Trazar un mapa y luego ir por el camino alternativo

Es la estrategia del gobierno central desde hace una década al elaborar el proyecto de presupuesto nacional. Para el 2015, números que alarman.



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ECONOMÍA NACIONAL

Según el diccionario de la lengua española “presupuesto” es el “conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado período de tiempo”.

En la vida de cualquier organización, con o sin fines de lucro, el presupuesto es el instrumento rector de las finanzas. Funciona como la hoja de ruta que permite administrar correctamente los recursos a fin de alcanzar los objetivos planteados.

En la administración pública la utilidad de este instrumento es exactamente la misma. El proyecto de presupuesto nacional contempla los recursos con los que contará el país y los gastos y erogaciones corrientes y de capital y los enmarca en lo que se prevé que serán las condiciones macroeconómicas para el período fiscal de que se trate.

Tal es la relevancia de esta herramienta para los hacedores de política económica que la ley de presupuesto ha sido calificada como “ley de leyes”.

Pese a ello, desde hace ya una década la modalidad adoptada por el gobierno ha sido la de trazar un plan y caminar por un sendero absolutamente distinto.

La metodología funcionó en años de alto crecimiento, subestimando los recursos en el presupuesto y obteniendo luego ingresos extraordinarios cuando la realidad demostraba que la economía funcionaba mucho mejor en la realidad que en el papel.

Llegada la época de vacas flacas, la modalidad sigue siendo no reflejar la realidad en el presupuesto, pero ahora sobreestimando las principales variables macro, lo que más tarde abrirá las puertas a una conveniente “actualización” que habilite a gastar más allá de lo pautado.

En cualquiera de los casos, finalmente cada año el gobierno transita su política fiscal por una ruta muy alejada del mapa que él mismo elabora antes de partir.

Las proyecciones económicas trazadas por el Ministerio de Economía en el proyecto de presupuesto 2015 son una nueva versión del divorcio entre lo escrito y la realidad.

Un estudio presentado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento (Cippec) hace hincapié en esas discrepancias y obtiene reveladoras conclusiones respecto de la magnitud del incremento potencial en el gasto para el 2015.

A fines del año pasado, al proyectar el 2014, los legisladores pensaron una economía con un crecimiento del 6,2%, un dólar a 6,52 pesos y una inflación anual del 9,9%. Pasados nueve meses, el horizonte muestra que el año cerrará con una caída del 2% en el nivel de actividad, la inflación de los primeros nueve meses llega al 37% y el tipo de cambio oficial marca 8,42 pesos en medio de una fuerte presión devaluatoria, lo que permite pensar, hacia diciembre, en un dólar a 9,42 pesos.

Este año, una vez más los números planteados para el próximo ejercicio fiscal se construyen sobre una fantasía que difícilmente sea respaldada por la realidad. El proyecto que comenzó a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados dice que para el 2015 se espera un crecimiento del 2,8%, una inflación anual del 14,5% y un tipo de cambio oficial de 9,45 pesos.

Se estipula además que los recursos del Estado crecerán un 28%, mientras que los gastos lo harán un 14%.

Además de subestimar los ingresos que, producto de la inflación, crecerán en mayor cuantía, está claro que la estimación del gasto peca de optimismo, especialmente sabiendo que el próximo es un año electoral en el que el incremento del gasto será inevitable. Partidas como asignación universal por hijo, jubilaciones y salarios estatales recibirán inevitablemente una actualización.

El proyecto de presupuesto contempla un déficit fiscal de 49.518 millones de pesos para todo el 2015. Pero, si se toma en cuenta que al cierre del año en curso el déficit llegará a los 166.603 millones, ello significa que para alcanzar lo pautado el año próximo el Estado debería reducir el gasto en un 70%, algo inverosímil.

Sabido es que el país no cuenta con la posibilidad de acceder a financiamiento externo, al menos hasta cerrar definitivamente la saga con los holdouts, con lo cual su única fuente de financiamiento siguen y seguirán siendo en el 2015 los aportes extraordinarios provenientes de las utilidades del Banco Central y las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Según Cippec, el déficit real del Estado el año que viene ascenderá a 183.538 millones de pesos. Pero si se deducen de los recursos estatales los aportes y las rentas extraordinarias del Banco Central y la Anses, el agujero fiscal llega a 390.538 millones de pesos.

Como si ello fuera poco, el proyecto de presupuesto prevé que el Estado nacional colocará títulos a largo plazo por 152.000 millones de pesos. La previsión parece por demás optimista en el marco de la realidad del país en el mercado de capitales. De no cumplirse el cálculo, sin duda el gobierno buscará tomar una vez más los recursos del Banco Central, lo cual sólo será posible incrementando la emisión con la consabida presión que ello genera sobre los precios.

Por otra parte, las administraciones provinciales deberán esperar poco de la Nación en el 2015. Según el proyecto de presupuesto, de los 1.500 millones de pesos que recaudará el sector público nacional el año próximo, sólo 385 millones de pesos serán coparticipados. Ello implica que de cada cuatro pesos que recauda el Estado nacional sólo uno es enviado a las provincias.

Así las cosas, la “ley de leyes” se ha convertido en un documento testimonial que lejos está de ser el rector de la política económica. Por el contrario, la discrecionalidad gobierna sobre el orden y en un año electoral como el 2015 todo hace pensar que, una vez más, la necesidad de incrementar el gasto político será la verdadera directriz. (Redacción Central)

Redacción Central


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Trazar un mapa y luego ir por el camino alternativo