Un hombre, un voto: cien años de complejos avances democráticos

La ley de voto universal, secreto y obligatorio para los varones fue la primera gran inclusiónal sistema electoral. Pero también hubo marginaciones y golpesy quedan deudas.



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En 1983 se inició el período de gobiernos elegidos por el voto popular más extenso del último siglo.(Foto: Archivo )

El 10 de febrero de 1912 no figura entre las fechas que traigan recuerdos a la memoria de los argentinos, pero merecería ocupar un lugar de privilegio: ese día, hace cien años, el Congreso aprobó el voto secreto, universal y obligatorio para los varones y abrió así la política a la participación de mayorías.

El jueves 10 de febrero, en sesiones extraordinarias de verano, la Cámara de Diputados terminó por aprobar, en una segunda votación, la cláusula que convertía el sufragio en obligatorio, que en una primera instancia había rechazado, y tres días después el presidente Roque Sáenz Peña promulgó la ley.

“Río Negro”, que en ese mismo año comenzó a editarse en General Roca, saludó la iniciativa como un avance que “ha acentuado en el país una corriente democrática que desde hace varios lustros permanecía latente”.

Sin embargo, esta iniciativa que llevó a un explosivo aumento de participación democrática del 2% en 1880 a más del 62% del padrón en 1916, tenía deudas. Las mujeres serían reconocidas como ciudadanas en 1947, con la reforma electoral del primer gobierno peronista. En esa época también comenzarían a votar los hijos y nietos de inmigrantes venidos a principios de siglo.

Además, en el caso de las provincias patagónicas, el avance democrático se vio también truncado por su condición de territorios, donde sus habitantes se reducían a elegir autoridades comunales. (Ver página 25)

Además, el siglo transcurrido desde la Ley Sáenz Peña se repartió, tristemente para la historia de la Argentina, en sólo 55 años de prácticas democráticas para la elección de las autoridades y 45 años de episodios de fraude, golpes de Estado con gobiernos militares –que culminaron en la aberrante última dictadura– y proscripciones tanto de candidatos como de partidos políticos.

La Constitución de 1853, que dio una nueva organización institucional al país, no dijo nada sobre cómo y quiénes debían elegir a los representantes del pueblo que gobernarían la Argentina ni mencionó a partidos políticos, porque entonces no existían.

El hueco legal fue cubierto por diversas legislaciones que fueron cambiando con los años pero en lo esencial mantuvieron el sistema de voto público y a viva voz, que en los hechos se convirtió en fuente de numerosos fraudes e irregularidades y escasa participación masiva.

De hecho, en las elecciones que ganó el primer presidente constitucional, Justo José de Urquiza, sólo votaron a todos los candidatos presentados 6.400 personas, el 1% de los empadronados.

El mismo porcentaje se mantuvo en los comicios en que fueron elegidos los siguiente presidentes: Santiago Derqui (1859), Bartolomé Mitre (1862), Domingo F. Sarmiento (1968) y Nicolás Avellaneda (1974).

En esos años hubo “un salto”; en la elección de Julio A. Roca (1880) participó el 2%, igual que en la de Miguel Juárez Celman (1869), Luis Sáenz Peña (1892) y de nuevo Roca (1904), pero la participación subió un poco, al 2,5%, en la de Manuel Quintana en 1904 y al 2,8% en la de Roque Sáenz Peña.

Pero el sistema de minorías estaba agotado: la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen presionaba con revoluciones y abstenciones electorales y desde el creciente sector obrero el Partido Socialista exigía una representación acorde con la nueva realidad que presentaba la Argentina.

Durante el período comprendido entre 1880 y 1916 el poder político estuvo monopolizado por el Partido Autonomista Nacional (PAN), pero hacia la primera década apareció un sector interno partidario de flexibilizar el sistema para permitir la incorporación de una mayor población a la representación política.

Antes de asumir en 1910, Roque Sáenz Peña, que pertenecía al mismo núcleo político que sus antecesores, se entrevistó con Yrigoyen y prometió modificar el sistema electoral si el líder radical se comprometía a abandonar el abstencionismo.

(Continúa en la página 24)

(Viene de la página 23)

El 24 de noviembre de 1911 el proyecto oficial fue aprobado en general en Diputados y el 20 de diciembre en particular. El Senado lo discutió a partir del 30 de enero y lo respaldó el 7 de febrero de 1912, con la modificación de convertir el voto en obligatorio. El 10 de febrero Diputados aceptó la modificación y la ley quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo, lo que sucedió el 13 del mismo mes.

Las discusiones en ambas cámaras, con amplia representación de legisladores oficialistas, quedaron centralizadas en torno de la representación de los diputados. Un sector prefería mantener el régimen de “lista completa”, que significaba que quien ganaba, aunque sólo fuera por un voto, se quedaba con toda la nómina de legisladores, y otro defendía la selección por “lista incompleta”: dos tercios para el que gana, un tercio para el segundo y nada para los otros.

La ley 8871 consagró el sufragio universal, obligatorio y secreto para todos los argentinos varones mayores de 18 años y el sistema de lista incompleta. Las mujeres deberían esperar hasta 1951 para acceder al mismo derecho.

La norma eliminó el voto cantado y público y dispuso la obligación del cuarto oscuro, para que los electores quedaran libres de presiones en el momento de colocar la boleta en el sobre, y dispuso la obligación de concurrir al recinto de las elecciones para que nadie pudiera ser impedido de llegar hasta las urnas.

La norma produjo un vuelco sustancial en la participación electoral y los comicios, que hasta 1910 habían reunido a menos del 3% del padrón, alcanzaron en 1916 una concurrencia de 1.200.000 votantes, el 62,71% de los empadronados, y además un cambio decisivo en la orientación.

Ese año fue elegido un radical, Hipólito Yrigoyen. Seis años después, en 1922, otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, tomó la posta y tras concluir el mandato, seis años después, se la devolvió a Yrigoyen en 1928.

Este ciclo de casi 14 años fue el período democrático más extenso del siglo XX, con excepción del que se inició en 1983 y continúa en estos días.

En 1930 Yrigoyen fue derrocado por el general José Uriburu en el primer golpe militar de la historia. La participación del radicalismo fue prohibida en 1932 para abrir camino al general Agustín P. Justo y en 1937 un fraude de gran dimensión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, impidió el triunfo del radical Marcelo T. de Alvear y consagró a una alianza que postulaba a Roberto Ortiz.

En 1943 se produjo un nuevo golpe militar. En 1945, acosados por varios frentes, los generales se vieron obligados a convocar a elecciones para distender las presiones. El 24 de febrero de 1946 triunfó Juan Domingo Perón por un margen amplísimo, “en las elecciones más limpias de la historia”, como las calificó ese mismo mediodía el candidato de la Unión Democrática, José Tamborini, cuando creía que era el favorito.

Perón volvió a triunfar en 1951, esta vez con respaldo también del nuevo voto de las mujeres, pero su gobierno fue derrocado en septiembre de 1955, antes de cumplir los diez años, por la coalición cívico-militar de la Revolución Libertadora.

Gobiernos de distintos signos políticos coincidieron en mantener la proscripción del peronismo durante los siguientes 17 años, en los que se turnaron varios militares y los civiles Arturo Frondizi (1959-1962), José María Guido (1962-1963) y Arturo Illia (1963-1966) y nuevamente jefes castrenses, esta vez Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse.

En 1973 volvieron las elecciones sin prohibiciones: el peronista Héctor Cámpora fue elegido presidente el 11 de marzo pero sólo duró 49 días en el gobierno, al que renunció, y en poco tiempo se convocó a una nueva elección, que Juan Domingo Perón ganó el 25 de septiembre del mismo año.

El justicialismo se mantuvo en el poder apenas tres años: fue nuevamente desalojado del gobierno el 24 de marzo de 1976. Tras una larga y trágica experiencia de poder absoluto durante más de siete años, los militares debieron abandonar el ejercicio del gobierno.

El 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, se abrió el mayor período de democracia experimentado por el país.

Hasta 1983 la Argentina que reconocía el voto universal, secreto y obligatorio de los varones sólo tuvo un primer ciclo de tres elecciones libres de presidentes, todos radicales (1916-1939), y duraron en conjunto 14 años; Juan Domingo Perón accedió al gobierno en 1946 y se mantuvo mediante dos comicios, pero no alcanzó a completar los doce años de mandato y debió exiliarse en septiembre de 1955. El peronismo volvió y ganó dos elecciones libres en 1973, pero entre ambas apenas sumó tres años de gobierno antes de caer derrocado en marzo de 1976.

Es decir que en los 70 años de vigencia del voto universal, secreto y obligatorio de los varones –de 1912 a 1983– sólo hubo elecciones libres en siete oportunidades y consagraron a gobiernos que en conjunto apenas sumaron 27 años de ejercicio democrático del poder.

Desde 1983, recuperado el respeto a la voluntad popular, se sucedieron siete gobiernos, de signos variados y matices sorprendentes, que juntos conformaron el ciclo más largo de democracia de la historia, con 28 años de continuidad, cifra que supera incluso la suma de los bolsones de democracia que hubo en los primeros 70 años.

El actual período de democracia ininterrumpida parece, comparativamente con los anteriores, el verdadero ciclo democrático que algunos quisieron inaugurar en 1916 pero encontró muchas dificultades.

Diego Dulce | DyN

Redacción Central

El 10 de febrero de 1912 el Congreso sancionó, tras arduos debates, la primera gran reforma electoral.


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