Un resultado con pocas sorpresas

javier lojo jlojo@rionegro.com.ar

ANáLISIS

Tal lo anticipado por “Río Negro”, la UTE liderada por dos empresas K tomará bajo su órbita la construcción de la presa Chihuido I. Con un costo mayor, en torno a los 1.000 millones de pesos en relación a la segunda preclasificada (Grupo Roggio), pero con una financiación más amplia, la UTE conformada por las empresas Electroingeniería (EISA), OAS, Comercial del Plata Construcciones (CPC), Hidrocuyo y Robella Carranza termina quedándose con una de las obras más importantes para Neuquén. EISA tiene entre sus socios fundadores a Osvaldo Acosta, ejecutivo vinculado con Carlos Zannini, actual secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación y mano derecha del matrimonio Kirchner. CPC es otra de las empresas insignia de la UTE, que estuvo inactiva varios años pero que cuenta con amplia trayectoria en el mercado de la construcción y habría sido adquirida a principios del 2009 por el empresario ligado al kirchnerismo Cristóbal López, hombre de negocios ya conocido en la región por contar entre sus activos con: la firma de transportes Indalo, la empresa de recreación Casino Magic, Oil M&S –ligada al petróleo– y, en la parte de producción, la rionegrina Alpat. La preadjudicación de Chihuido I estuvo signada de cuestionamientos por parte del resto de las empresas que participaron en la compulsa. Puntualmente el Grupo Roggio, que integra un consorcio con Corsan-Corvian, Supercemento y Esuco, solicitó que se reiterara el análisis de propuesta, tras señalar errores técnicos en la misma. Impsa también cuestionó la elección de la preadjudicación al señalar que el mecanismo de selección de proveedores no estaba especificado en el pliego de condiciones de la licitación. Pero nada de esto fue tenido en cuenta por la autoridad correspondiente. La presencia de las firmas EISA y CPC, ligadas al matrimonio Kirchner y fuertemente cuestionadas ante la Justicia por sobrecostos multimillonarios en obra pública digitada desde la administración central, abona la teoría sobre las presuntas presiones ejercidas en esta preadjudicación para realizar la obra. Más aún si se tiene en cuenta que el país ingresa, en poco tiempo más, en una puja electoral en la que el matrimonio K necesitará reafirmar lealtades con algunos gobernadores.