Un monopolio herido



El que se haya calificado de “histórico” el fallo de la Corte Suprema a favor del respeto por el artículo de la Constitución nacional en que se reivindica la “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” nos dice mucho acerca de la realidad argentina. Aunque todos juran reverenciar la Constitución, la mayoría la trata como si a su juicio sólo fuera una obra literaria, una escrita por idealistas poco prácticos, que está desvinculada de lo que efectivamente sucede en el país, de ahí el desconcierto que se apoderó de los líderes de la CGT cuando la Corte les informó que debería tomar lo que dice al pie de la letra. Según personajes como el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y sus compañeros, permitir la libertad sindical abriría las puertas a la anarquía. Desde el punto de vista de los comprometidos con el modelo hasta ahora vigente que, como es notorio, se inspiró en la “Carta di Lavoro” del dictador fascista italiano Benito Mussolini, el fallo de la Corte Suprema fue “una provocación”, cuando no “un disparate con intencionalidad política que tiende a fragmentar al movimiento sindical”, para citar al judicial Julio Plumazo, pero desde aquél de quienes no comparten ni sus intereses personales ni su admiración por el corporativismo autoritario, podría servir para que, por fin, la Argentina tenga un esquema sindical que sea más moderno y más representativo que el actual.

Tanto Mussolini como su alumno más inteligente, Juan Domingo Perón, entendieron muy bien la importancia de atar el sindicalismo a su propio movimiento político. En el caso del italiano, sus esfuerzos en tal sentido resultaron vanos porque la Segunda Guerra Mundial frustró sus ambiciones, pero en el de Perón los beneficios fueron enormes.

De no haber sido por la militancia peronista implacable de la CGT a través de los años, lo más probable es que el movimiento fundado por el general hubiera dejado de existir hace varias décadas, ahorrando así al país el enfrentamiento largo y ruinoso entre peronistas y antiperonistas que tanto contribuyó a postergarlo. Puede que los jueces de la Corte Suprema no se hayan propuesto privar al PJ de su “columna vertebral”, pero si como consecuencia de su fallo consigan más poder agrupaciones sindicales independientes, el peronismo perdería buena parte de su atractivo. Después de todo, el motivo principal por el que el PJ es considerado el único partido capaz de garantizar “la gobernabilidad” consiste en su relación estrecha con un poder fáctico habituado a actuar como si se creyera por encima de la ley y por lo tanto facultado para asestar golpes demoledores a aquellos gobiernos que no cuentan con su plena aprobación. Aunque es de prever que la CGT procure minimizar las repercusiones del fallo de la Corte Suprema presionando al gobierno para que encuentre una “solución política” para lo que para Moyano y compañía es un problema mayúsculo, pero que para los demás es una oportunidad inesperada para romper con un régimen retardatario que durante décadas ha frenado la evolución tanto económica como política del país, parecería que el gobierno no está dispuesto a complacerla. Puede que por ahora Moyano sea un aliado clave de los Kirchner, pero ellos saben muy bien que, como todos los jefes cegetistas, su “lealtad” se ve condicionada por sus propios intereses, razón por la que en cuanto tenga motivos para creer que le convendría alejarse de un gobierno de futuro incierto, no vacilará en hacerlo.

La hegemonía consentida de la CGT que fue posibilitada por legislación destinada a dificultar la formación de sindicatos no peronistas al negarles personería ha sido muy buena para la oligarquía dirigente vitalicia, pero para la clase trabajadora en su conjunto ha sido desastrosa. Cuando el primer gobierno peronista engendró el monopolio sindical, los obreros argentinos estaban entre los mejor remunerados del mundo. Sesenta años más tarde, están entre quienes menos ganan, en buena medida porque los sindicatos que integran a la CGT siempre han apoyado las políticas económicas más populistas disponibles, además de oponerse a reformas equiparables con las realizadas en todos los países desarrollados por suponer que reducirían el poder de los dirigentes.


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