Un aborto ilegal que llegó a juicio

Juzgan a una mujer de El Bolsón acusada de interrumpir un embarazo



SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una mujer de 51 años, identificada como Blanca Gallardo, llegó a juicio acusada de haberle practicado maniobras abortivas a una joven que prestó su consentimiento para ello, pero debió concurrir al hospital público cuando una infección puso en peligro su vida. La víctima es una joven madre soltera con dos hijos, que aseguró haber concurrido desesperada a solicitar los servicios de la curandera, a quien habría pagado 130 de los 150 pesos solicitados, para evitar el nacimiento de otro bebé, que desestabilizaría su ya precaria situación de empleada doméstica.

La maniobra abortiva, realizada sin asepsia en una vivienda de El Bolsón, y consistente en la introducción de una sonda plástica en la cavidad uterina por el conducto vaginal, además del sangrado, habrían provocado una grave infección en la mujer, que se vio obligada a denunciar a quien la realizó, pese a las amenazas que pesaban en su contra. El Código Penal reprime con penas de 1 a 4 años de prisión al que causare un aborto con el consentimiento de la mujer, y en este caso, si se llega a un veredicto de condena, la procesada cuenta con ese atenuante a su favor.

La causa que debaten en la Cámara Primera del Crimen se inició el 22 de junio de 2002, cuando la denunciante concurrió a un consultorio médico y luego fue derivada al hospital, porque comenzó a sufrir un proceso febril e infeccioso, y la sonda que le habían colocado -y debía retirar ella misma- s había introducido por completo en su útero. Blanca Gallardo negó su participación en el hecho, aseguró que no conocía a la denunciante, y que en esa fecha estaba en Bariloche, acompañando a una amiga y festejando el cumpleaños de su hijo. La denunciante expuso ante la audiencia que había concurrido al domicilio de Gallardo porque le habían dicho que se dedicaba a realizar abortos, y que había asumido el compromiso de confidencialidad que la maniobra requería. “Me atendió en una habitación, sobre la cama, y me anunció que en unos días comenzarían las pérdidas y que debía retirarme sola la sonda. Dijo que a partir de allí no se conocían, que iba a negarlo, y que si llegaba a hablar mataba a mi hermano o a mis hijos”, refirió la mujer.

A la denunciante le corresponde la misma pena que a quien practica la operación abortiva, pero cuando el hecho motiva la acción pública por propia denuncia de la embarazada, entra en crisis la garantía constitucional de que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.


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