Trabajo infantil, una realidad difícil de abordar

“Queremos visibilizar cada vez más el rechazo al trabajo infantil, que a partir del 2003 retrocedió fuertemente”, con la creación de las comisiones provinciales para la erradicación del trabajo infantil (Copreti) en cada provincia y de mesas locales. Así lo aseveró Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Miteyss), al recordarse el mes pasado el día internacional de lucha contra semejante problema.

“Se hacen esfuerzos todos los días para que la Argentina sea un país sin trabajo infantil”, publicitó. En realidad, hace años que viene proclamando que los chicos que trabajan, en vez de estudiar y jugar, quedan en “desventaja social”.

En el 2004 se creó la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), dependiente de la cartera a cargo del ministro. Luego se conformaron 23 Copreti en el país, lo cual confirió al problema un carácter federal.

La “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente”, dispuesta por la ley 26390 del 2008, elevó la edad mínima de admisión al empleo a 16 años para cualquier tipo de actividad, con o sin fines de lucro, y prohibió que los menores de 18 incursionaran en tareas peligrosas, riesgosas, nocturnas o insalubres.

En el 2011 se promulgó la ley 26727, por la que se modificó el “Régimen de trabajo agrario” y dispuso prohibir la ocupación infantil y proteger la de los adolescentes. El artículo 64 obliga a los empleadores a habilitar espacios de cuidado y contención adecuados para que los niños permanezcan allí durante las jornadas laborales de sus padres.

Tomada propuso “intensificar los compromisos concretos” en la Primera Conferencia Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil-Mercosur, en junio del 2012, y destacó que empresas privadas los habían asumido.

El Senado de la Nación, el 20 de marzo del 2013, por la ley 26847 de “Penalización del trabajo infantil”, incorporó el artículo 148 bis al Código Penal, con condenas de 1 a 4 años de prisión a quienes explotaran laboralmente a los menores.

La ley 26844 de “Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares”, se promulgó en abril del 2013 y prohibió ocupar a menores de 16 años.

Organizada por la cartera laboral junto con la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, este año se insistió en que era una cuestión de “protección social integral”. Pilar Rey Méndez, presidenta de la Conaeti, argumentó que eso implicaba una mayor articulación de las acciones de erradicación y las políticas más generales, como “la asignación universal por hijo (AUH) y el fortalecimiento del empleo para los adultos”. No faltaron opiniones críticas, como que “la AUH no es un plan social sino un derecho a la protección social que el Estado está obligado a garantizar a partir de los tratados internacionales firmados”, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que figuran en el artículo 75º de la Constitución. El proyecto original de la AUH se atribuyó a las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca, años antes de que lo hiciera suyo el gobierno kirchnerista.

Rey Méndez recordó que “desde el 2005 la Conaeti se incorporó al sector salud y eso contribuyó a la disminución de los índices de trabajo infantil”. En ese sentido, se diseñó un circuito de información para detectarlo e informar de manera automática e inmediata tanto a la cartera laboral como al Ministerio de Salud.

Para el Miteyss, el trabajo infantil prohibido, en el tercer trimestre del 2012, comprendía el 3% de los chicos de 5 a 15 años, con una incidencia que disminuyó, al igual que en las actividades para el autoconsumo del hogar y las tareas domésticas intensas, según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna) y el Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Mannya) del Miteyss, respectivamente.

La Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) encaró desde el 2010 el programa “Jardines de cosecha”, con la “Red de empresas contra el trabajo infantil” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Apuntó a mejorar las condiciones materiales del grupo familiar y responder a la demanda de las mujeres que cosechaban tabaco, que no disponían de lugares adecuados para dejar a sus hijos y se veían obligadas a llevarlos con ellas o dejarlos con un hermano y hasta solos, con lo cual restringían sus propias autonomías y ponían en riesgo la salud y el desarrollo de los chicos que quedaban expuestos a innumerables peligros. Aseguran que “Jardines…” permite que los chicos no trabajen ni se encuentren en situación ocupacional, por lo que pueden jugar, descansar y aprender.

Cuando Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la cartera laboral organizaron una jornada contra el trabajo infantil, Luis Pagani, presidente del grupo Arcor, destacó “la responsabilidad de las empresas para contribuir al respeto y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes”, por interpretar que ésas son “las etapas más determinantes en las vidas de las personas”. Con ese convencimiento, planteó que “efectivizar los derechos de la infancia es beneficioso para toda la comunidad y tiene un carácter social, cultural, político, económico y ambiental”.

La cartera laboral, a través de la Conaeti, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueven desde el 2012 el “Proyecto local de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente y promoción del diálogo social”. La iniciativa se apoya en la descentralización de las Copreti hacia los municipios y las acciones se ejecutan en estos últimos con apoyo de una mesa nacional integrada por representantes de las tres secretarías del Miteyss; del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea); del Ministerio de Educación de la Nación; de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; de las carteras del Interior y de Salud; de la Secretaría de Ambiente; del sector sindical; la OIT y Unicef. Se acordó que cada mesa local promoviera “estrategias para la creación y sostenimiento de centros de atención y cuidado infantil y espacios recreativos y/o deportivos para adolescentes y fortaleciera los ya existentes”.

Tomada agradeció los compromisos de la OIT y de Unicef y la articulación con todos los actores sociales. “La salud de un chico se ve severamente afectada cuando su cuerpo es sometido a tareas desde la temprana edad –reconoció–, provocándole daños irreversibles que interfieren en su desarrollo y que a futuro seguramente le generarán impedimentos para obtener trabajos calificados y bien remunerados en su etapa adulta”. Insistió en que se trata de “la forma más perversa de trabajo no registrado y afecta todos los derechos de la infancia, por lo cual hacer trabajar a los niños es un delito en nuestro país”.

En el Miteyss destacaron que se impulsaron políticas de protección social y promulgaron leyes como la del “Estatuto del peón rural”; el “Régimen de empleados de casas particulares”; de “Promoción de trabajo registrado”, y de penalización de la problemática.

En la apertura del 18º encuentro nacional de Copreti, en el 2013, Tomada atribuyó a “la ampliación de los beneficios de seguridad social el hecho de que se fortaleciera la educación y asegurara un piso mínimo de ingresos a través de la AUH y el aumento de la cobertura de niños y adolescentes”. En el 19º encuentro, el 22 de junio pasado, se acordó avanzar con acciones y políticas concretas, como las encaradas en Bahía Blanca y Mar del Plata, Machagay (Chaco) y Tupungato (Mendoza) y se anunció que se sumarán Concordia y Paraná (Entre Ríos) y Embarcación y Cerrillos (Salta). Para ello se crearán mesas locales con representantes estatales y de empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales; se efectuarán diagnósticos sobre las situaciones de cada municipio (focalizados en determinadas modalidades de trabajo infantil o en el problema en general) y se realizarán diseños conjuntos entre mesas locales y actores nacionales y provinciales. Hasta se aludió a la creación de espacios de atención y cuidado para niños/as y de recreación y de deportes para los de 12 a 16 años en las áreas agrícolas, pensándose en “la descentralización y la federalización en el sentido más efectivo”, porque “nadie más que los intendentes conocen los problemas y cómo resolverlos”.

Andrés Franco, entonces representante de Unicef en la Argentina, expresó “el reconocimiento al gobierno por reducir los índices de trabajo infantil” y comprometió el acompañamiento del organismo en el avance sobre la territorialidad, por interpretar que “los municipios necesitan de manera urgente de nuestra atención ya que son el último eslabón con las personas destinatarias de las políticas que la Argentina implementó de manera exitosa”.

Miguel Angel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Miguel Angel Fuks

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