Un orden archiconservador

Por James Neilson



Por James Neilson

Hace apenas un año, muchos creían saber la causa del malestar nacional. Se llamaba Carlos Menem. Por lo tanto, el triunfo electoral de Fernando de la Rúa sería suficiente como para restaurar la fe de los argentinos en su propio país: no bien se difundieron los resultados, el ex presidente Raúl Alfonsín nos informó que el “cambio” ya se había producido, que por fin todo comenzaría a mejorar. Se equivocaba, claro está. El fastidio ocasionado por la presencia prolongada de Menem y su troupe era síntoma de una enfermedad más profunda, razón por la cual la ilusión delarruista duró poco: a juzgar por las encuestas, la mayoría ha llegado a la conclusión de que haberlo elegido fue un error garrafal. Así, pues ¿la causa del malestar se llama De la Rúa? ¿Por alejarse de la Escila de la corrupción festiva el país ha caído en los remolinos de la Caribdis de la debilidad sistemática? Si bien dicha teoría ha comenzado a propagarse, pocos pueden tomarlo en serio. A esta altura, es evidente que es cuestión de algo más que una racha de mala suerte que nos ha deparado la lotería presidencial.

Lo que sí no admite dudas es que para la Argentina el nuevo milenio se ha iniciado de forma lúgubre. El año 2000 ha resultado ser más frustrante que 1999 porque ya nadie cree que esté por verificarse el “cambio” después del cual todo iría viento en popa. Por el contrario, cuando piensa en el futuro, lo que la mayoría ve es más decadencia, más inseguridad, más miseria. Se siente atrapada. Los que pueden, pesan las ventajas de irse a otra parte; los demás se sienten tan confundidos por lo que está sucediendo que sólo mastican su bronca.

¿A qué se debe la ola de pesimismo que cubre el país? A juicio de muchos, es una consecuencia lógica de la desocupación masiva y del estancamiento. Tiene causas concretas. Pero en otras latitudes el desempleo “estructural”, el crecimiento lento y la existencia de grandes bolsones de miseria no han incidido tanto en el estado de ánimo de “la gente”. Aunque muchos lamentan las penurias de sus compatriotas, los más dan por descontado que andando el tiempo se reducirán: tanto oficialistas como opositores confían en la capacidad colectiva de su propia sociedad para superar los problemas más apremiantes. De una manera u otra, todos colaboran: hasta las fantasías revolucionarias de los radicalmente contrarios al orden vigente contribuyen a fortalecerlo al alimentar las esperanzas de los perdedores.

Pero la Argentina actual es diferente. Si bien Domingo Cavallo afirma que sería perfectamente posible ingeniárselas para que la economía creciera a un ritmo del diez por ciento anual, lo cual simplificaría muchas cosas, los demás se niegan a entregarse al optimismo. Que les parezca delirante esperar tanto es comprensible: para que la Argentina se convirtiera en un país dinámico, plenamente dispuesto a hacer frente a todos los retos que surgieran en su camino, sería necesario que quienes la dominan se convencieran de que valdría la pena poner en marcha ciertas transformaciones que les provocarían muchos inconvenientes personales.

He aquí la clave del malestar argentino, enfermedad crónica que en los meses últimos se ha agravado muchísimo. No es tanto un fenómeno popular cuanto algo que afecta a la elite, la cual ya no puede vislumbrar una “salida” para el conjunto que le permitiría continuar disfrutando de sus propios privilegios. Por ser la Argentina un país sumamente inequitativo regenteado por personas que quisieran creerse dechados de solidaridad, su clase dirigente es reacia a asumir la plena responsabilidad por lo que es, al fin y al cabo, su propia obra. Es por eso que casi todas las explicaciones del desbarajuste que se formulan en público sirven más que nada para atribuir el estado deficiente del país a la perversidad del resto del mundo. Irónicamente, los más elocuentes en este sentido suelen ser los obispos y los políticos progresistas, o sea, los que a primera vista están más resueltos a impulsar cambios fundamentales en beneficio de los más pobres.

Es la “globalización” insisten, o el “neoliberalismo”, o el “pensamiento único”, o la prepotencia del Fondo Monetario Internacional, o la deuda externa. Es decir, somos víctimas inocentes de la maldad ajena. Para colmo, los culpables con los cuales se ensañan con tanto furor estos bien pensantes son poderosísimos. ¿Qué puede hacer la Argentina para obligar al Primer Mundo a remplazar sus siniestras costumbres económicas por otras mejores propuestas por su santidad el Papa o por los peronistas y radicales locales? Nada, ergo no hay “solución” posible. Dicho de otro modo, quienes se ha adjudicado el papel de enemigos a muerte de un orden espectacularmente injusto, además de muy ineficiente, son en verdad sus defensores más contundentes porque según ellos cualquier reforma destinada a hacer de la Argentina un país más equitativo dependería de una convulsión filosófica planetaria harto improbable. Sería difícil concebir de un discurso más conservador. Igualmente inútil es la tesis confeccionada por Eduardo Duhalde conforme a la cual el triste estado del país es producto de la “mediocridad” de sus dirigentes: ser mediocre no es un crimen, es a lo sumo una desgracia.

Por fortuna, se dan otros enfoques. Si reconocemos que la crisis no es meramente “política” sino también el fruto previsible de lo que han hecho políticos de carne y hueso, pensar en “soluciones” ya no será tan difícil. Para empezar, podríamos ponernos a aprender de la experiencia de países considerados modélicos, es decir, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, los Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea. Aunque todos los gobiernos de los años últimos han estado más que dispuestos a importar algunas novedades económicas procedentes del mundo desarrollado, no han manifestado mucho interés por considerar los méritos de su forma de financiar “la política”. Sin embargo, últimamente se han difundido cifras comparativas relacionadas con los gastos de esta actividad esencial. Son asombrosas: según informó el matutino porteño La Nación, el presupuesto de la Legislatura de la provincia de Formosa, una jurisdicción de pobreza africana, es superior a aquel de Baviera, región alemana riquísima cuyo número de habitantes es más de veinte veces mayor y su producto bruto similar al argentino.

Pero no sólo se trata del despilfarro realmente monstruoso que provoca la rapacidad sin límites de los políticos profesionales en todo el país. También es necesario agregar a las sumas colosales así apropiadas los costos indirectos de los frondosos aparatos clientelares, el nepotismo y amiguismo rutinarios, la corrupción, la ineficiencia burocrática y el sometimiento de la Justicia a los diseños de sus amos políticos. Los montos perdidos a causa de las distorsiones consentidas así supuestas son incalculables, pero a la larga serán inferiores a los provocados por la voluntad tenaz de la “clase política” de conservar sus muchas conquistas, empresa que la obliga a actuar como una gran barrera contra el cambio porque cualquier reforma podría perjudicarla.

Puesto que está de moda convocar a consultoras extranjeras para que analicen desde una perspectiva no comprometida el funcionamiento de diversas organizaciones argentinas, convendría invitar a especialistas alemanes, escandinavos o australianos - personas que por preferencia no saben nada de la cultura sociopolítica local -, a fin de preguntarles qué harían para que las instituciones gubernamentales, entre ellas las legislaturas, la administración pública, las muchas entidades que es teoría manejan el bienestar social, y así por el estilo, se aproximaran a sus equivalentes de sus propios países, pidiéndoles no tomar en cuenta los intereses creados involucrados. En base a sus diagnósticos, un gobierno sinceramente modernizador podría emprender la magna tarea de racionalizar en serio el sector más importante de todos, el conformado por los políticos, con el propósito de que en adelante el país se las arregle con un sistema de gobierno auténticamente primermundista que se preocupe más por el destino de los gobernados que por la defensa sin cuartel de sus propios intereses corporativos.


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