Todo tiene que ver con todo



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Mirando al sur

Hasta los más experimentados analistas encuentran dificultades a la hora de explicar en pocas palabras los principales contrastes que exhibe la economía argentina al cabo de los primeros 17 meses de gobierno de Mauricio Macri. De ahí que sea necesario recurrir permanentemente a los datos macroeconómicos para entender algunos fenómenos de la economía real o viceversa y llegar a la palmaria conclusión de que todo tiene que ver con todo.

Varios indicadores contribuyen a alimentar la confusión, porque casi todos incluyen un “pero”. Por caso, la actividad económica dejó técnicamente atrás la recesión a fin del 2016, pero tarda en repuntar en lo que va de este año. Además la recuperación es heterogénea, con subas en el sector agropecuario pampeano no afectado por inundaciones y la construcción de obras públicas (principalmente viales), pero sin que alcance hasta ahora a la mayoría de ramas industriales. De ahí que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde mensualmente el Banco Central, los pronósticos de crecimiento del PBI hayan descendido al 2,7% anual en abril, frente a la previsión oficial de 3,5%.

La inflación, a su vez, podría bajar a casi la mitad en comparación con el año anterior, pero al cabo del primer cuatrimestre ya acumuló un salto del orden del 8%; y la estimación de 21% anual para el 2017 incluida en el REM se ubica 4 puntos por encima del 17% fijado como techo por el BCRA. Para que se cumpla esa meta, de aquí hasta fin de año el índice inflacionario debería registrar aumentos promedio no superiores al 1% mensual.

En el repunte inflacionario tienen mucho que ver (no menos de un tercio) los ajustes de tarifas de electricidad (febrero-marzo) y gas natural (abril), principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde registraban los mayores atrasos en términos reales. Probablemente este impacto se atenuará a partir de este mes (si bien habrá un alza de 23% en agua) y, en especial, en las estadísticas de precios de julio, cuando el Indec comenzará a difundir el nuevo IPC Nacional. Este indicador incluirá un nivel general para todo el país y para cada una de seis grandes regiones: Patagonia, Pampeana, NEA, NOA, Cuyana y el AMBA, que en este caso pasará a tener un subíndice propio al igual que las demás. El BCRA ya anticipó que para monitorear la inflación en la segunda mitad del año utilizará el IPCN, donde el impacto tarifario pesará menos en el nivel general. Pero aun así ya está previsto otro ajuste de luz y gas para después de las elecciones de octubre, dentro del sendero de dos aumentos por año hasta el 2019 fijado por el Ministerio de Energía.

Esta política de aumentos reales de tarifas (por encima de la inflación) es la contracara de la reducción de subsidios estatales a la energía, que por ahora es la principal (si no la única) vía para contener el aumento del gasto público nacional. Pero los mayores pagos de facturas de electricidad y gas se restan de otros gastos familiares, con lo cual se deprime el consumo, a la vez que representan un mayor costo para las empresas que, si no pueden absorberlo, trasladan a precios. Según CAME, las ventas minoristas bajaron 6,6% interanual en abril, lo cual revela que el último ajuste automático de jubilaciones y planes sociales no tuvo demasiado impacto sobre el consumo.

Para evitar que la inflación apunte para arriba en los próximos meses, cuando además se negocian las paritarias en los principales gremios del sector privado, el BCRA reforzó en abril la suba de las tasas de interés (hasta 26,25% anual a 7 días), ubicándolas por encima de la expectativa inflacionaria. Pero esta política de dureza monetaria (aunque sea transitoria) enfría la actividad económica, ya que absorbe excedentes de pesos que podrían volcarse al consumo o la inversión productiva.

Aquí hay una relación de causa-efecto no siempre visible: el BCRA debe emitir pesos no tanto para financiar el déficit del Tesoro (para lo cual se fijó un tope de
$ 150.000 millones en el presupuesto nacional para el 2017), sino para comprar parte de los dólares del endeudamiento externo que contraen la Nación y varias provincias para cubrir sus propios déficits fiscales y hacerse de pesos para atender los pagos. Según cálculos del Estudio Broda, hasta comienzos de mayo de este año el gobierno nacional llevaba colocados u$s 7.400 millones de deuda en los mercados externos y ocho provincias (con Buenos Aires a la cabeza) un total de
u$s 3.500 millones. Por su parte, el BCRA debió emitir en el primer cuatrimestre unos 88.000 millones de pesos para comprar aproximadamente la mitad de esas divisas, ya que si éstas se liquidaban en el mercado cambiario se desplomaría la cotización del dólar. Pero para evitar presiones inflacionarias, también se ve obligado a absorber luego los pesos que no demanda el mercado elevando las tasas de interés. En abril, el stock de Lebacs y pases pasivos superaba los $ 900.000 millones, que equivalen al 114% de la base monetaria. Con ingenio, Broda sostiene que esta política equivale a encender la calefacción para subir la temperatura de la economía y al mismo tiempo el acondicionador de aire para enfriarla.

Pero eso no es todo. En el mercado cambiario sobra oferta porque a las cifras consignadas anteriormente deben sumarse otros u$s 7.200 millones liquidados en lo que va del año por los exportadores de granos y el complejo sojero, más u$s 9.660 millones del pago por única vez del impuesto especial del blanqueo. A su vez, las altas tasas de interés de pases y Lebacs frente a un dólar virtualmente “planchado” estimulan el ingreso de capitales especulativos de corto plazo (alrededor de u$s 1.200 millones en el primer trimestre). Y esta clásica “bicicleta” para obtener altos rendimientos en dólares (rebautizada ahora como carry trade) agudiza el deterioro del tipo de cambio real frente a la inflación. Según la Universidad de Belgrano (UB), ya se diluyó la devaluación de diciembre de 2015 y el atraso cambiario real llega al 27,1% con respecto al fin del cepo, “como si la devaluación de entonces –agrega– hubiera consistido en llevar la cotización de la divisa de 9,75 a 10 pesos”.

Por otro lado, semejante oferta minimiza además la demanda de dólares, que no ha sido precisamente escasa: en el primer trimestre, las importaciones (FOB) crecieron 12,8% (a u$s 11.800 millones) y hubo compras por u$s 3.000 millones para turismo en el exterior y de casi u$s 4.800 millones para atesoramiento de divisas.

En resumen, el problema central está en la magnitud del déficit fiscal que, según el presidente Mauricio Macri, “resulta insostenible a mediano plazo”. Tiene razón. El problema es que cómo encaminarlo depende mayormente de la Casa Rosada.

La actividad económica dejó técnicamente la recesión. Sin embargo, tarda en repuntar y es heterogénea, con subas del sector agropecuario pero sin alcance en las ramas industriales.

La inflación está a la baja, pero superará las metas oficiales. El atraso cambiario ya diluyó el efecto de la devaluación. El problema central sigue siendo el déficit fiscal.

Datos

La actividad económica dejó técnicamente la recesión. Sin embargo, tarda en repuntar y es heterogénea, con subas del sector agropecuario pero sin alcance en las ramas industriales.
La inflación está a la baja, pero superará las metas oficiales. El atraso cambiario ya diluyó el efecto de la devaluación. El problema central sigue siendo el déficit fiscal.

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