Ultima sesión del año en el Deliberante: suba de un 22% en las tarifas

Además debatirán la adhesión a la ley nacional de conducir y la impersonalidad de la publicidad política.

Hoy a las 20 será la ultima sesión del 2016 que protagonizará el Concejo Deliberante de la ciudad. Sin lugar a dudas el tema fundamental que se tratará es el cuadro tarifario para el año próximo. Además se aprobará el presupuesto 2017. También se buscará adherir a la licencia nacional de conducir, lo cual brindaría importantes beneficios para el personal de transito local. También se tratará sobre la impersonalidad de la publicidad política.

La comisión de Hacienda recibió en su ultima reunión al secretario de Economía y Hacienda, Edgardo Molinaroli, y la directora de Recaudación María Eva Reyes, a fin de asesorarse para definir de cuánto será el aumento en las tarifas municipales para el 2017. Molinaroli consideró que la propuesta tarifaria se ajusta correctamente a lo definido en el presupuesto pensado para el año que viene, acordando un incremento del 22%. Precisó que ese porcentaje de suba garantizará el correcto funcionamiento del municipio y que está en consonancia con lo proyectado a nivel nacional y provincial.

Además, Reyes detalló de manera pormenorizada un ejemplo de cómo se aplicarían las tasas en función de diversas variables consideradas, como lo son servicios y superficies.

Según anticiparon los concejales, la licencia nacional de conducir tendría asegurada su adhesión en la ciudad, ya que los ediles consideraron que los beneficios que ofrece son considerables. Por ejemplo, se pasaría a formar parte de un sistema informático nacional, pudiendo realizar seguimientos en la conducta vehicular de los cipoleños, controlar las transferencias de automóviles, entre otros recursos. Para aplicar esta nueva norma se deberán realizar importantes modificaciones para adaptar el código local a la ley nacional.

Respecto del tránsito, el Deliberante definió mandar a revisión el proyecto sobre el estacionamiento medido, rotativo y pago. Argumentaron que la iniciativa también afectaría a otros códigos en vigencia y pidieron más detalles sobre la licitación y su convocatoria.

Se abordará además el proyecto de impersonalidad de la publicidad política. Amparado en la ley nacional de Ética Pública, sostiene que “la difusión de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los poderes del estado y órganos extra poderes, si los hubiera, deberían tener carácter informativo, educativo, de orientación social no debiendo desnaturalizar tal finalidad”. Lo que busca la iniciativa es que los fondos públicos destinados a difundir actos de gobierno no sean empleados para resaltar atributos personales ni partidarios de los función públicos.


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