Tierras de Las Grutas, conflicto de millones de pesos

PEDRO CARAM

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Valen cientos de miles de dólares. Están situadas en sitios paradisíacos en la costa del golfo San Matías. Pero en estos días, varias viviendas podrán ser demolidas por la Municipalidad que detectó irregularidades en su construcción y que pretende sentar un precedente que evite que otros inversores intenten empezar a desarrollar o seguir llevando a cabo emprendimientos en esa zona en conflicto.

El Deliberante rechazó las apelaciones de los cuatro infractores que concretaron obras sin respetar las normas vigentes y habilitó de esta manera al juez de Faltas y al Ejecutivo Municipal a proceder con la demolición de las valiosas viviendas ubicadas al sur de Las Grutas, en las tierras que tanto el Municipio como la familia Tarruella reclaman para sí.

¿Cómo se llega a esta inédita decisión?. ¿Cuáles son los antecedentes de esta puja de intereses que podrá derivar en la demolición de cuatro casas de lujo?. ¿Qué podrá pasar a partir de ahora con un litigio que se prevé interminable?. Litigio que condiciona el desarrollo urbano y turístico de Las Grutas y que pone en riesgo para la comunidad más de 400 hectáreas frente al mar, en un sector que el Plan de Ordenamiento Territorial establece como potencialmente urbanizable o de urbanización diferida.

«Río Negro» ha investigado este tema desde que el conflicto por las tierras salió a la luz, en marzo de 2000. Siete años pasaron ya desde que Raúl Tarruella, asesorado por el hasta quince días antes presidente del Superior Tribunal de Justicia, Nelson Edgar Echarren, decidiera alambrar una amplísima superficie situada entre el camino a El Sótano y el mar, a lo largo de unos 10 kilómetros. ¿Por qué el hombre que va para los 70 años tomó esa determinación en un área que hasta ese momento todo el mundo consideraba fiscal?.

Su padre, don Eugenio Tarruella, ocupó el campo donde hoy está Las Grutas desde 1935 y obtuvo derechos por su permanencia efectiva sobre toda esa tierra. Pero en la década del 60, cuando comenzó el asentamiento urbano y el ex intendente Celso Rubén Bresciano y un grupo de vecinos proyectaron allí una villa con futuro turístico, don Tarruella empezó a ceder sus espacios a cambio de otras tierras.

Tras el fallecimiento del ganadero, la sucesión siguió cediendo derechos al Estado y vendió a la familia Villaverde todo lo que hoy es el club de golf y el campo La Paloma, mientras que a la urbanizadora Golfo San Matías le vendió la franja de terrenos que hoy conforman su loteo, al noroeste de Las Grutas y toda la ex

tensión de Playa Serena hacia el sur, camino al Sótano, del lado opuesto del camino en relación a la franja que hoy está en litigio.

Los hermanos Tarruella reniegan de aquellas transacciones que, dicen, fueron perjudiciales para ellos. Y a lo largo de los años siguieron con sus reclamos por compensaciones por parte de la provincia y el municipio.

Los expedientes municipales, muchos desordenados por el paso de los años, establecen que en 1974 los Tarruella recibieron 54 lotes en zona urbanizable y cerca de los servicios por la cesión de los últimos derechos que poseían sobre las tierras costeras alejadas del casco urbano. Hoy los hermanos y sus patrocinantes niegan esos acuerdos.

En 1993, el entonces intendente Carlo Carassale, con ánimo de ponerle fin a los permanentes reclamos -por compensaciones, mensuras y otras demandas de la sucesión- decidió otorgar 10 lotes urbanos, en pleno barrio Bucha Laufquen -el más codiciado de aquel momento- para ser divididos entre 5 hermanos. «Se los dimos de lástima», recordaba a este medio el 3 de mayo de 2000 un funcionario de la época de Carassale.

Pero esa cesión supuestamente definitiva dio origen a un nuevo reclamo. Tres años más tarde, uno de los hermanos -Eugenio (hijo)- rechazó ese acuerdo del 93 – ya que decía que sus dos lotes estaban en un bajo- y, enemistado con el resto de la sucesión, reclamó ante la comuna.

El entonces intendente Wálter Zonco y su asesor legal, el hoy legislador Javier Iud, dieron curso al pedido y trasladaron la inquietud a la Provincia -que todavía tenía dominio sobre esa tierra- para que resolviera el entuerto. Un problema que en realidad, para los funcionarios de la gestión anterior ya estaba cerrado y archivado.

En un trámite sorprendente por su celeridad, en vísperas de Navidad, Zonco, el entonces ministro de Economía Horacio Jouliá y Eugenio Tarruella (hijo) se reunieron para suscribir un convenio por el cual la provincia cedía 60 hectáreas al heredero y 405 al Municipio.

Cuando el resto de los hermanos tomaron conocimiento de ese acuerdo, buscaron asesoramiento y, con el patrocinio de Echarren, decidieron tomar posesión de la tierra que la provincia otorgó a la Municipalidad.

Esas tierras hoy son objeto de un conflicto de derivaciones insospechadas en el que hay en juego millones de dólares.