Un amparo contra Invap por los residuos nucleares

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Tras una polémica que duró prácticamente un lustro y se acalló cuando el Congreso nacional ratificó el acuerdo a fines del 2004, se desató nuevamente el conflicto en torno al reactor nuclear que Invap construyó en Australia, y hace pocos días alcanzó la plena potencia de producción.

El detonante fue el amparo al que la Justicia de Bahía Blanca hizo lugar contra Invap y el Estado Nacional (en rigor el Ministerio de Relaciones Exteriores), y que prohíbe la entrada de residuos nucleares desde el reactor OPAL instalado en Australia y que será inaugurado formalmente en abril próximo.

El amparo había sido interpuesto por Juan Schröder y rechazado por el juez federal de Bahía Blanca Luis Dardanelli Alsina el pasado 17 de octubre, pero Schröder apeló el dictamen ante la Cámara Federal de esa ciudad, que finalmente dictó la medida cautelar. La decisión le dio vigor a los militantes ambientalistas, que hoy convocaron una reunión donde explicarán el alcance de la medida judicial y prometieron una descripción del caso.

En esa reunión expondrán el constitucionalista Daniel Sabsay (director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Schröder, Hugo Cañón, fiscal federal de Bahía Blanca y Enrique Merlo, presidente del Foro Ambiental Ezeiza.

Mientras tanto, en Invap se prepara el contraataque. El gerente general de la empresa, Héctor Otheguy, aseguró a este diario que en el transcurso de la semana la empresa y la cancillería apelarán la decisión de la justicia de Bahía Blanca ante la Corte Suprema de Justicia.

El argumento será que el amparo no es el recurso adecuado para esta situación y la medida es inconstitucional.

La situación que se abre apunta a ser interesante desde el punto de vista jurídico porque -con el respaldo de Sabsay- unos apuntan a la inconstitucionalidad del ingreso de residuos peligrosos y radiactivos incluido en la reforma constitucional de 1994 (art.41), y otros a la inconstitucionalidad de la cautelar dictada con ajuste a esa norma, porque no se trata de un peligro «actual o inminente», como dice el artículo 43 respecto del alcance del amparo.

Compromiso

Respecto del problema de fondo, la acusación de que en el contrato con ANSTO (la empresa de energía nuclear australiana) Invap se comprometió a disponer de los residuos nucleares, Otheguy fue terminante en el sentido de que no existe tal compromiso. «No dice que los residuos hay que traerlos acá (a la Argentina), sino que debe solucionarse esa cuestión».

Abundó en ese sentido indicando que ya «hace más de un año que Australia y los Estados Unidos suscribieron un acuerdo por el cual éste último se hará cargo de los residuos, del viejo reactor y del nuevo, porque era quien había provisto el uranio originalmente».

«¿Los norteamericanos son tontos?, ¿quieren contaminarse?», se preguntó el directivo. «Los materiales nucleares son un negocio, tienen un valor, no son residuos», apuntó Otheguy que agregó que «si se reprocesan no involucran ningún peligro».

Para Otheguy esta nueva arremetida de los ambientalistas esconde un «trasfondo antinuclear». «Todo esto es superfluo, porque se están juzgando intenciones, actos hipotéticos», sentenció.