Trata en Valle Medio: cuatro policías sumariados

El gobierno admitió que investiga a un ex jefe de Roca y a tres subalternos.




VIEDMA (AV).- El Gobierno busca inclinar gran parte de la responsabilidad a la Justicia, intentando enderezar un caso sobre trata de personas y presunta connivencia entre policías rionegrinos y propietarios de cabarets en el Valle Medio. La causa “madre” cumplirá cuatro años. Un documento del ministerio de Gobierno y Jefatura de Policía revela que se instruyen actuaciones “sumarísimas” sobre empleados policiales involucrados. Se trata de un oficial jefe, dos subalternos y un suboficial, cuyos nombres mantuvieron en reserva. El procedimiento administrativo se instruye en base a una investigación de la Fiscalía Nº 1 y el Juzgado Nº 30 de Choele Choel. Revela que existe “un oficial jefe que oportunamente cumplía funciones en la Comisaría 3º de Roca incurso en la presunta transgresión a faltas disciplinarias gravísimas”. Admite que el origen es un artículo publicado por este medio el 1 de diciembre de 2008 que menciona el supuesto vínculo de un jefe policial con el dueño de un cabaret. Según el área de Seguridad, ese oficial “está a disposición” de la Regional II de Roca y “no tiene función operativa”. Considera que “se espera el avance de la exploración de la Justicia Provincial y de las medidas que adopte para proceder, en virtud de que, sin perjuicio de la investigación judicial, se encuentra en curso el trámite administrativo”. Aclara que “si como resultado del conjunto de trabajos destinados a determinar culpabilidades surge que fuere responsable de hechos denunciados, se actuará con severidad en el marco de las leyes y reglamentos”. Estas aseveraciones fueron incluidas en una contestación a la Legislatura rionegrina por exigencia de los diputados Magdalena Odarda, Martha Ramidán, Beatriz Manso, Manuel Vázquez, Luis Bardeggia y Fabián Gatti. La batería de interrogantes apuntó a determinar qué hicieron el ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía en relación al oficial Gabriel Ormeño (quien colaboró con aquella pesquisa por encargo de la jueza Marisa Bosco); si se realizó un buceo administrativo y auditorías en la Policía ante supuestas obstrucciones en las tramitaciones judiciales o si se produjo abuso de autoridad. También preguntaron qué averiguaciones encabezó esa cartera tras las denuncias de la Defensoría del Pueblo y de la jueza en relación a la trata y supuestos abusos de autoridad. Los legisladores requirieron detalles en cuanto a concreción de “promesas” para combatir este tipo de acciones delictivas, y a cuál es la situación dentro de la Policía de los agentes mencionados en la causa que lleva adelante Bosco. La magistrada había acudido en diciembre de 2007 a Ormeño. Éste fue cesanteado y mantiene un conflicto con el Estado en la Cámara Laboral de Viedma. Entre tantos capítulos fue detenida Lidia González, madre de Ormeño, cuando en el último acto del Día de la Policía en Valle Medio cuestionó al secretario de Seguridad, Víctor Cufré. Los legisladores se inspiraron en esta detención para presentar el pedido de informes contestado en forma liviana y con giros discursivos. La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunció en el ámbito parlamentario que este tipo de delitos “están probados” pero “cuentan con la protección y connivencia de funcionarios policiales”. Señaló en ese sentido al comisario Roberto García, de la Comisaría Tercera de Roca, “ascendido por sus méritos”, y preguntó el motivo por el que Bosco giró las actuaciones a la Justicia Federal mientras había elementos relacionados con el entorpecimiento como para seguir en competencia.


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