Un presupuesto con más ficción

Como lo establece la Constitución, el ministro de Economía acaba de cumplir el 15 de septiembre con la formalidad de enviar al Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2016. Y, como lo marca la tradición kirchnerista, se trata de otro cálculo de recursos y gastos basado en proyecciones más relacionadas con la ficción oficial que con la realidad económica. Sin embargo, este proyecto no es uno más. Si como todo hace suponer, es convertido en ley antes del 10 de diciembre por la mayoría oficialista en el Congreso, condicionará la política fiscal del próximo gobierno, aunque todavía no se sepa quién será elegido Presidente ni qué programa económico habrá de aplicar. No hubo consultas con los candidatos presidenciales ni con sus equipos técnicos, a diferencia de lo que había ocurrido, por ejemplo, en la campaña electoral de 1999, cuando la ley fue promulgada por el entonces flamante presidente Fernando de la Rúa. Por otro lado, su articulado no incluye dos aspectos clave: qué ocurrirá con las leyes del impuesto al cheque y con la de Emergencia Económica (LEE). Ambas vencen el 31 de diciembre próximo, después de más de doce años de vigencia. Para la gestión kirchnerista, la LEE junto con los “superpoderes” fueron una suerte de cheque en blanco que, a través de los años, le permitió ampliar el gasto público a través de decretos de necesidad y urgencia y distribuirlo discrecionalmente. En un principio, la fórmula aplicada era muy sencilla: subestimar en cada Presupuesto los ingresos impositivos; y, como éstos crecían con la recuperación de la economía y la inflación en ascenso, el excedente se repartía sin pasar por el Congreso. De esta manera comenzó a dañarse el federalismo fiscal. Para muchos gobernadores e intendentes, era más sencillo congraciarse con la Casa Rosada y recibir fondos para obras públicas o empleos estatales, que impulsar la reforma del régimen de coparticipación de impuestos establecida en la Constitución de 1994, pendiente desde hace 21 años. En los últimos años, en cambio, se optó por subestimar el crecimiento del gasto y luego ampliarlo por decreto. Y como la recaudación tributaria récord ya no alcanzaba, el déficit pasó a ser cubierto con emisión de pesos del Banco Central y, últimamente, también con endeudamiento. Por otra parte, la LEE facilitó el prolongado congelamiento de tarifas de energía y transporte en el área metropolitana de Buenos Aires (y su contrapartida de subsidios estatales hoy insostenibles), al autorizar al Poder Ejecutivo a renegociar contratos de concesión y revisar el esquema tarifario, que en estos sectores nunca se concretó, más allá de algunos ajustes parciales. Algunas versiones, no desmentidas, atribuyen al ministro Axel Kicillof haber afirmado que la prórroga de la LEE se decidirá cuando se conozca el resultado electoral. En otras palabras, será el kirchnerismo quien decida si se mantendrán o no la LEE y los “superpoderes”, según el próximo presidente sea oficialista u opositor. Aún así, esta perspectiva no es tranquilizante para Daniel Scioli. Si en los comicios del 25 de octubre se repite un resultado similar al de las PASO, el kirchnerismo tendrá mayoría propia en el Senado, que pasará a ser presidido por Carlos Zannini, y la primera minoría en Diputados, al frente del cual Cristina Kirchner prevé ubicar a Eduardo “Wado” de Pedro (primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires). A su vez, Kicillof presidiría la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras Scioli sólo podrá contar con un diputado propio entre los ocho primeros de cada lista del FpV. Con un Congreso manejado por el kirchnerismo más fundamentalista, todo será objeto de dura negociación. Desde cambios al presupuesto 2016 hasta la reforma de la ley de Pago Soberano, que impide negociar una salida al conflicto con los holdouts. Ni hablar si gana Mauricio Macri o Sergio Massa. En todos los casos será clave la postura que adopten los gobernadores y legisladores nacionales de las provincias. Mientras tanto, el proyecto de Presupuesto repite los dibujos fantasiosos que fueron una constante en la era K. Si hubiera que atenerse a las proyecciones macroeconómicas elaboradas por Kicillof, al cabo de 2016 el PBI tendrá un crecimiento del 3%; la inflación bajará a 10,4% anual con respecto a diciembre de este año; el dólar oficial se ubicará en 11,20 pesos (con una suba de 16% promedio anual); las exportaciones repuntarán 6% y habrá un superávit comercial de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, aunque el ministro de Economía suele castigar a las consultoras privadas enrostrándoles estrepitosos fracasos en sus pronósticos, tampoco hace su propia autocrítica. Si se comparan los supuestos que incluyó en el presupuesto 2015 con los resultados económicos de este año, su situación sería similar. Por caso, previó un crecimiento del PBI del 2,8%, que alcanzaría a la mitad según la mayoría de las estimaciones privadas; una inflación del 15,6% anual (que se ubicaría en 25/27%); mientras se acercó más al dólar promedio de 9,45 pesos (que este año ronda en 9,10 pesos), debido a la deliberada política de ajustar el tipo de cambio por debajo de la inflación verdadera. En cambio, estimó un superávit comercial de 9.000 millones de dólares que ahora rebajó a 2.300 millones en el mismo proyecto, aunque cálculos privados lo reducen a 1.000/1.500 millones y la consultora Ecolatina transforma en un déficit de 1.200 millones. Y según los propios datos oficiales, el superávit primario previsto en 50.500 millones de pesos se convirtió en un déficit de 40.000 millones. Aunque estos dudosos supuestos para 2016 ocuparon en estos días los titulares de los medios, la parte sorprendente está en los números fiscales del presupuesto. Precisamente, la consultora Ecolatina pone en duda que el gasto primario vaya a subir sólo 17% (por debajo del 21,4% de los recursos), cuando este año los gastos crecen a mayor ritmo (40%) que los ingresos (30%) y profundizan el déficit fiscal. A simple vista, podría pensarse en un fuerte ajuste. No obstante, el cálculo no contempla incrementos en salarios y asignaciones familiares; algo difícil de creer para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. Por su parte, el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) hace notar que “si las futuras autoridades se atienen al libreto reseñado en el presupuesto 2016, será un año con fuerte ajuste del gasto; o bien deberá volver a primar la discrecionalidad en la asignación de mayores recursos si se impone la realidad fiscal de la última década”. A juzgar por las pocas precisiones que vienen aportando los asesores económicos de los presidenciables, habría que descartar la primera hipótesis, salvo en lo que se refiere a los subsidios estatales a la energía en el AMBA (donde, en todo caso, el ajuste recaerá sobre los usuarios con consumos medios y altos). En cambio, la segunda opción aparece mucho más difusa: ninguno de los candidatos habla de la cantidad del gasto (que el presupuesto prevé en un total de 1,7 billones de pesos, aún con una suba porcentual inferior a la mitad de este año), ni mucho menos de la calidad de las reglas para distribuir ingresos por un monto similar, aunque el propio proyecto ya prevé de antemano un déficit de casi 95.000 millones. Todo un desafío para las promesas electorales de bajar impuestos y retenciones, al igual que la inflación, y mejorar el tipo de cambio real.

Néstor O. Scibona

LA SEMANA Económica