Tras 10 años, el horizonte de Hiparsa no aparece

Desde 1993 la provincia ya envió alrededor de 20 millones de pesos.

SIERRA GRANDE (AV)- Más de 20 millones de pesos lleva invertidos la provincia en el sostenimiento de la empresa Hiparsa desde su creación en 1993, cuando la heredó de la gestión Menem. El latido del complejo ferrífero oscila entre las sombras del pasado y una escasa luz para el futuro, pues las buenas intenciones sobran, pero la grave crisis económica que atraviesa la Argentina no es la mejor carta de presentación para mostrar en el exterior.

Las rocas de hierro que datan del período Paleozoico y el neurálgico pique central que llega a los 400 metros de profundidad están a la espera. Con el correr de los años el mineral extraído, y que está para venderse, se fue solidificando a la espera de que Santa Bárbara, como patrona de los mineros, traiga una luz de esperanza.

Desde su provincialización, el Estado derivó la mencionada cifra al complejo-según las estimaciones oficiales- mientras las diferentes conducciones admiten ventas de bienes y mineral para subsistir. También, se implementó un esquema turístico que actualmente acumula más críticas que adhesiones.

Casi en consonancia con el trabajo al 20% de sus posibilidades, volvieron a reflotarse las denuncias por un eventual desguace que estaría sufriendo el complejo. Tanto el ex interventor Edgardo Corvalán como el actual presidente del directorio, Ernesto Urcera, salieron a poner paños fríos. Ambos coinciden en señalar que nunca se sacó algún bien que pueda poner en riesgo el funcionamiento del complejo hasta una futura venta.

El primero reconoció haber vendido dos palas mecánicas a Sefepa y el DPA, mientras que Urcera haber entregado escritorios en comodato y construir juegos infantiles para una plaza de Cona Niyeu.

Sin embargo, cobró cuerpo un informe oficial en el que señala que antes de la transferencia del complejo a la provincia «fue entregando a precios viles y acomoda-do a los mejores intereses de los amigos del gobierno nacional de turno» importantes bienes patrimoniales. Se mencionan en el informe 33 camionetas, 15 tractores, camiones mineraleros, palas cargadoras y 11 jumbos (chatas con taladros neumáticos). Urcera apuntó que «nos encontramos con máquinas «canibalizadas» y camionetas que ni siquiera pasan la verificación técnica vehicular». También admitió haber vendido chatarra por 35.000 pesos que sirvió para la compra de un colectivo de transporte de personal.

Situación actual

En la actualidad, la empresa vive de unos 60.000 pesos mensuales que le envía el gobierno provincial, y de la venta de chatarra, de unas 140.000 toneladas (1.500 por mes) de preconcentrado de hierro que se entregan a Petroquímica Comodoro Rivadavia para el endurecimiento del cemento que fabrica, a razón de unos 18 pesos más IVA la tonelada. También entregan unas 200 toneladas mensuales a Yacimientos Carboníferos Fiscales para que los emplee como aditivo en la fabricación de carbón, reportándole un ingreso de casi 33 pesos más IVA por tonelada.

De las 117 personas que contaba el complejo cuando asumió Urcera, quedan 48 trabajando, como consecuencia de que se pusieron en marcha diversos planes de retiros voluntarios. De 16.000 pesos mensuales que se abonaban por consumo energético hubo una reducción a la mitad, priorizándose el uso de las bombas que están bajo mina en funcionamiento permanente para que no se inunde, y el funcionamiento de ventiladores que inyectan aire. A criterio del directivo «el túnel es el alma del complejo minero, por lo tanto tenemos que cuidarlo, y dentro de todo la empresa está bien». Se clausuraron las oficinas de Bue-nos Aires y Viedma, y sobre los 8.000 pesos que costaba la confección de balances se cortó el contrato con los cuatro profesionales de la capital federal y se hizo un acuerdo con un profesional de la localidad por 1.000 pesos.

La salida

La empresa internacional Pry Walter House Cooper, asociada con AIMSA que tiene como uno de sus referentes a Daniel Meilán, ex secretario de Minería de la Nación, será la encargada de buscar oferentes. «Ellos son optimistas, consideran que habría inversores interesados, aunque en las consultas permanentes que hay se está estudiando el momento oportuno para llamar a licitación», afirmó.

Los pliegos de licitación están demorados. Se espera -según el ministro de Coordinación, Gustavo Martínez- que esta semana se envíen a la Legislatura. Igual- mente Urcera aseguró que «hace siete meses que están concluidos».

Las ideas que hay al respecto son que sea concesionada -por el plazo que mejor considere el oferente- el área I que incluye a los 95 kilómetros de galerías subterráneas y plantas de trituración y concentrado, mientras que el área II donde está la planta de pelletización fue delimitada otorgándose 41 hectáreas para que el futuro explotador pueda construir sus propias playas de acopio o ampliar el sector industrial. En cambio, el muelle mineralero se otorgará -puede ser al mismo oferente- co-mo servidumbre para que cualquier otro emprendimiento como la explotación de caliza pueda salir por la dársena, previo pago de un canon de uso de instalaciones.

Haberes e indemnizaciones se llevaron el dinero

La continuidad del complejo de Hiparsa originó un desembolso provincial de más de 20 millones desde que esta se hizo cargo.

La mayoría correspondió al pago de haberes y, ultimamente, una parte importante fueron indemnizaciones al personal (en algunos casos, con títulos).

En sus inicios, la masa salarial superaba ampliamente los 200.000 pesos por mes, para llegar a 1997 con algo más de 140.000 pesos. Este nivel se mantuvo hasta principios del año pasado. Existió una firme decisión política entonces en la disminución de la planta de agentes a partir de que la baja internacional del hierro -según la explicación gubernamental- originó la postergación de la licitación del complejo (convocatoria todavía demorada). El por entonces secretario de Gestión y Coordinación Pública, Horacio Jouliá estimó en aquellos días que la demora de un año originaba un costo adicional de unos dos millones. A mediados de 1999, Hiparsa disponía de 123 agentes -que insumían 117.000 pesos por mes- mientras estimó otros 20.000 pesos por combustibles, electricidad y servicios varios.

Actualmente, los costos salariales son menores pero debe aceptarse una estimación promedio de Economía, que consigna más de 150.000 pesos mensuales en los más de ocho años. Así, ese desembolso del Estado -con aguinaldos- superó los 16,5 millones. La erogación total supera los 20 millones por los aportes para indemnizaciones y otros costos de mantenimiento. (AV)


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