Un récord que atenta contra la billetera del consumidor

Tal como se ha mencionado en ediciones anteriores, la presión tributaria efectiva se encuentra en valores máximos históricos. Según estimaciones de distintas instituciones y consultoras del país, este año la presión impositiva terminaría en torno al 38% del producto bruto interno (PBI). Y, si se incorpora en el análisis el efecto del impuesto inflacionario –disminuye el poder adquisitivo por efecto de la emisión monetaria–, entonces esta medida que relaciona la recaudación fiscal con el PBI resulta aún mayor. El alto porcentaje que las personas deben aportar al Estado en concepto de impuestos disminuye el ingreso disponible de cada uno que se podría destinar al consumo de bienes y servicios. Esta situación se vería atenuada si esta masa de recursos que los hogares resignan se tradujera en servicios públicos de calidad que el Estado está obligado a prestar. Lamentablemente esto no es así, por lo cual muchas familias deben recurrir a proveedores del sector privado. Valen como ejemplos la seguridad, la salud pública y la educación. Y todo esto en un contexto de crisis económica en el que los que más sufren son aquellos que cuentan con menor cantidad de instrumentos para defenderse de la inflación y el trabajo informal, es decir, los sectores de ingresos más bajos. Las perspectivas para el 2013 son que el gobierno seguirá incrementando el gasto público, por lo que necesitará aumentar la recaudación y seguir recurriendo a fuentes de financiamiento alternativas como el Banco Central y la Anses. Difícilmente este gobierno u otro avancen en la eliminación de impuestos distorsivos o que fueron diseñados como temporales ante una situación de emergencia económica (por ejemplo, el llamado impuesto al cheque). Ni hablar del IVA, la estrella de la recaudación nacional, que grava bienes y servicios básicos (alimentos, luz, gas, agua, transporte) a los cuales los hogares de menores recursos destinan un porcentaje importante de sus ingresos. Pero, como se mencionó en la nota central, es más sencillo controlar y direccionar el gasto público que diseñar un sistema tributario más equitativo y menos regresivo.