Un candidato radical es de la policía

Guillermo Jáuregui podría no ser habilitado para postularse en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El candidato a intendente por el radicalismo, Guillermo Jáuregui, cumple funciones desde hace dos años como veterinario policial con cargo de oficial inspector, lo cual le impide postular a cargos electivos. La inhibición contenida en el decreto reglamentario de la policía rionegrina también es incompatible con su afiliación partidaria. El módico revuelo generado por su candidatura motivó el inicio de un expediente en la jefatura policial, para determinar si incurrió en alguna irregularidad.

Jáuregui aseguró ayer que el 1 de marzo, "antes de la elección interna" de su partido, pidió el traslado al área de "Recursos Naturales", que depende del ministerio de Economía. Dijo que la decisión depende del jefe policial y que "extraoficialmente" le aseguraron que la resolución con el pase saldría sin problemas. "Yo no la vi, pero ya debe estar", afirmó ayer.

Según Jáuregui, viene cumpliendo funciones en la administración provincial desde hace 10 años, siempre en tareas relacionadas con su incumbencia profesional. Refirió también que a comienzos de 1997 ingresó "mediante concurso" a planta permanente.

Fueron varios lo policías que exhibieron su malestar por los privilegios de Jáuregui. A condición de no revelar su identidad, algunos reconocieron haber visto su recibo de sueldo más de una vez pero no pudieron precisar qué tarea cumple. "Al oficial inspector Jáuregui no lo conoce casi nadie", confesó otro uniformado. Su sueldo mensual sería de 780 pesos.

El veterinario-candidato explicó que se ocupa de la salud de los perros que tiene la policía para procedimientos de drogas y búsqueda de personas. También dijo que últimamente cumplió funciones en la Legislatura, bajo las órdenes del vicegobernador Bautista Mendioroz, en temas relacionados con el Comité de Fronteras y el intercambio de ganado con Chile. No pudo precisar qué horario cumple ni cuál es su lugar físico de trabajo. Sólo indicó que su función básica es "presentar escritos" dando cuenta de su tarea.

Su candidatura para competir el 12 de mayo por la intendencia no recibió impugnación alguna por parte de los demás partidos. Aún así todavía no quedó oficializada, para lo cual la Junta Electoral tiene plazo hasta el martes próximo.

Desde ya que cualquier impedimento que pese sobre el veterinario significará que el radicalismo se quede sin representante, porque la recepción de listas cerró el pasado lunes.

Jáuregui pertenece a una línea minoritaria del partido, pero no tuvo rivales en la interna. El actual presidente de la UCR barilochense, Hugo Castañón, confirmó que "desde el primer momento pidió la baja en la policía y el traslado a otra dependencia administrativa". Pero tampoco pudo certificar que ese trámite esté cumplido. "Sólo sé que no fue fácil, pero el traslado se lo están dando sin problemas. Va a cumplir funciones en Ganadería", aseguró Castañón.

Jáuregui se mostró algo molesto por tener que responder sobre el tema y expresó sus reparos sobre el "tratamiento periodístico" que puedan recibir sus desventuras para poder oficializar la candidatura.

Dados los reglamentos, el problema de la inhibición por ser policía era insalvable con un pedido de licencia. Pero el episodio siembra la duda acerca de cómo pudo revistar casi dos años como oficial inspector sin renunciar a su afiliación radical.

Ahora el pase obligado a otra "área" (si queda firme) tal vez no le genere mayores cambios. Sólo que percibirá los sueldos con mayor demora, ya que no lo alcanzará más el privilegio policial de cobrar antes que el resto de los provinciales.

Sin la marca de la gorra

El personal subalterno de la Regional Tercera de policía no conoce al oficial inspector Guillermo Jáuregui, pero desde mediados del 2000 el candidato a intendente por la UCR cobra su sueldo y sus tickets allí. "Vino trasladado del ministerio de Educación y ahora atiende los perros de Toxicomanía", explicó un jefe policial. Pero, en el Consejo de Educación nadie sabe qué funciones cumplió, aunque reconocen que por algún tiempo se presentaba allí, y luego concurría esporádicamente.

Jáuregui es veterinario y revista en el agrupamiento profesional del escalafón de Sanidad, pero debido a su notoria militancia política fue notificado por la jefatura de Policía, que además inició una investigación sumaria que se encuentra en la asesoría letrada del organismo. Y es que si bien Jáuregui también inició un expediente para que la Policía lo ubique en otro destino, las autoridades no lo pueden resolver porque él tiene estado y grado policial, y siempre seguirá siendo policía, hasta su retiro o baja.

El artículo 1º del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial establece que "Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a todo el personal con estado policial, cualquiera fuere su situación de revista".

El artículo 27 de la ley 1542 define al "estado policial" como la "situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de la policía provincial. Tendrá estado policial con los deberes y derechos esenciales que determina esta ley el personal policial de todos los agrupamientos"

El inciso "e" del artículo 28 de la misma ley advierte a los policía que no pueden "aceptar cargos funciones y empleos ajenos a las actividades policiales sin previa autorización", y el inciso siguiente impone "no aceptar ni desempeñar funciones electivas, ni participar de las actividades de los partidos políticos". La transgresión de estas normas constituyen "faltas disciplinarias graves", pasibles de sanciones extremas. Hasta ayer, Jáuregui seguía alcanzado por todas estas limitantes.

Nuevos reclamos de los "Planes"

Una vez más los beneficiarios de los planes de empleo coparon los pasillos de la intendencia de Bariloche en reclamo por el pago de sus asignaciones atrasadas. La intendenta Graciela Di Biase escuchó el crispado reclamo de un centenar de personas que se instalaron en la sala de Prensa y tras febriles llamados a Buenos Aires, después del mediodía pudo confirmarles que cobrarían.

La buena noticia alcanzó a los planes PEL y Jefes de Hogar, pero no a los beneficiarios del viejo "Solidaridad", que todavía esperan los 120 pesos prometidos desde hace meses. Este último plan, de triste final, había sido inaugurado hace un año por la ex ministra Graciela Fernández Meijide y el actual gobierno lo dejó sin efecto. Aún así, en su reciente visita los ministros del gabinete Social prometieron que "antes del 22 de marzo" enviarían el dinero adeudado.(AB)


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