Trabas para asistir a «perjudicatarios»

VIEDMA (AV)- Un Programa de Asistencia Técnica a Adjudicatarios del Banco Hipotecario, creado mediante la Ley provincial Nº 3.942, corre peligro de que se vuelva inaplicable por una serie de trabas de orden práctico, según revelaron fuentes oficiales.

La Legislatura rionegrina había votado favorablemente esta iniciativa en abril pasado con el objetivo de elaborar estudios contables y financieros de los montos abonados por unos 3.500 «perjudicatarios», determinar si éstos cubren la deuda oportunamente contraída y evacuar todas las consultas que realicen dichos adjudicatarios.

La investigación debiera estar a cargo de un cuerpo de profesionales integrado por un director -abogado o profesional en Ciencias Económicas-, tres abogados y dos contadores. La ley vigente indica que el director tendrá como funciones coordinar los trabajos interdisciplinarios, emitir resoluciones que reflejen las conclusiones a las que arribaron los profesionales en los trabajos interdisciplinarios según el requerimiento de los adjudicatarios, encomendar dictámenes y estudios a los profesionales que integran el cuerpo de trabajo del programa.

Los estudios deberían hacerse sobre solicitudes de los adjudicatarios para créditos obtenidos con anterioridad a 1991.

Si bien funcionarios del Ministerio de Hacienda están trabajando en la reglamentación de la norma, trascendidos oficiales indican que será difícil convocar a tantos profesionales, y por otro lado llevará mucho tiempo definir una liquidación al actual plantel -reducido- con que cuenta la Dirección de Comercio, y que figura en la norma como autoridad de aplicación.

Los voceros explicaron que el dictamen redactado no tendrá ningún efecto legal de cara a una eventual negociación con el banco, salvo que luego el «perjudicatario» haga una presentación ante la justicia civil.

El programa se podría complementar con gestiones iniciales como el Informe Final de la Comisión Técnica creada para estudiar la problemática y negociar con el banco, lo que también sirvió para que el entonces legislador Iván Lázzeri (UCR) elaborase un proyecto de ley autorizando a los adjudicatarios a litigar sin gastos contra el banco.

Ante esta situación se abrió una instancia negociadora pues el banco amenazó con cerrar sucursales en la provincia si se sancionaba dicha norma en forma definitiva y cortar las líneas de créditos en el ámbito provincial.