Un desplazamiento generó fricciones en el Frente

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La presidenta a cargo del Concejo Municipal, Silvana Camelli, decidió desplazar a la secretaria legislativa que había designado el titular del cuerpo, Darío Barriga, y la reemplazó por una abogada de su «absoluta confianza».

El enroque generó fricciones dentro del Frente para la Victoria, donde conviven SUR (el partido de Barriga), el PJ (de Camelli) y el Frente Grande.

La renuncia del intendente Alberto Icare obligó a Barriga a asumir el Ejecutivo por un término que podría extenderse unos cinco o seis meses. En ese período Camelli (2ª concejal del FpV) debe presidir el Deliberante y no tardó en dar muestras de que pretende trabajar con «tropa propia».

Ayer hizo notar que Barriga conformó un gabinete «que no expresa con claridad la composición del FpV porque salvo un par de funcionarios, el resto son todos de SUR». Agregó que así como el intendente armó con entera libertad su equipo de trabajo ella se propuso hacer lo mismo.

«Por eso designé en la secretaría legislativa a Beatriz Oñate, que es una excelente abogada y militante justicialista», dijo Camelli. Algunos antiguos referentes del PJ local dijeron sin embargo no conocerla. La despedida del cargo fue Graciela Costamagna, la esposa del secretario de Gobierno y hombre fuerte de SUR, Adolfo Fourés.

Ayer los cinco ediles del FpV mantuvieron una reunión de bloque en el Concejo con el objeto de acotar los efectos del temblor. Camelli dijo después que «se dijeron las cosas que había que decir» y que no existe riesgo de ruptura. «El bloque quería saber las razones de esta decisión y lo han aceptado y entendido», aseguró.

De todos modos, el entredicho por la secretaría legislativa no es el único motivo de diferencias internas en el Frente. Camelli también hizo públicos cuestionamientos al proyecto de aumento de tasas impulsado por Barriga y que está vinculado directamente con el presupuesto 2008. Ambas iniciativas ya comenzaron a ser evaluadas por los concejales con el cometido de darles rápido tratamiento.

El Ejecutivo propone ajustar la tasa de servicios un 188% para todos los contribuyentes sin distinción, con una pequeña alícuota extra sobre los comercios habilitados.