Un mundo de conspiradores

Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus simpatizantes incondicionales crean que buena parte del resto del mundo está confabulando en su contra no es ningún secreto. En su universo particular todo está interconectado, de suerte que siempre hay que mantenerse en alerta para desbaratar los esquemas malignos de sus muchos enemigos, en especial de aquellos que tienen su cuartel general en Estados Unidos. Así y todo, motivó extrañeza la reacción oficial, previsiblemente infructuosa, frente a la audiencia pública que a fines de la semana pasada celebraba en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien debería haberles sido evidente que sería nula la incidencia en las elecciones del domingo de lo dicho en la capital norteamericana, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia, Julio Alak, decidieron protestar con virulencia inusitada contra lo que según ellos fue una maniobra conspirativa orquestada “por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín” con el propósito de perjudicar al candidato oficialista Daniel Scioli. Llegaron a tal conclusión porque entre quienes habían impulsado la audiencia están Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles y personas vinculadas con Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa; en otros países democráticos, la presencia de presuntos opositores en actos de entidades como la CIDH no ocasionaría sospechas de parcialidad, pero en este ámbito como en tantos otros, en la Argentina actual se politiza virtualmente todo. Como pudo preverse, fracasó el intento de impedir que los asistentes hablaran acerca de la relación del gobierno kirchnerista con el poder judicial porque, en opinión de los ministros, tratar el tema significaría “violar la veda electoral”, lo que no hubiera sido el caso aun cuando millones de votantes argentinos prestaran la debida atención a los argumentos desplegados por juristas latinoamericanos. Lo único que lograron Timerman y Alak fue dejar estupefactos a los representantes de los países no bolivarianos de la OEA a los que no se les había ocurrido participar en nuestra campaña electoral. Fronteras afuera, la agresiva retórica favorecida por la presidenta y otros voceros oficiales que parecen convencidos de que nuestro gobierno está librando una gran guerra ideológica contra las fuerzas del mal suele ser contraproducente. En Washington y las principales metrópolis europeas, son cada vez menos los dispuestos a tomar en serio planteos que, a pesar de todo lo sucedido en los años últimos, aún tienen adherentes en Buenos Aires y Caracas. No sólo en nuestro país sino también en el exterior, la mayoría propende a juzgar el desempeño de los diversos movimientos políticos de acuerdo con los resultados concretos de lo que hacen en el poder, los que, en la Argentina y Venezuela, han sido llamativamente malos. Aunque nuestra situación dista de ser tan grave como la venezolana, nadie ignora que el próximo gobierno heredará una economía vaciada y que, pase lo que pasare, los años venideros serán muy pero muy difíciles. Los temas que se discutían en el foro de la CIDH en vísperas de las elecciones no podrían considerarse ajenos al futuro socioeconómico del país. Por perverso que les parezca a miembros del gobierno kirchnerista, la debacle que se las han arreglado para provocar se debe a su propio desprecio por la seguridad jurídica. Al tratar de incorporar a su propio “proyecto” el Poder Judicial bajo el pretexto de “democratizarlo”, el oficialismo asestó un golpe muy fuerte a la economía puesto que informaba así a todos los inversores en potencia, incluyendo a los empresarios locales, de que en la Argentina sus perspectivas dependerían casi por completo de su relación con un gobierno notoriamente corrupto. Huelga decir que la negativa del gobierno a enviar un representante a la sesión de la CIDH para que defendiera su postura no ayudó en absoluto a los que están tratando de persuadir a los líderes de la comunidad internacional de que en adelante quienes se arriesguen invirtiendo en el país podrán confiar en la Justicia. Por el contrario, les recordó que un sector aún importante de la clase política nacional está resuelto a mantener las cosas tal y como están.