Tras incisiva audiencia, la Corte puede decidir
El Estado cuestionó la “concentración” y el grupo dijo que buscan “desguazarlo”.
La audiencia siguió atentamente las preguntas puntuales formuladas por el máximo tribunal a las partes y a los peritos.
BUENOS AIRES (DyN/Redacción).- La Corte Suprema de Justicia interrogó ayer a los abogados del Estado Nacional y del Grupo Clarín sobre la Ley de Medios en una audiencia en la que el titular del Afsca, Martín Sabbatella solicitó “nunca más concentración” y los abogados de la compañía consideraron que con la norma “lo único que se pretende es desguazar al Grupo”.
El máximo tribunal hizo 59 preguntas y quedó en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad o no de los cuatro artículos de la Ley objetados por Clarín, sobre el límite de canales de cable y la transferencia de licencias, entre otros puntos.
El presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, tuvo un activo rol en las preguntas de la corte, que fueron muy específicas y en varias oportunidades dejaron en zozobra a los abogados de las dos partes. (ver aparte)
La audiencia había comenzado el miércoles y ayer se completó con las preguntas que los jueces le hicieron al Gobierno y a Clarín y con las exposiciones que hicieron las partes.
Con la presencia de todos los ministros de la Corte –excepto Raúl Zaffaroni, quien ayer partió de viaje a Alemania– el secretario del máximo tribunal, Cristian Abritta, hizo todas las preguntas, mientras el presidente Ricardo Lorenzetti repreguntaba.
Los primeros en contestar fueron los abogados de Clarín –17 preguntas– quienes consideraron que la Ley de Medios afecta “la sustentabilidad económica” del Grupo y la “libertad de expresión”. Para el letrado Damián Cassino, en la actualidad “hay muchísima pluralidad de voces” y desgranó la cantidad de medios que existen en Capital como competencia del Grupo Clarín.
Como Lorenzetti insistió en preguntar “cómo afecta la Ley a la libertad de expresión”, las respuestas apuntaron a demostrar que, sin sustentabilidad económica, la libertad de expresión queda condicionada.
Sin embargo, el abogado Damián Cassino tuvo problemas para argumentar sólidamente cómo el mero volumen económico garantizaba la libertad de expresión, y se limitó a sostener que, si se reducía el número de licencias del grupo, éste corría riesgo de ser censurado, ignorando lo que ocurre con medios independientes de menor escala.
En el segundo turno, a los abogados del Estado se los interrogó -36 preguntas– sobre las prórrogas de las licencias en 2005, la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal en 2007 -por un Decreto firmado por Néstor Kirchner- y cómo incide en la libertad de expresión.
Los representantes gubernamentales flaquearon cuando la Corte preguntó si el Estado puede quitar las licencias sin derecho alguno de los perjudicados a plantear su defensa.
Si bien la abogada Graciana Peñafort Colombi, de la Afsca, respondió que “no”, trastabilló al explicar que “la Ley puede restringir el ejercicio de la licencia, pero no significa que el Estado pueda sacar la licencia”.
Otra duda de la Corte pasó por saber si un organismo como la Afsca incumple la Ley, sugiriendo que como no se aplica para Clarín no debe aplicarse para otros y el abogado Daniel Larrache afirmó que “la Ley se aplica desde su sanción en todo lo que puede ser aplicado”.
Peñafort Colombi reconoció que “al momento de la fusión el Grupo Clarín logró concentrar más licencias de las permitidas en ese momento” y consideró que se trata de “un monopolio natural” cuyos problemas “no son susceptibles de ser resueltos con los mecanismos de defensa de la competencia”.
Por último, fue interrogado el perito oficial que actuó en la causa, Néstor Rubén Alessandria, quien dijo que el Grupo Clarín “no” es un monopolio ya que tiene competidores, aunque de menor escala y consideró que su desinversión significaría una “menor prestación y bienestar para el usuario”.
Luego de las preguntas, las dos partes tuvieron 10 minutos para exponer lo que consideren pertinente, tramo en el que se escucharon las exposiciones más políticas. Por el lado de Clarín, Cassino señaló que “lo único que se pretende es desguazar al Grupo. El desguace se da en una situación de hostigamiento con cepo de publicidad privada y pública”, dijo, mientras que Gelli recordó que en el año 2005 el gobierno de Néstor Kirchner dictó el Decreto 527 por el cual prorrogó las licencias audiovisuales.
La consitucionalista precisó que ese Decreto fue ratificado por el Congreso en 2009, después de la sanción de la Ley de Medios, ante lo que se preguntó: “¿Por qué el Gobierno, que ratificó este Decreto, antes de ello sancionó la Ley de Medios?”.
La audiencia la cerró Sabbatella, quien calificó de “escandaloso” el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal y sostuvo que el Grupo Clarín “quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para manipular a la opinión pública y para poner y sacar presidentes” y lo desafió a “presentarse a elecciones y ganarlas”.
Se realizó ayer la segunda ronda de consultas sobre el caso, esta vez con participación de las partes.
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