Temen caída de las causas Skanska y Antonini

Conocidos los detalles del paquete de medidas del gobierno para enfrentar los coletazos de la crisis mundial (ver infograma), estalló la polémica en torno a los alcances de la amnistía impositiva y judicial para las empresas y particulares que blanqueen sus capitales.

Es que el anuncio lanzado a toda pompa por Cristina Fernández podría significar la suspensión de causas penales por denuncias de corrupción recientes, como la de Skanska o la acción contra Antonini Wilson por el ingreso ilegal con una valija que contenía 800.000 dólares, ambas sin sentencia.

Sobre este tema, opinaron diversas personalidades de la política y la Justicia.

El más duro fue el abogado Ricardo Monner Sans. En declaraciones al sitio Criticadigital dijo ayer que «el proyecto de Cristina Fernández es inmoral, ya que da vuelta el concepto de igualdad ante la ley. Esta vez, equilibra al incumplidor con el que paga los impuestos todos los meses». Así, prosiguió, «se legitima el ingreso de dinero sucio porque pueden operar testaferros y, además, la suspensión de los juicios genera formas de fraude por parte de las empresas. Entonces, cualquier causa penal que no tenga sentencia firme vinculada con fraudes tributarios se extingue por el simple pago de tributos, con facilidades».

En tanto, el ex juez en los Penal y Económico Julio Cruciani se mostró a favor de la repatriación de capitales, pero señaló reparos por la suspensión de causas penales tributarias a los que blanqueen capitales. «La amnistía es un beneficio para que los corruptos laven su dinero. Por eso para mí el gobierno usa la filosofía del ´de paso, cañazo´, en el sentido de que dentro de la norma de repatriación de capitales -que siempre es buena- esconden el beneficio a los grandes evasores».

Apenas conocidos los anuncios de Cristina, la Coalición Cívica (CC) salió a cruzar al gobierno. Así, el partido de Elisa Carrió plantea la pelea tanto en Tribunales como en Diputados. La líder de la CC concurrirá en las próximas horas a ampliar su denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner.

En esa presentación se pide también que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.

Carrió advirtió que «la moratoria permite el cierre de causas judiciales que investigan la evasión impositiva y la facturación apócrifa», presuntamente cometidas por empresas cercanas al ex presidente.

Sobre el mismo tema, la diputada de la CC Fernanda Reyes explicó que «esta ley demuestra la imperiosa necesidad que tiene este gobierno de hacer caja a cualquier precio. Y Cristina Fernández elige como salida perdonar a los evasores con una rebaja escandalosa de impuestos. Por eso, desde la CC no vamos a acompañar el salvataje de posibles lavados de capitales».

El secretario general del Partido Demócrata Progresista, Alberto Natale, consideró que el blanqueo de capitales anunciado por el gobierno «será el más brutal instrumento de lavado de dinero que hayamos conocido». «El jubileo impositivo es una locura y una aventura. Vendrá plata negra de los peores orígenes, se blanqueará y saldrá limpia», aseguró. (DyN/Criticadigital)