Un “megaacuerdo” que sigue siendo sólo papel

Hace nueve meses, el gobierno de Miguel Saiz anunció con bombos y platillos la firma de convenios con la empresa estatal china Heilongjang Beidahuang State Farms Business Trade Group Co. Ltd, y pareció asombrarse de que -en lugar de los aplausos que, al parecer, esperaba- recibió como respuesta una infinidad de preguntas y una andanada de señales de desconfianza.

Una inversión que permitiera poner bajo riego unas 300.000 hectáreas en la provincia sería, verdaderamente, una gran noticia.

Por eso, llama fuertemente la atención que, desde la firma de los dos convenios y su anexo, las actitudes del gobernador no han acompañado el contenido de tales escritos sino que, por el contrario, han contribuido a incrementar los interrogantes iniciales.

Ningún decreto ni proyecto de ley ha buscado dar validez institucional a los textos.

Y el expediente administrativo sobre el tema consta de unas veinte páginas, de las cuales seis corresponden a la copia de los convenios en idioma chino mandarín. Del resto, sólo se saca algo en limpio de la respuesta que el ministro Juan Accatino dio al pedido de informes de legisladores justicialistas.

El 28 de diciembre de 2010, Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter “preliminar”, indicando que “enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado”.

Esto sucedió hasta que, hace pocos días y en forma sorpresiva, se anunció que el gobernador volvería a China con una misión nacional, donde permanece aún.

Para un número considerable de organizaciones políticas, técnicas y ambientales, la supuesta inversión china en Río Negro no parece pensada en beneficio de la provincia. Basan esta afirmación en que el texto de los convenios no impone obligaciones a los inversores ni pautas de uso del suelo, el agua, la energía ni el recurso humano, y sólo les garantiza beneficios, sin que quede claro cuál será la ventaja relativa para la provincia.

Esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran “bluff”. Es decir, una iniciativa prometedora pero irrealizable que tendría como único objeto disimular la baja calidad de gestión del actual gobierno y la total carencia de proyectos productivos capaces de modificar la matriz productiva de la provincia para revertir su tendencia a la declinación y el atraso.

En 2006, precisamente a punto de iniciar el último año de su primer mandato, el gobernador Saiz lanzó otro anuncio de una megaobra, tan sorprendente y polémica como el convenio agroalimentario con la empresa China: Dijo que su gobierno haría un complejo de nueve centrales hidroeléctricas en el río Negro Superior -entre Cipolletti y Chichinales- para lo cual sería necesario construir una muralla de cemento de 130 kilómetros de longitud y de 6 metros de alto, a lo largo de la costa que en verano disfrutan los valletanos. El tema fue motivo de un encuentro con el ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido. Pero desde que, en febrero de 2008, se licitó una consultoría por un monto no difundido, nada más se supo ni hizo. ¿Alguien se acuerda de aquello? Al parecer, ni siquiera el gobernador ni el titular del DPA, Horacio Collado, quien fue inspirador del tema.

En el caso del convenio agroalimentario con la firma Heilongjang, el gobernador viajó a China y firmó textos que no conocía su ministro de Producción, su vicegobernador ni la Legislatura provincial, por no hablar de los órganos de control y otras instancias de evaluación técnica del Estado.

Versiones que cambian

Desde el principio, se hizo evidente que los textos firmados en China carecían de las más básicas formalidades que deben acompañar a todo acto de gobierno. Tanto, que funcionarios del área de Producción confesaron en aquellos días que intentaban “pasar en limpio” y “dar un marco de institucionalidad” a lo suscripto por el gobernador. No asombra por ello que las versiones oficiales sobre el proyecto hayan sufrido modificaciones notorias desde entonces y varíen también según quién sea el interlocutor gubernamental.

Además, persisten interrogantes sobre qué validez tienen los convenios: Si son operativos o sólo un marco de referencia para acuerdos posteriores. La duda surge porque incluyen términos taxativos cuando se refieren a las obligaciones que asumió Saiz en representación del Estado provincial, incluso en relación con bienes particulares: “Ofrece a la parte B tierras disponibles sin explotación”; “pone a disposición de la parte B toda la información para relevar la inversión necesaria” en cinco valles; “pone a disposición de la parte B todos los técnicos de la autoridad de aguas” y “los anteproyectos ya elaborados”; “pone a disposición de la parte B todos los antecedentes y estudios para proyectar una nueva terminal portuaria en los terrenos asignados para tales fines”; “ofrece a la parte B la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes”; “se compromete a brindar sin cargo alguno espacios para la oficina y vivienda en el domicilio del gobierno provincial, como también brindar medios de transporte y equipamientos para la oficina”; “todos los gastos originados durante el período de estudios serán solventados por la parte A”; “la parte A brindará sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento”; “brindará sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este, destinará cinco hectáreas de tierra para el uso de la parte B”; “la concesión para el uso será por 50 años, y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo”.

Sin formalidad

Esto sucedió en octubre de 2010. Sin embargo, lo único conocido hasta el momento son aquellos papeles que firmó el gobernador en China. Ningún acto administrativo ha sido generado en relación con la supuesta futura inversión. No hay decretos ni proyectos de ley, que son los dos modos en que puede expresar su voluntad gubernamental un jefe de Estado.

Y un somero repaso por las normas vigentes en Río Negro bastan para advertir que los convenios violentan la Constitución de Río Negro en lo que se refiere al régimen de tierras (art. 75 y 75), en los que busca desalentar la concentración económica y el privilegio (art. 86 y 91), y en aquellos que garantiza la participación de los interesados en la definición de políticas de desarrollo (art. 71, 74 inc. 2) y de cuidado del ambiente (84).

El único acto institucional hasta el momento fue generado por el opositor bloque de legisladores Justicialistas, y -precisamente- en una dirección desacertada.

El justicialismo presentó un proyecto de ley para crear una Comisión de Negociación, Seguimiento y Control del Proyecto de Inversión Agroalimentario, con la finalidad de “efectuar recomendaciones y proponer ajustes”. Al hacerlo, pareció admitir que no se siente en condiciones de hacer que rijan las instituciones. Lo que el PJ debió exigir es que los convenios -que sin ratificación son sólo un puñado de papel- fueran analizados por la Legislatura, que debe ratificarlos o no, como manda la Constitución provincial en su artículo 181 incisos 13 y 14.

Controversia de origen

Sin tener aún existencia legal, los convenios ya han sido controvertidos por organismos políticos, técnicos y entidades ambientalistas.

Un grupo de 23 personas residentes en Viedma -a título personal pero integrantes de entidades políticas, productivas y sociales- presentó un recurso de amparo ante el juez del STJ Víctor Sodero Nievas, pidiendo que se le ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar las actividades y compromisos comprendidos en los convenios firmados en octubre de 2010, por entender que violan la Constitución provincial, los derechos de los ciudadanos, de los municipios y de las organizaciones sociales, y violan el principio de igualdad ante la ley al conceder privilegios y exenciones, a la vez que representan una amenaza de grave daño ambiental.

Antes de la feria judicial de invierno, el vocal del STJ -previo dictamen favorable de la procuradora- les reconoció legitimación activa a los amparistas, y giró el planteo al Ejecutivo para que presente sus argumentos.

En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen “incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales”.

Para entidades ambientalistas, la cuestión central es el riesgo de contaminación o abuso en el consumo de agua de los ríos y la denominada “soberanía alimentaria” -un término que desde 2002 define globalmente al “derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas”.

Más allá de todo enfoque sectorial, es evidente en los convenios no se ha tomado ningún recaudo ni se han establecido pautas en relación con el empleo, el uso del suelo, del agua, el cuidado del medio ambiente ni el pago de impuestos -que es el modo en que el Estado garantiza su propia subsistencia-.

Discriminación inversa

Es lógico y deseable que los gobiernos busquen generar condiciones ventajosas para la producción que fomenten el crecimiento de las empresas y del empleo.

Y si la nacionalidad no debe ser un prejuicio que obstaculice una inversión privada -sobre todo cuando, como en este caso, se ofrece realizar obras de riego costosísimas para poner en valor tierras hoy de escasa productividad- tampoco podría ser motivo para dejar de exigir ninguna de las obligaciones que rigen para los inversores argentinos. Pero resulta verdaderamente inexplicable que se anticipen tantas ventajas a quien a nada se obliga.

Pocos hechos

Desde los primeros anuncios, no se advierten hechos concretos que respalden la solidez de los convenios firmados.

La supuesta inversión debía comenzar por la instalación de una sede de Heilongjang Beidahuang en Viedma, la constitución de una empresa en el país, la visita de una delegación de especialistas -cuyos gastos comprometió Saiz que pagaría el Estado provincial- y la realización de pruebas de cultivos para esta próxima temporada.

Sólo se vio por la provincia -en mayo, seis meses después de lo comprometido en el anexo del convenio- a una delegación de cinco personas, una de las cuales fue un traductor y, otra, el hijo de una de las profesionales. El grupo tuvo algunas reuniones en Viedma, Valle Medio y Buenos Aires con funcionarios rionegrinos. Y nada más.

Cualquier prueba de siembra debería comenzar este mes, y por el momento no se advierte movimiento en tal sentido, ni se conoce que se haya concretado algún contrato de renta de tierras ni asignación de las áreas experimentales.

Sin respuestas

Así las cosas, a nueve meses de firmados los convenios, subsisten varios interrogantes, que llevan a cuestionar la seriedad con que el gobierno provincial emprendió lo que fue presentado como una iniciativa transformadora.

Las principales preguntas son:

-¿Cuál es la ventaja para la provincia que Saiz imaginó al firmar estos convenios?

-Si Saiz verdaderamente creyó que serían un eje para la transformación productiva de la provincia ¿por qué no impulsó su ratificación parlamentaria ni generó ningún acto de gobierno en función de ellos?

-¿Por qué los hechos no respaldan a las palabras firmadas?

Es probable que, cuando restan sólo cinco meses para que finalice su gestión como gobernador, Saiz haya perdido interés en el rimbombante anuncio que él mismo realizó cuando, meses atrás, todavía confiaba vagamente en la posibilidad de reformar la Constitución para aspirar a un tercer mandato.

Si, como es de temer, su intención fue sólo generar una expectativa optimista en la ciudadanía, lo habrá logrado sólo en forma circunstancial.

Si, como respondió Accatino, esto es sólo un marco preliminar en el que todo está por definirse, cuesta entender la magnitud que se brindó el anuncio, que por su virtualidad futura no justificaría siquiera los dos viajes a China que realizó el actual gobernador.

No hay dudas de que China es un gigante en un doble sentido: porque posee una población que le demanda inmensas necesidades alimentarias y porque cuenta con la disponibilidad financiera y los recursos técnicos como para de generar megaproyectos, impensables para las arcas estatales de Río Negro y aun de la Argentina

No obstante, para que un eventual acuerdo productivo resultara -como anhela el texto del convenio- en un “beneficio mutuo” sería necesario que la contraparte local estuviera a la altura -en inteligencia comercial y capacidad de evaluación técnica- de tan ambicioso enunciado.

Poco más que la foto de la firma, en octubre pasado en China, conocen los rionegrinos sobre lo que promete ser trascendental.

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Convenios agroalimentarios

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar