Un fallo donde los costos son más políticos que económicos

El fallo de la Corte Suprema no dio por tierra con la suba del gas a los domicilios. La cuestión de fondo -la necesidad de aumentar las tarifas- no sólo quedó abierta, sino que el propio cuerpo judicial admite que existe un “retraso” en los precios.

Lo que cuestiona la Corte es el medio. Le imputa al gobierno no haber considerado el “interés público” cuando tomó la decisión del aumento. Y el interés público se traduce, según la normativa vigente, en la realización de una audiencia pública no vinculante.

Quizás a modo de gesto con el Ejecutivo, los jueces sólo dieron marcha atrás con la suba a los sectores domiciliarios, que consumen alrededor del 30% del gas producido anualmente en el país. Entiende que este es el único sector que puede presentarse de forma colectiva. Los comercios, por ejemplo, deberán hacerlo de forma individual, por lo que se espera ahora una ola de demandas.

Pero en concreto, alrededor del 70% del gas que sale los yacimientos –el que va a los comercios, industrias, generación y GNC- recibirá el tarifazo, aunque con topes de 500 y 600% en algunos casos.

El impacto fiscal no será tan alto como se esperaba (ver aparte). Tampoco lo será para las provincias petroleras, que sin duda recibirán menos regalías de las esperadas, pero más de las que venían cobrando hasta ahora. El número final es todavía imposible de calcular.

Pero el problema ahora ya no es más técnico ni judicial. Es político. ¿Alguien se imagina cómo serán las audiencias? Podrían convertirse en masivas convocatorias de días, semanas o meses. ¿Se hará una sola en Buenos Aires o habrá que hacer varias en distintos puntos del país?

El “territorio asambleario” se convierte en tierra fértil para la oposición. Será difícil que de esas discusiones pueda salir un incremento que convenza a todas las partes. El gobierno perdió tiempo, terreno, y capital político para explicarle a la población por qué es necesario el aumento.

Será difícil que el gobierno pueda aplicar tras las audiencias públicas el mismo aumento que intentó imponer hace cuatro meses.