Terminar con la impunidad

Por Heriberto Simón Hocsman (*)



El mayor de los problemas de las sociedades de países emergentes es el bajo nivel de la moral media de su población, lo que provoca la falta del hábito estricto al respeto a la ley y a la moral. Muchos son los discursos vacíos de lenguaje verborrágico que solemos escuchar de los gobernantes de turno y pocas son las medidas concretas y efectivas con resultados cuantificables que se promueven e impulsan para dar una rápida solución a esta imperiosa necesidad.

Este tema, en el mundo de hoy, no es una cuestión reservada a intelectuales, religiosos, moralistas o desocupados de la lucha cotidiana sino que muy por el contrario, la solución a esta problemática es la palanca de desarrollo básica para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos.

El mundo tiene índices económicos que evalúan y formulan estadísticas comparativas entre las distintas naciones del planeta respecto de su vocación por el cumplimiento de la ley; me refiero a lo que ha dado en llamarse el índice Riesgo País y el índice de Seguridad Jurídica de las Inversiones. Independientemente de que los programas tendientes a modificar estos comportamientos sociales inapropiados tienen, desde lo más profundo, un basamento ético religioso para algunos; o la razón de la existencia y sustentación de los regímenes democráticos, para otros.

Hoy la globalización del mercado mundial, la necesidad permanente de participar en el mercado de capitales, el flujo de las inversiones que terminan por obra de la securitización en los mercados bursátiles internacionales, exigen sin más dilación posible una rapidísima intervención de los gobernantes, entiéndanse los tres poderes, a través de la implementación de medidas y decisiones que prioricen y ejemplifiquen, mostrando como único camino de conducta social aceptable el estricto respeto a la ley.

Modificar los hábitos de una sociedad no es cuestión de magia, ni de medidas fáciles, ni de cercenar las libertades individuales, ni de poner límites al ejercicio de los derechos humanos. Hay una solución exitosa que fue llevada a cabo por varias naciones y que consistió en establecer un programa conjunto de medidas que atacaran el problema en todos los sectores de la sociedad.

La primera fue el establecimiento de un programa educativo donde desde el inicio de los estudios en el primer grado de la escuela primaria hasta el último año de la universidad, se estableció el dictado de materia o materias que ilustraban la permanente necesidad como objetivo del sistema democrático, la carga pública que tiene todo habitante de conocer la ley, cumplirla y exigir el cumplimiento por parte de los restantes conciudadanos.

La segunda fue el desarrollo por parte del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de un claro mensaje en todos sus fallos: que el respeto a la ley sin excepciones de ninguna naturaleza, léase riqueza personal, poder político, religioso, intelectual o de parentesco, es el sustento y columna vertebral del orden jurídico positivo de la Nación.

Tercero, la conformación inmediata de una comisión en el Poder Legislativo que deberá proponer y promover el dictado de normas en todos los campos que hacen a la vida de la Nación para que el valor supremo del respeto a la ley tenga en la conciencia de los habitantes un estado de inserción tan profundo y casi vegetativo como el amor a la madre.

Si se lograra esto en un rápido lapso de tiempo, las estadísticas de Seguridad Jurídica y Riesgo Político de las naciones sufrirían un gigantesco cambio. Las brechas desaparecerían. Los coeficientes se igualarían. Provocando a la brevedad el efecto primordial que es la desaparición de los horrorosos índices de injusticia social que se observan en forma paralela en todas aquellas naciones donde las reglas son la falta de respeto a la ley y su correspondiente impunidad. Cuando nadie nos mira, la ley nos está mirando.

*Profesor de la UBA y la UADE.


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