Un poco de luz en una zona oscura

Duele pensarse que los bueyes no se propinan cornadas. Entre esos cuadrúpedos, metafóricamente hablando, la ciudadanía incluye en general a cualquier funcionario, sin distinguir entre los ejecutivos, los legislativos y los judiciales. De hecho, cuando se desató la crisis terminal a fines del 2001, el grito «que se vayan todos», se extendió por la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos y el Palacio de Tribunales, en el convencimiento de que los miembros de los tres poderes se habían confabulado -ora por negligencia, ora por impericia o estupidez, ora por el afán de enriquecerse desde la función pública -, para atentar contra los intereses del conjunto.

Como otros estamentos -periodistas, religiosos, empresarios, sindicalistas, militares, policías-, el trípode institucional se caracteriza por reaccionar en forma corporativa y con oscuros nexos comunicantes para resguardar a los impresentables, que abundan y dañan.

En medio de la polémica desatada por la reforma parcial al Código Penal que acotó los plazos de prescripción de las causas -lo que enfrentó a diputados y senadores, apoyados por el presidente de la Nación, con algunos jueces-, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra apuntó que cualquier iniciativa, por buena que sea, debe sortear el lógico examen de una sociedad incrédula que, ante la lluvia de denuncias por publicitados hechos maliciosos de la década del 90, comprueba que sólo fue encarcelada la ex secretaria de Medio Ambiente y ex privatizadora de Entel, María Julia Alsogaray.

Fue «La Nación», el domingo pasado, el diario que reveló que la reforma a la ley 25.590, había sido votada sin objeciones y promulgada automáticamente por el PEN en enero y que en la práctica provocará el archivo de importantes casos de corrupción. Entre otros, mencionó el ocultamiento de las cuentas del ex presidente Carlos Menem, en Suiza; posibles irregularidades en el manejo e la regalías petroleras de Santa Cruz: el presunto pago de sobornos en los contratos de IBM-Banco Nación y créditos millonarios al grupo Yoma.

«Es mentira que la ley haya sido tratada sobre tablas, entre gallos y medianoche. Fue en público, en las comisiones. Hubo dictámenes y se incluyó en las órdenes del día. El tema estaba habilitado y recibió un trato normal en ambas Cámaras. Es decir, fue un procedimiento legítimo y no a escondidas. Algunos periodistas agravian al Congreso, al presentar a la ley como tramposa y favoreciendo a la impunidad». Así se expresó, sin ambages, el titular del bloque de senadores del Justicialismo, Miguel Pichetto, enojado también con algunos magistrados federales porteños que «justifican lo injustificable». Consultado por este diario, fue enfático al asegurar que Menem -quien acaba de anunciar que se postulará como senador por La Rioja-, seguirá siendo investigado, y que «no hay ningún esquema de prescripción» para determinar el destino de los millones de dólares que Santa Cruz tiene en el exterior, que involucra directamente al presidente Néstor Kirchner.

Un miembro de la Corte Suprema deslizó otra infidencia: el tribunal dio una acogida favorable a la reforma -aunque ya el ministro, Horacio Rosatti, admitiendo falencias anticipó que deberá mejorarse-, pero decidió antes de pronunciarse escuchar la palabra de los penalistas del cuerpo, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.

Hay un dicho leguleyo para descalificar al antiguo sistema: «Esto está más negro que secuela de juicio», la figura que le permitía a los jueces mantener indeterminadamente en la picota a personas sospechadas de haber cometido un delito. Con la nueva ley, que enumera las causas de prescripción (la rebeldía y la extradición serían contempladas en el futuro), se pone un poco más de claridad.

No hay ingenuos en la movida. En el gobierno se machaca con que la iniciativa contó con el visto bueno del ARI y el socialismo y que hubo consultas entre juristas y legisladores. Antes de ser llamado al orden y recapacitar, el ministro León Arslanian, en un principio resaltó la falta del sentido de la oportunidad del Congreso en un país flagelado por la zozobra cotidiana: muchos delincuentes procesados con prisión preventiva quedarán en libertad, alertó.

Kirchner tomó nota de la polvareda y ni bien Juan Carlos Blumberg, el padre del asesinado joven Axel, insinuó que podría convocar una nueva marcha de protesta, lo citó a la Rosada para aventar sus temores. «Le tienen demasiado miedo», reconoció disgustado un dirigente duhaldista que milita en el kirchnerismo.

Las limitaciones a los jueces, dentro de un basamento garantista, choca con la violencia diaria, plagada de secuestros y salpicada con motines sangrientos. Además, tropieza con su enfoque parcial: ¿por qué la reforma no tiene un carácter integral, dejando sin efecto por caso la feria judicial del mes de enero?

Un jurista que pasó por el parlamento expuso: «Es inadmisible que se haya reformado el Código Penal más de 800 veces (sic). Ni siquiera los penalistas más reconocidos -evaluó-, lo han pasado en limpio. Todo se debe a las urgencias argentinas para solucionar los problemas de inseguridad».

Otro diputado peronista, no enrolado en las filas del oficialismo, explicó que la ley en su Cámara no se aprobó como si fuera de especial interés en la Rosada. «Pero -acotó con risa pícara- tampoco ninguna ley se vota sin el visto bueno de K». Admitió que muchos legisladores no sabían lo que estaban alumbrando y que por eso se escaparon algunas cositas y no se estableció como actuar en caso de rebeldía».

No faltan las versiones conspirativas, que se lanzan en estricto off. La más difundida señala al ministro el Interior, Aníbal Fernández, el mejor amigo que tiene el menemista Alberto Kohan en la pingüinera, como el operador secreto de la ley, que tuvo en el ex juez cordobés Guillermo Johnson su ariete principal. Este justicialista kirchnerista, le manifestó a este diario que no se trata de una autoamnistía para el presidente y que la reforma desnudó que muchos jueces (concentrados en la capital federal) tenían causas importantes en las que habían extendido de forma exagerada e «interesada» los plazos procesales.

Kirchner, quien se irrita cuando se lo asocia negociando con la denostada «guardia» política y judicial, ha dado instrucciones para que la oficina anticorrupción no deje caer las causas más resonantes. Un fiscal que responde a las órdenes de Esteban Righi, tratará de llevar a juicio político al juez Claudio Bonadío, por haber «cajoneado» el expediente por la causa AMIA. Ello impidió la citación del ex ministro Carlos Corach y del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorregui.

Otro magistrado, Norberto Oyarbide, se aprestaría a volver a citar a Menem para indagarlo por las cuentas en Ginebra.

En el lobby judicial contra la reforma que restringe por el paso del tiempo el poder punitivo del Estado, se ubica en el oficialismo a Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral, a los que se instará a proceder de acuerdo con criterios objetivos o determinados. ¿Conflicto a la vista?

Llamativamente, una de las fiscales más lúcidas, «Lilita» Carrió, guardó silencio en este debate sobre una norma técnicamente correcta, pero con efectos turbios. Un historiador del peronismo, profetizó que la democracia se renovará con fuerza si es capaz de garantizar la transparencia, la competencia sana entre los partidos y la rendición de cuentas de los funcionarios. Todo está por verse en un país que se esfuerza por salir del default -con una quita descomunal de su deuda- y con una puja distributiva que se avizora a la vuelta de la esquina, como quedó demostrado con la parálisis subterránea que vivió la ciudad de Buenos Aires y que afecto a más de 700.000 personas que se desplazan todos los días por ese medio de transporte.

Arnaldo Paganetti

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