“Un acto de gobierno escandaloso y vergonzante”





La aprobación expedida por el Consejo de la Magistratura, presidido por el gobernador de la provincia, para que el presidente del STJ, Dr. Víctor Sodero Nievas, deje la función pública el 31 de enero de 2013 y que en el ínterin pueda no asistir a sus funciones durante seis meses por compensación de licencias o vacaciones no tomadas constituye un exabrupto que lesiona el sistema republicano de gobierno consagrado en nuestro régimen constitucional sin precedentes. El presidente del STJ no es un mero empleado o un modesto trabajador sino uno de los tres máximos funcionarios previstos por la Constitución como integrantes del gobierno de la provincia, junto al gobernador, titular del Poder Ejecutivo, y al presidente de la Legislatura; es decir, forma parte de la jerarquía máxima del gobierno de la provincia. No nos imaginamos a gobernantes como Perón, Yrigoyen, Frondizi, Illia e incluso a la actual presidenta de la Nación, un gobernador cualquiera o al presidente de la Corte Suprema de Justicia dejando de concurrir a sus despachos durante seis meses por vacaciones no gozadas, lo cual no tiene vigencia ni siquiera en el derecho de trabajo aplicable a trabajadores de la actividad privada. Mucho menos pretendiendo percibir por vacaciones no gozadas. Tampoco imaginamos a un gobernante de bien renunciando a sus obligaciones con varios meses de anticipación –lo que configura un privilegio exasperante– pues, como dijo Mariano Moreno, la renuncia de un hombre de bien es siempre presente e indeclinable. Realmente cuesta aceptar como normal este verdadero atentado a la vigencia de los principios republicanos que se supone deben regir todos los actos de gobierno, que resulta violatorio de hasta el derecho laboral común, uno de cuyos principios universalmente consagrados es, precisamente, la no compensación dineraria de vacaciones no gozadas a su debido tiempo y la no acumulación de vacaciones; su finalidad es que sean oportunamente gozadas porque hacen a la sanidad del trabajador. Pero lo más irritante para la ciudadanía es que este verdadero y humillante privilegio se conceda al funcionario que violó este principio acordando a sus pares renunciantes el beneficio de percibir los sueldos por las supuestas vacaciones no gozadas en violación del principio universal consagrado de la no compensación dineraria de las vacaciones no gozadas oportunamente. Pareciera que el Consejo de la Magistratura resuelve los casos sometidos a su decisión con una visión propia de los negocios privados, en los que prima la compensación o negociación de mutuos intereses personales, en lugar de la dignidad y las jerarquías propias de la función pública y las cuestiones de gobierno y de Estado. De otro modo no se explica cómo se consintió que el funcionario renunciante fijara a su antojo una fecha de varios meses de dilación para concretarla, gozando en el ínterin del derecho de no cumplir sus obligaciones impuestas por la Constitución, que no acuerda ni siquiera el derecho privado a los trabajadores comunes. Pero hay algo más agraviante aún para el Estado de derecho: la verdadera burla a la sociedad en su conjunto es que este inusual privilegio haya sido concedido por un cuerpo colegiado integrado por profesionales del Derecho en representación de sus respectivos colegios de Abogados y por legisladores y presidido por la máxima autoridad de gobierno provincial, el propio gobernador. Una vez más, el pueblo asiste azorado a la consumación de estos verdaderos contubernios que tanto daño les hacen al funcionamiento y a la honorabilidad de las instituciones republicanas. Se trata de un agravio más a la credulidad de la población en su conjunto sin distingo de segmentos o pertenencias partidarias o ideológicas y de un uso inequitativo e injusto de los dineros del pueblo, abonando a quien percibirá sueldos escandalosos por su cuantía sin cumplir sus obligaciones de integrante del gobierno provincial. Alberto E. Gutiérrez LE 6.682.977 Roca

Alberto E. Gutiérrez LE 6.682.977 Roca


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