Un asesinato en Venezuela

EMILIO J. CáRDENAS (*)

Con el autoritarismo que caracteriza a los gobiernos “bolivarianos” de la región y a los de sus mal disimulados “compañeros de ruta”, las restricciones a la libertad de prensa y a la libertad de opinión están a la orden del día en nuestra América Latina. En algunos casos, se coarta la libertad mediante la sanción precipitada de “leyes mordaza”, como acaba de suceder, por ejemplo, en nuestro país. En otros, como en Bolivia y Venezuela, simplemente mediante el uso de la violencia. Los dueños de los diarios y sus periodistas, cuando son críticos, asumen allí un verdadero riesgo de vida. Tanto es así que Israel Márquez, el director de “Diario 2001”, un periódico que es crítico del régimen de Hugo Chávez, acaba de ser asesinado en plena calle en Caracas, metrópoli que tiene el dudoso privilegio de ser hoy la urbe más insegura de toda la región. Gracias al “progresismo” chavista, por supuesto. Las autoridades sostuvieron que se trata de delincuentes comunes. Lo que, de ser cierto, no sirve de excusa. Como en Cuba, con las huelgas de hambre de los disidentes, se disfraza la situación como si se tratara de asesinatos comunes, sugiriendo así que éstos son inevitables para un gobierno que, en rigor, se niega a luchar contra la criminalidad. El presidente de la empresa dueña del medio cuyo director acaba de ser asesinado, David Natera, había –premonitoriamente– escrito el día anterior de la muerte de Márquez una columna en la que denunciaba al gobierno por su falta de “voluntad política para proteger a los ciudadanos”. Ocurre que desde el poder se intimida constantemente y de mil maneras a los medios. Igual que entre nosotros. A punto tal, que la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y Espacio Público advirtió al ministro de Obras Públicas de Chávez, Diosdado Cabello, que sus constantes “advertencias” e “intimidaciones”, así como su discrecionalidad en el andar, deben tenerse por “atentados contra la libertad de expresión” en Venezuela. Y es así, particularmente en un país en el que operan unas 300 emisoras radiales sin licencia alguna. Cuando una radio o televisora es crítica del gobierno de Chávez simplemente se la “saca” del aire” y se le dice que si tiene algún reclamo debe concurrir a la Justicia, sabiendo por cierto que la realidad es que muchos jueces venezolanos simplemente no son independientes. La pregunta entonces es: ¿hasta cuándo y hasta dónde podrán los “bolivarianos” y sus “compañeros de ruta” deformar y desajustar gravemente las estructuras democráticas de sus respectivos países sin provocar reacciones sociales, a nivel nacional o regional? Por ahora lo cierto es que, más allá de los asesinatos, siguen impunes en su notoria tarea de demolición de la democracia. (*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas