Tierra y vivienda

Por DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar

Inevitable como una ola que rompe en la playa, la crisis habitacional que afecta a Bariloche irrumpió en los discursos del poder político local, que buscó dejar en claro que allí está «el» gran problema que hoy tiene la ciudad.

Pero esa aparición no debería tomar por sorpresa a nadie, ya que la ola no creció de la nada, sino que se fue retroalimentando durante años con la ausencia del Estado y la especulación inmobiliaria multiplicada por el buen momento del turismo.

Si no lo experimentó en carne propia, cualquier vecino conoce historias sobre alquileres que se triplicaron en un par de años y volcaron a cientos de familias al amontonamiento en espacios más estrechos, la usurpación o la mudanza forzada a la ciudad de origen.

La displicencia de los gobiernos de turno (no sólo el municipal, sino también en Viedma y Buenos Aires) se traduce en la adjudicación de escuálidas «cuotas» en los planes de vivienda, que no alcanzan a satisfacer una mínima porción de la demanda, y lo que es peor, se pierden y derivan hacia otras localidades porque en Bariloche «no hay tierras disponibles».

Para quienes no llegan a una vivienda de plan, el Estado dice tener «soluciones habitacionales». Pero ocurre que, según el IPPV, el cupo asignado a Bariloche sigue en espera porque las licitaciones quedaron desiertas y el municipio «no remitió proyectos» para ejecutarlos por cuenta propia.

Aun así, el intendente Alberto Icare en la última semana se mostró preocupado por el déficit habitacional y dijo que es «el principal problema que hoy enfrenta Bariloche, mayor todavía que la desocupación». Está visto que hoy tener trabajo estable, incluso con un salario por encima del límite de pobreza, no alcanza para garantizar un techo digno.

Una medición de la Fundación Bariloche determinó que la desocupación hace un año en esta ciudad era del 6,15%. Hoy la situación tal vez sea algo mejor. Pero no hay relevamientos que den cuenta sobre la demanda de viviendas, que ni por asomo está limitada a las clases populares.

El IPPV no tiene registros sobre su universo potencial a atender en Bariloche y el director de Desarrollo Social del municipio, Gustavo Martínez, dijo que tampoco tiene una cifra estimativa sobre el déficit de viviendas y reconoció que sería indispensable contar con un estudio específico.

Pero evidentemente las decisiones del municipio no avanzan por ese lado. Haciendo un poco de historia, a muchos les sonará familiar el proyecto de crear un «banco de tierras». Icare lo menciona en cada discurso anual ante el Deliberante, pero el banco sigue sin echar a andar. Tampoco hay políticas orientadas a forzar una mayor oferta inmobiliaria ni la construcción masiva de viviendas para sectores medios y bajos.

El municipio tiene en el presupuesto de este año 1 millón de pesos destinados a la compra de lotes con destino social y todavía no avanzó en un proceso licitatorio para darles rápido destino.

El intendente reconoció un atraso en ese punto. En cambio prefirió concentrarse en denunciar las usurpaciones promovidas desde una supuesta «cooperativa de viviendas con intereses políticos» y en promover un acuerdo con la CEB para negarles la conexión de luz a los ocupantes irregulares.

No parecen medidas interesadas en llegar al corazón del conflicto sino más bien en ajustar mejor la tapa de una olla a presión.

Tremendista, tiempo atrás, el secretario de Gobierno Adolfo Fourés advirtió que no está lejos el día en que Bariloche aparezca sembrada de «piquetes de clase media protestando contra el abuso de los alquileres». Lo dijo protestando por la falta de ayuda nacional y provincial para resolver el problema.

Con tantos pases de pelota, uno se marea. Pero como ocurre con otros dramas emergentes como el desempleo estructural, la falta de tierras y viviendas reconoce culpas compartidas.

Y lo grave es que la ausencia del Estado, presentada como inevitable en los años de crisis y endeudamiento, no se revirtió un ápice con el advenimiento de las «vacas gordas».

Cualquier especialista en políticas sociales sabe que el déficit habitacional consolida y naturaliza la exclusión. Porque impide acceder a un buen empleo, propicia el fracaso escolar, multiplica los problemas de salud y hasta potencia los casos de violencia familiar.

Pretender que un reparto justo y ecuánime de la tierra surja del libre fluir del mercado es una ingenuidad comprobada.

Y que el Estado siga sin intervenir pese a la gravedad de la crisis –más aun cuando tiene recursos y superávit operativo– no es una distracción inocente, sino una opción ideológica que consagra injusticias imposibles de revertir por otra vía.

El actual estado de cosas no será fácil de conmover, y menos desde el municipio, pero aun así existe un vasto campo de acción que hasta ahora fue claramente despreciado por falta de diagnóstico y de objetivos claros.