Tras la intervención, detuvieron al matrimonio Juárez

Sólo horas separaron la aprobación de la intervención de Santiago del Estero en el Congreso, de la detención del matrimonio de Carlos Juárez y «Nina» Aragonés, que llevaba 50 años en el poder en esa provincia.

La intervención quedó sellada ayer por la mañana, tras la media sanción que faltaba del Senado para poner en marcha el procedimiento de normalización que durará 180 días, con la posibilidad de extenderlo un plazo similar.

El ex fiscal federal Pablo Lanusse fue elegido interventor por el presidente Néstor Kirchner, y anoche juró en el cargo en la propia Casa de Gobierno santiagueña. Lanusse era actualmente secretario de Seguridad de la Nación y tuvo una destacada actuación en el caso de la «mafia del oro». Prometió desterrar la «impunidad y la corrupción de la provincia»

El caudillo peronista y la ahora ex gobernadora cumplían desde anoche arresto domiciliario en la residencia de calle Alvarado al 300 de la capital santiagueña.

En forma paralela a la decisión de ordenar el arresto domiciliario de los Juárez, el juez federal Angel Toledo fijó para el 6 y 7 de abril las indagatorias a los dos líderes del PJ local, jaqueados por múltiples denuncias en su contra.

Los Juárez fueron notificados de la detención domiciliaria por el jefe de la delegación santiagueña de la Policía Federal Argentina, subcomisario Luis Zapata, quien dispuso una custodia permanente en la lujosa residencia. Simpatizantes juaristas intentaron evitar que se concretara la notificación de la justicia, aunque no lo lograron.

La medida judicial dispuesta por Toledo, surgió tras el dictamen fiscal de Alberto Pravia, quien pidió la inmediata detención, indagatoria y prohibición de salir de la provincia de «Nina» Aragonés y la de su esposo, Carlos Juárez.

Pravia formuló el pedido al conocer que el ex gobernador Juárez había realizado trámites en la delegación local de la Policía Federal para renovar su pasaporte, lo que incrementó la presunción de una eventual salida del país del matrimonio.

Los abogados del matrimonio descartaron que el objetivo de Juárez haya sido abandonar el país y advirtieron que el ex gobernador aguarda novedades de la justicia con «tranquilidad» pero con «marcada resignación».

En la indagatoria prevista para la próxima semana,

«Nina» de Juárez deberá responder a las acusaciones del Anses por una presunta «estafa» en perjuicio del Estado nacional por el cobro de 505 mil pesos de una jubilación incompatible con la función pública. En otra causa caratulada «robo en poblado y banda», la ex mandataria provincial de 72 años, está acusada de ser la «autora ideológica» del saqueo de la casa e intento de asesinato del diputado nacional justicialista José Oscar Figueroa.

Por su parte, Juárez será indagado por denuncias que lo involucran en las muertes del obispo Gerardo Sueldo y del ex gobernador César Iturre, denunciadas por familiares y abogados que apuntan directamente al caudillo peronista de 87 años y «Nina» Aragonés como responsables de esos hechos.

En las últimas semanas, el matrimonio Juárez acumuló denuncias de muertes, amenazas y la desaparición de 30 personas, entre ellas las del concejal Emilio Abdala, a mediados de 1975, durante la cuarta gestión del líder del peronismo santiagueño.

En tanto, en los Tribunales de Santiago del Estero, el matrimonio de los Juárez, que el año pasado fueron declarados «Protectores ilustres» por la Legislatura provincial, cuentan con causas abiertas por presuntos casos de corrupción, entre ellos un acuerdo con Dinar Líneas Aéreas y la transferencia de Edese.

Con anterioridad y por la mayoría de las causas federales, el juez Toledo había citado a la ex mandataria a una indagatoria, pero se amparó en sus fueros, no se presentó a declarar y cursó pedidos de nulidad que fueron rechazados por la justicia.

Durante la notificación de detención impuesta a los Juárez, se vivió un clima de hostilidad en las inmediaciones de la casa de los Juárez, donde un centenar de adictos entonaron cánticos contrarios al gobierno nacional y a la intervención federal.

En el único incidente, integrantes de la rama femenina del PJ que conduce «Nina» Aragonés, llegaron a agredir verbal y físicamente a la cronista Romina Amor, de Canal 9 de Buenos Aires, que fue sacada del lugar a bordo de un taxi facilitado por la policía, en medio de gritos e insultos. No obstante el fuerte dispositivo de seguridad, algunas enfervorizadas militantes juaristas llegaron hasta el lugar para expresar su apoyo a los Juárez, quienes tras ser notificados del arresto domiciliario, se acercaron a la puerta y saludaron por unos segundos a los simpatizantes.

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