gobierno».

Según la nota de Clarín, las empresas evaluaron como insuficiente la prueba, al señalar que la Secretaría de Comunicaciones «no se puede dejar llevar por lo que dicen los chicos que atienden los teléfonos en los centros de consulta» y consideraron que el gobierno «no puede tomar una decisión así sobre la base de cuatro conversaciones con operarios de cada empresa».

Además, amenazaron con rever sus planes de inversión en el país, ya que según aseguraron «bajo el marco actual no se puede trabajar». (Infosic)