Trabajadores denuncian vaciamiento en Desarrollo Social

GREMIOS

Los trabajadores de la delegación Andina de Desarrollo Social, nucleados en ATE Bariloche, iniciaron este viernes un plan de lucha progresivo para exigir respuestas concretas del ministro Ricardo Arroyo y del gobierno provincial por la falta de políticas activas e insumos para atender a la población vulnerable.

Durante la asamblea y movilización realizada esta mañana, frente a la sede de la delegación, los operadores denunciaron la precarización laboral que soportan y la persecución gremial a la que son sometidos por su condición de afiliados. No descartaron llegar al paro para exigir respuestas.

El secretario General de ATE Bariloche, Germán Santamaría, informó a “DeBariloche” que la carencia de insumos para la atención de los niños y adolescentes internados en los hogares Caina es acuciante y que la mayoría de los programas están “frenados” por falta de recursos.

“Proveer un kilo de milanesas para 20 chicos es una locura y los fines de semana los operadores ponen plata de su bolsillo para comprar alimentos para los chicos” relató el dirigente sindical que aseguró que “hace un año que no entra un subsidio”.

La declaración de alerta y movilización, que tiene idéntico alcance en toda la provincia, se resolvió ayer (11 de setiembre) luego que el ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, suspendiera la audiencia acordada con el gremio para este viernes.

Santamaría señaló que es la tercera vez que Arroyo suspende audiencia y deja sin respuesta a los trabajadores y destacó que “hay un vaciamiento total de las políticas de Desarrollo Social y no los operadores salen a hacer el relevamiento de población con adicciones, de viviendas o nutricionales y después no se puede dar respuesta a las necesidades”.

La delegación Andina limitó la atención de las necesidades en Bariloche y Dina Huapi a unas 220 personas por la carencia de recursos y personal para dar respuesta a más casos, pero se estima que la población vulnerable duplica ese número. Solo para asistencia alimentaria hay unas 300 personas en lista de espera.

Los operadores también se quejan por la falta de delegado en la Zona Andina, donde el cargo fue cubierto interinamente con un trabajador contratado, Nicolás Riquelme, que no puede dar respuesta a la mayoría de los reclamos.

La sindicalista Valeria Chueri señaló que “Riquelme es un coordinador técnico pero a la hora del funcionamiento concreto dice no tener respuesta del ministerio y ni siquiera le contestan los teléfonos”.

En relación a la persecución gremial, Santamaría confió que a los trabajadores que no firmaron la planilla interna de actualización de datos laborales y filiatorios no se les pagó el plus de indumentaria.

“Esa planilla viola la ley sindical porque le pregunta al trabajador si tiene algún cargo gremial y fueron varios los que decidieron no firmarla por considerarla persecutoria y se los excluyó del pago del plus, lo que en definitiva es una extorsión”, opinó.

DeBariloche