Un mexicano será ejecutado el martes en EE.UU.

Washington (EFE).- Rodeado de menos atención pública que Timothy McVeigh y de denuncias de racismo, el narcotraficante mexicano Juan Raúl Garza se convertirá mañana en el segundo preso ejecutado por el Gobierno federal de EEUU en ocho días.

Varias organizaciones hispanas de Estados Unidos y grupos defensores de los derechos humanos afirman que el Gobierno federal buscó la pena de muerte para Garza a causa de su origen hispano y porque su caso demuestra que las ejecuciones no se aplican de forma equitativa en este país. Pero, si no prosperan sus apelaciones ante los tribunales ni su petición de clemencia a la Casa Blanca, Garza, de 44 años, se sentará en la misma silla que McVeigh para recibir una inyección letal que acabará con su vida en la prisión de Terre Haute (Indiana).

Garza ha admitido ser el autor de la muerte de un confidente de la policía y de ordenar el asesinato de otros dos en 1990 y 1991 con la intención de asumir el control de una organización de narcotraficantes en el sur de Texas.

Su ejecución será la segunda que llevará a cabo el Gobierno federal en 38 años, después de que el pasado lunes se aplicara la pena de muerte contra McVeigh, autor confeso del atentado que en 1995 mató a 168 personas en Oklahoma City.

Pero, si en el caso de McVeigh apenas ha habido debate en Estados Unidos sobre la oportunidad de que el autor del atentado más grave de la historia del país fuese ejecutado por el Gobierno federal, las dudas aumentan en cuanto al mexicano.

El diario «The Washington Post» señaló esta semana en un editorial que no se entiende por qué Garza será sometido a una ejecución federal cuando otros delincuentes en una situación similar cumplen cadena perpetua.

Garza fue juzgado y condenado en Texas, el estado que ha ejecutado a un mayor número de presos desde que en 1976 se reinstauró la pena máxima en Estados Unidos y que ha sentenciado a más hombres a morir por ejecución federal.

De los 19 presos que esperan ser ejecutados por el Gobierno federal, seis fueron condenados en Texas. De ellos, sólo dos son blancos anglosajones, mientras que los demás son negros, hispanos o asiáticos.

Uno de los abogados de Garza, Gregory Wiercioch, ha afirmado que el caso de su defendido va a plantear al Gobierno de George W. Bush «su primer test real sobre su compromiso con la igualdad racial en el sistema judicial estadounidense».

El anterior presidente de EEUU, Bill Clinton, suspendió en diciembre pasado, y durante seis meses, la ejecución de Garza a causa de las denuncias de racismo, pero no parece probable que el ejemplo sea seguido por Bush, quien durante su época como gobernador de Texas firmó un récord de penas de muerte.

La pena de muerte salva vidas, dice un informe

NUEVA YORK (ANSA) – Una fuerte polémica desató un estudio de tres economistas de Atlanta que asegura que cada ejecución de una condena a muerte salva a un promedio de 18 vidas. «Las ejecuciones reducen el número de homicidios», declaró uno de los coautores del informe, de la Emory University.

El estudio reveló que por cada condenado ejecutado «el margen de los homicidios se reduce en un promedio de 18 casos con un margen de error de más o menos 10».

Esta no es la primera vez que los defensores de la pena capital defienden su valor como disuasivo contra los delitos de sangre, pero sí es la primera vez que este valor es cuantificado en cifras. Los autores del estudio pasaron cuatro años estudiando las estadísticas de los últimos veinte años. «No teníamos preconceptos ideológicos cuando comenzamos», declaró Hashem Dezhbakhsh, uno de los integrantes del equipo.

«Su informe juega con los números y manda un mensaje equivocado a la opinión pública tratando de justificar la pena capital», declaró una organización abolicionista.