Un difícil equilibrio

La semana en bariloche

Daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar

Los conflictos que le toca enfrentar al gobierno municipal abarcan las más diversas áreas. Tal vez uno de los más desatendidos y difíciles de abordar sea el de la toma de tierras. En los últimos días el tema volvió a quedar sobre la mesa durante el encuentro que mantuvo el presidente del Instituto Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat Social, Gustavo Gennuso, con un grupo de concejales. En lo que va de su corto mandato se produjeron ya dos ocupaciones de terrenos: uno en el extremo Este del ejido, cerca del río Ñirihuau y otro en San Francisco IV. El primero afecta a tierras del municipio destinadas originalmente a relocalizar a vecinos de otra añeja toma y el de San Francisco abarca un vasto predio privado y también tierras públicas. La primera reacción del municipio fue recurrir a la Justicia. El magistrado actuante convocó para la próxima semana a una audiencia con las partes, en el intento de buscar una solución de consenso. En el caso del San Francisco IV fracasó la gestión para que la empresa propietaria del terreno acepte venderlo a los ocupantes en cómodas condiciones. El argumento repetido de los tomeros es el mismo de siempre: ya no pueden vivir hacinados con sus familiares, no tienen para pagar alquileres y tampoco pueden esperar la vida entera que el Estado atienda sus derechos. Suelen decir también que están dispuestos a pagar, pero que de la tierra no se van. Gennuso admitió la gravedad del problema y tras advertir que aportaría una reflexión “filosófica” opinó que la toma “marginaliza más de lo que resuelve” y condena a la gente a “vivir en un ghetto”. Como ya ocurrió con sus antecesores, la postura del funcionario no hace más que flotar en el imposible equilibrio entre tolerancia e intransigencia. La sensibilidad social que debe tener todo gobierno democrático, preocupado por resolver la exclusión, choca en este caso con la obligación de ser justo y evitar los atajos que en definitiva perjudican a los miles de pobres que no tienen la energía ni la audacia para tomar nada. Otra obviedad: Gennuso dijo que la prioridad del Instituto son “las 6.000 familias inscriptas en el registro de demanda”. Ocurre que el manoseado registro nunca disminuye, siempre crece. Y ese sombrío panorama desalienta a cualquiera. Ni los gobiernos anteriores ni el actual (hasta ahora) acertaron en diseñar una política de viviendas clara, que permita cierta previsibilidad para que cada familia sin hogar, con un mínimo cálculo, sepa cuánto deberá esperar por una solución. Aun sin cumplir con todas las expectativas, si el municipio pudiera definir que este año construirá y entregará 500 viviendas, el que viene 700 y el otro 800 -y que el criterio de adjudicación será tal o cual- habría una cierta precisión, una certeza. El panorama cambiaría por completo. En el actual estado de cosas el atajo de la toma es tal vez el más desesperado, pero no el único. También está la conformación de mutuales o cooperativas al calor de algún padrino político. Y juntar a continuación la plata que permita pagar un anticipo y acceder a la tierra social que les fue negada (y lo sigue siendo) a los desheredados de todo. Hasta ahora el municipio no pudo fijar las condiciones en esa pulseada y fracasó también abiertamente en concebir un Estado presente, que compre tierras, urbanice, fije precios e incida por esa vía en las impiadosas reglas del mercado inmobiliario, según definía uno de los principios fundantes del IMTV. Basta para ello con ver la danza de precios y el penoso papel jugado por la municipalidad en la compra de las 42 hectáreas en el cerro Otto. Aun sin saber qué nivel de inversiones podrá desplegar a futuro, el municipio daría un paso clave si se inclinara en serio por privilegiar la transparencia. Valor que hasta hoy fue prolijamente despreciado. La lógica indica que los listados de demanda deben tener una escala de puntaje pública, móvil, visible, impugnable y determinante a la hora de asignar lotes o casas. Luego de detectar la acuciante necesidad que existe en Bariloche, hace algunas semanas la ONG “Un techo para mi país” construyó un centenar de viviendas básicas en Malvinas y Nahuel Hue. Una de las voluntarias que trabajan en el proyecto explicó que la selección previa de los beneficiarios es muy puntillosa, demanda varias visitas y relevamientos y el listado final se conforma por estricto puntaje. Algo que a los vecinos más ansiosos por ingresar al plan les costó bastante entender. Muchos preguntaban “cuándo es el sorteo”. Alguien les explicó que no había ningún sorteo y que si su caso estaba entre los cien más críticos tendría su casa. Si no, quedaría en un orden de espera para la tanda siguiente. Aun los decepcionados terminaron por entender la ecuanimidad del método. Si parece tan fácil, ¿por qué el Estado es otro mundo? Hasta hoy la capacidad de presión, el contacto político, la prebenda y la “asociatividad” forzada pudieron más que cualquier puntaje. Y el componente clave de ese combo es la oscuridad.