Un obispo que está sobrando

Así como en Neuquén, de tanto en tanto, los expertos en la búsqueda de especies animales extinguidas desentierran un dinosaurio, en la Iglesia Católica siempre tienen alguno para exhibir. La diferencia está en que el dinosaurio eclesial sobrevive y, por lo general, habita, si no en el arzobispado platense, en la ex vicaría general de las Fuerzas Armadas, hoy y desde 1992, obispado castrense. Antonio Baseotto, a cargo de la repartición desde fines del 2002 con un envidiable sueldo de 5.000 pesos mensuales, no pudo ganar la primera plana de los diarios -ocupada por el caso de las valijas voladoras- pero hizo lo suficiente como para tener un espacio importante, desde que, refiriéndose al ministro de Salud, Ginés González García, propuso «que le cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar». El ministro quedó en pecado mortal cuando opinó en favor de la despenalización del aborto y, lo que no es menos grave, sin dejar de distribuir preservativos, ese sacrílego adminículo que impide el dichoso encuentro de óvulo y espermatozoide.

Para los conocedores de los puntos que calzan los clérigos castrenses, el exabrupto de Baseotto no fue motivo de sorpresa. No pudo serlo, después de que el vicario entre 1975 y 1982, Adolfo Tortolo, bendijo la matanza de esos años. Pero sí lo fue para el gran público porque en esa semana el Papa, en una «carta apostólica» dedicada a las comunicaciones sociales, pidió prudencia a los medios y dijo de la tevé que muchas veces «es un potente instrumento de agresiones personales, ocasión para denigrar y foro de batallas vulgares y de mal gusto». Razón no le falta, pero he aquí que después de ese llamado a la prudencia una eminencia vaticana respaldó a Baseotto. El cardenal Renato Martino, titular de la pastoral social con oficina en San Pedro, dijo en una carta al castrense que sus palabras eran «una verdadera defensa de la persona humana y sus derechos», y que la distribución del preservativo se hace «más por amor al dinero que al hombre». Sabias palabras.

Nuestras Fuerzas Armadas pudieron llegar hasta el año 1957 sin que el Estado les proveyera servicios religiosos en exclusividad. Ese año, puede que por la acumulación de pecados, los militares que habían derrocado a Perón alentados por la consigna «Cristo vence», firmaron, en junio, un acuerdo con la Santa Sede, a cargo entonces de Pío XII, que creaba el Vicariato Castrense, destinado al «cuidado espiritual de los militares de tierra, mar y aire». En 1992 otro acuerdo convirtió el vicariato en obispado, pero siempre con la misión de dar asistencia religiosa -católica, naturalmente- a los militares.

Es evidente para cualquiera que Baseotto ha excedido los límites de sus funciones, porque no se ve como conciliar el cuidado del alma militar con el reclamo de tirar un ministro al mar. También debería ser evidente que es discriminatorio, de un lado, dar a los militares una asistencia religiosa exclusiva, que el ciudadano común no tiene. Los cegetistas por ejemplo, expertos en acumular beneficios corporativos y pecadores consuetudinarios, la recibirían con gusto. De otro lado, es igualmente discriminatorio que los militares no católicos (algunos habrá) sean privados de esa asistencia.

Después de que Baseotto, el jueves de la semana pasada, hiciera tan refinado aporte al debate de los asuntos que preocupan a la Iglesia, el prudente ministro de Defensa, José Pampuro, sintió que algo debía hacer. Lo que hizo fue citarlo para el martes pasado a fin de que diera explicaciones. Baseotto, firme en sus convicciones, ratificó lo que había dicho y añadió que el Vaticano lo respaldaba. El ministro, luego de la reunión, dijo que «la alegoría» usada por el clérigo había sido «poco feliz».

El presidente Kirchner, quien quiere a Pampuro pero carece de su espíritu conciliatorio, decidió dirigirse al Papa para pedirle que remueva a Baseotto y designe en su lugar a un obispo «distinto». Querrá decir, tal vez, que no sea un energúmeno.

No se atrevió siquiera a considerar la posibilidad de gestionar la eliminación del obispado castrense -no, entiéndase bien, de tirar al mar a Baseotto- con lo cual el estado de las cosas quedaría como antes de 1957. Sería, en cierto modo, una forma de democratizar -y, en alguna medida, «privatizar»- la relación entre el Estado y las instituciones religiosas.

El acuerdo hoy vigente, celebrado entre la Santa Sede y otra dictadura, la de Juan Carlos Onganía, en noviembre de 1966, establece que «el nombramiento de los obispos y arzobispos es de competencia de la Santa Sede» y sólo deja al Estado un plazo de 30 días para objetar el nombramiento. El obispo castrense, en cambio, debe ser designado «previo acuerdo» con el presidente de la República, lo cual implica reconocer al catolicismo el carácter de religión de Estado y a las Fuerzas armadas el de un organismo investido de una entidad superior dentro de la administración pública. Y es ese sentimiento de «superioridad» el que, sostenido por el clero, ha llevado a los militares a poner sus botas sobre la Constitución y la República «para salvar a la Patria».