Temen por las regulaciones sobre servicios públicos
El experto en cuestiones regulatorias, Andrés Chambouleyrón definió ayer el futuro Régimen Nacional de Servicios Públicos como un Proyecto de Ley que «cambia mucho las reglas de juego por mayor intervención estatal», le otorga «menores incentivos» a la inversión privada y anula hacia el futuro los Tratados de Protección de Inversiones firmados con países de Europa y los EE.UU.
«Si el objetivo del Gobierno es inducir la inversión privada, este proyecto no ayuda», explicó el economista del Instituto de Estudios Económicos Investigación sobre la realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL), que depende de la Fundación Mediterránea, quien hizo votos porque «esta ley surja después de un muy fuerte debate, porque se trata de un cambio estructural importantísimo».
Chambouleyrón explicó que «estamos en un punto muy complicado, porque no es sólo un tema tarifario, es un tema de reglas de juego. Las empresas no saben dónde están paradas. Cuál va a ser la Ley que va a regir», señaló. El anuncio que hizo el Gobierno hace dos días despertó preocupación y dudas entre las empresas privatizadas por el abrupto cambio que propone en las reglas de juego, en especial, en lo referente a la determinación de las tarifas, las inversiones y el servicio solidario, según expresaron distintos voceros de las compañías.
El proyecto introduce cambios sustanciales sobre la legislación y cambia los parámetros sobre los que se venía negociando con las empresas prestatarias de los servicios.
«Si el objetivo es recuperar el ambiente de inversión, lo que hay que hacer es darle garantía a las compañías de que las reglas de juego se van a cumplir y que esas reglas serán transparentes para el futuro. Que el que invierta va a recuperar esa inversión y que nadie se va a aprovechar de ella», agregó Chambouleyrón. En relación a cuestiones institucionales, marcó que «este Proyecto revoca otras leyes aprobadas por el Congreso, como son los tratados de Protección de Inversiones firmados entre la Argentina y muchos países de Europa y los EEUU, porque trae otra vez la jurisdicción para diferendo de litigios aquí y la saca del CIADI. Estos Tratados fueron una de las razones más importantes que permitieron que estas empresas vinieran a invertir aquí».
El experto dijo además que «las empresas de servicios públicos privatizadas hoy están invirtiendo apenas un cuarto de lo que deberían invertir para cubrir lo que se amortiza, para evitar que lo que invirtieron en el pasado se siga deteriorando».
Y agregó que «el objetivo del Gobierno debería ser cómo lograr que esta gente vuelva a confiar en el país, en las instituciones y vuelva a seducir a sus accionistas para que vuelvan a poner plata. Si ése es el objetivo, el proyecto obviamente no va en esa dirección», insistió.
(DyN y Télam)
Tarifas subsidiadas
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, afirmó ayer que «ya se tienen» los datos concretos para determinar los beneficiarios del Fondo Solidario que les subsidiará las tarifas de los servicios públicos, y precisó que se priorizará a quienes «tienen el servicio cortado y los que constantemente piden plazos para pagar».
El Fondo Solidario estará integrado por un aporte del Estado equivalente a la alícuota del IVA; un 2 por ciento aplicable a todas las facturas de servicios; y el aporte de la propia empresa, que será del 10% del beneficio otorgado en factura para el usuario. Sobre lo que esta medida significará para los usuarios, Vaca Narvaja puso como ejemplo que «el 2% en una factura de 30 pesos son 60 centavos».
La subsecretaria precisó que «el que va a poner los criterios para poder ser beneficiario, es el Ministerio de Desarrollo Social», pero destacó que «lo va a trabajar conjuntamente con los entes y asociaciones de la comunidad, y las bases de consumidores». Los parámetros que utilizará Desarrollo Social «tienen que ver con los ingresos, con la conformación del núcleo familiar, con la vivienda en donde se encuentra». (DyN)
