Tras siete años, la “Causa Flavors” llega a juicio oral
Están imputados los legisladores Alfredo Pega y Cristina Uría, la asesora legislativa Adriana Gutiérez (todos ex ministros) y tres empresarios.
Judiciales
La emblemática causa de presunta corrupción durante la última gestión radical en Río Negro llegará a juicio en 2015. Comenzó a investigarse a mediados de 2008, tras denuncias de docentes ante la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que aseguraban que encontraban cables, pelos, heces de ratas en los alimentos que se otorgaban en las escuelas para los comedores y que los alumnos en muchas ocasiones manifestaban malestar estomacal.
La hoy legisladora inició una fuerte ofensiva en la Justicia y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar responsabilidades. El caso provocó una fuerte temblor en el gobierno de Miguel Saiz. El expediente pasó por varias manos de magistrados.
El primero fue Pedro Funes, que ligado al poder del radicalismo evitó acciones profundas. Luego pasaron Juan Bernardi y Guillermo Bustamante que poco hicieron por acelerar la pesquisa. Carlos Reussi reunió pruebas que aportó la fiscal Daniela Zágari y la propia Piccinini en sucesivas ampliaciones.
Las denuncias evitaron que se hicieran nuevas contrataciones del Estado a la misma firma, por montos millonarios. Reussi procesó todos los imputados y, tras su arribo a la Cámara Criminal, el enorme expediente llegó a manos de Favio Igoldi quien esta semana la elevó a juicio oral.
Las miles de fojas que conforman las decenas de cuerpos serán objeto de análisis del Tribunal junto con los testimonios de los cientos de testigos, las probables declaraciones de los imputados y los sucesivos análisis científicos realizados sobre la prueba colectada.
Tres ex ministros y tres empresarios son los acusados en la denominada “Causa Flavors”, relacionada con la compra por parte del Estado de enormes cantidades de alimentos preelaborados cuyas condicionales nutricionales y bromatológicas en muchos casos no eran aptas para el consumo por parte de niños de vulnerables sectores sociales y los de las escuelas rionegrinas, por montos muy elevados, a una firma con diversas irregularidades societarias que además recibió por la tarea exenciones impositivas.
El juez Favio Igoldi cerró la instrucción y elevó la causa a Juicio Criminal contra el ex ministro de Familia, Alfredo Pega y las ex ministras de Salud, Adriana Gutierrez y Cristina Uria, por el delito de estafa en concurso ideal con defraudacion en el cumplimiento de contratos con administración infiel o en perjuicio de una administración pública. En tanto, los directivos de la UTE Masily – Flavors Máximo Vicchi y Javier Matas y el apoderado Daniel Fernández son acusados como coautores del delito de estafa en concurso ideal con defraudación en el cumplimiento de contratos y como partícipes necesarios del delito de administracion infiel en perjuicio de una administracion pública.
Según el juez, desde Flavors “mediante calidad simulada en relación a sus condiciones societarias, solvencia económico-financiera, habilitaciones, aptitudes para contratar y antecedentes empresariales, como asimismo engaño en la calidad de los alimentos ofertados y sus aptitudes nutricionales, habrían defraudado al Estado Provincial, obteniendo de ese modo la adjudicación de las licitaciones generando perjuicios patrimoniales concretos al erario público al abonarse mercadería de dudoso origen, sin registros ni controles del organismo competente, en valores que no se diferencian a los de marcas reconocidas en el mercado, y potenciales detrimentos patrimoniales derivados de la aprobación como proveedor del Estado de empresas carentes de respaldo económico suficiente”.
DeViedma
